Aumenta la presión sobre la Xunta de Galicia para que extienda desde ya la protección oficial del Pazo de Meirás a los bienes muebles con los que la familia de Francisco Franco se hizo durante la dictadura y se conservan aún allí dentro. Pero el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se resiste. Y se refugia en supuestos riesgos jurídicos para demorar una resolución que “tardaría media hora en redactar si hubiese realmente voluntad política” de proteger esos bienes que los herederos del dictador están ansiosos por llevarse, sostiene Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña. El trámite es “sencillo y rápido”, asegura: bastaría con que la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta abra un expediente para modificar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) que protege el pazo desde diciembre de 2008 y ampliarla con el inventario de los 700 tesoros realizado por orden judicial en diciembre de 2020, unos días antes de que los Franco entregasen las llaves de la propiedad al Estado.
Sin embargo, el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, lleva semanas dando largas y este martes volvió a rechazar dar luz verde a ese trámite. Como excusa, el Gobierno de Feijóo reclama ahora que la administración central firme un convenio que “habilite Galicia para desarrollar la ampliación del BIC con total garantía”.
Desde que la Audiencia provincial de A Coruña dio, hace un mes, la razón a los nietos del caudillo y revocó la decisión judicial de nombrar a la Administración central depositaria de los bienes que atesora Meirás, el Ejecutivo gallego echó el freno y desapareció la contundencia en sus declaraciones sobre su intención de impedir que salgan de Galicia los tesoros que alberga Meirás. Los Franco tienen prisa por vaciar la propiedad que ocuparon 82 años, aunque tuvieron que aplazar la contratación de la mudanza hasta que la Justicia resuelva los recursos y determine cómo y qué podrán llevarse del interior del pazo. Reivindican como suyo todo lo que allí se atesora. Y también quieren llevarse de Meirás los bienes protegidos con sus respectivas declaraciones BIC, como son las estatuas medievales de Abraham e Isaac, procedentes de una antigua puerta de la Catedral de Santiago de Compostela, y parte de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, unos 3.000 libros, algunos de gran valor.
Frente al deseo de la Xunta de conservar en Galicia ese legado –está a la espera de múltiples informes para decidir si autoriza o no su traslado–, los Franco dejan clara su intención de vaciar Meirás. Ofrecieron donar los volúmenes de Pardo Bazán a la Real Academia Española, según publicó el periódico 'La Razón’. La institución, en su sesión plenaria del día 13, tomó acta de esa oferta pero los académicos no se ponen de acuerdo sobre si deben o no aceptarla.
“Hay una voluntad clara de la familia Franco de sacar de allí todo lo que puede”, remarca Amoedo en declaraciones a elDiario.es. Y aunque es notorio su afán por pleitear hasta las últimas instancias judiciales cualquier movimiento para intentar proteger y restituir al patrimonio público todo cuanto acumuló durante la dictadura, el catedrático asegura que es posible proteger desde ya los bienes de Meirás “con garantías jurídicas”. “Si hay un riesgo, ahora mismo, es que se lo lleven, y la Administración está obligada a proteger el Patrimonio Cultural y tirar para adelante, lo prioritario es conservar la integridad patrimonial del Pazo de Meirás, tanto del continente como del contenido», subraya Amoedo. Era el secretario xeral de la Consellería de Cultura, en el gobierno bipartito PSOE-BNG, cuando se declaró BIC el Pazo de Meirás, en 2008. ”Se hizo con la categoría de sito histórico precisamente para darle un más amplio significado de patrimonio cultural“, recordó. Y si en aquel momento se descartó incluir en la declaración BIC los bienes muebles que atesoraba el pazo y sólo se realizó ”una inspección ocular“ del interior de la propiedad, sin elaborar ningún inventario, fue precisamente por las múltiples trabas judiciales que ponían los Franco. Habían pedido al juzgado medidas cautelares invocando su derecho a la intimidad y, de hecho, el Tribunal Supremo autorizó a proteger y abrir al público sólo una parte de las Torres de Meirás, no en su integridad. Fue la primera vez que el poder civil conseguía adentrarse en la mansión ocupada por el caudillo en 1938 en plena Guerra Civil y la declaración BIC obligó a los Franco, que siempre la consideraron en democracia como su búnker personal, a abrir sus puertas cuatro veces al mes.
Carlos Amoedo insiste en que para evitar que la familia del dictador “tumbase” aquel procedimiento administrativo, la Xunta entonces decidió dejar para más adelante la elaboración de un inventario de los bienes que albergaba la propiedad enclavada en Sada (A Coruña). Pero ahora, y máximo con el riesgo evidente de que los Franco vacíen el pazo tras su restitución provisional al Estado –está pendiente de recurso de casación en el Supremo–, urge actuar. Amoedo asegura que la Xunta “busca excusas para no ejercer su responsabilidad” y coincide con la Abogacía del Estado en que no es necesario un convenio con Madrid, como clama la Xunta reiteradamente desde hace unos días, para poder ampliar la declaración BIC a los bienes que atesora el pazo.
El Gobierno gallego, como reiteró este martes el conselleiro de Cultura, considera que ese acuerdo le “habilitaría con garantía total”. Las competencias para proteger los bienes de Interés Cultural es de la comunidad autónoma, recuerda el catedrático de Derecho Administrativo, y “no es correcto” la interpretación que hace el Gobierno gallego de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que establece que las autonomías no pueden actuar para declarar BIC “bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado o propiedades de Patrimonio Nacional”. El Pazo de Meirás, tras su restitución al Estado, es “por sentencia un bien demanial”, es decir de dominio público, “pero no está afecto a Patrimonio Nacional porque no se va a destinar al jefe del Estado”, explica Carlos Amoedo. De hecho, todas las administraciones están de acuerdo en colaborar para definir el uso de esa mansión cuando haya una sentencia en firme sobre su propiedad.
Las voces reclamando a la Xunta para que incluya desde ya los bienes de Meirás, en base al listado realizado por orden judicial en diciembre pasado, se suceden estos días. El Parlamento aprobó incluso la semana pasada, por unanimidad de todos los grupos políticos, una iniciativa instando al Gobierno de Feijóo a declarar bajo protección los tesoros del pazo. Pero de nuevo, el conselleiro de Cultura echó el freno e insistió en considerar que no se trata de “una cuestión de decisión política” sino en esgrimir la necesidad de contar “con total seguridad jurídica y evitar frustración a medio plazo”. En en el momento mismo en que la Xunta se decida a incoar el expediente para modificar la declaración BIC del Pazo de Meirás, los bienes pasarían entonces a estar bajo protección. Y los Franco ya no podrían trasladarlos sin la autorización del Gobierno gallego.