Balears estrecha el cerco al 'Airbnb náutico' ilegal con más de 1.300 controles y 471.600 euros en sanciones
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El Govern balear ha intensificado esta temporada la vigilancia sobre el alquiler irregular de embarcaciones en las islas ante el aumento de la actividad de chárter y las denuncias del sector legal por competencia desleal. El nuevo dispositivo de control del litoral ha realizado hasta mediados de septiembre 1.358 registros y comprobaciones y ha permitido levantar 128 actas y emitir 39 boletines de denuncia.
El operativo, presentado este lunes durante la cuarta reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, está integrado por 22 embarcaciones distribuidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y coordinadas desde un centro de control. El dispositivo combina inspecciones programadas con intervenciones a partir de avisos sobre posibles actividades irregulares y permite controlar tanto el chárter como los fondeos, la documentación de las embarcaciones, las condiciones de seguridad, la protección de la posidonia y la actividad de los campos de boyas.
El alquiler de embarcaciones constituye uno de los principales focos de las inspecciones. Entre las irregularidades detectadas figuran barcos que operan sin haber presentado la declaración responsable o sin estar inscritos para desarrollar la actividad, la ausencia del identificador obligatorio, contratos inexistentes o incoherentes, documentación comercial incompleta o patrones sin la titulación exigida.
A estos controles sobre el terreno se suma la actividad administrativa de la Dirección General de Ports i Transport Marítim. El Govern asegura que durante 2026 ya se han iniciado 68 expedientes sancionadores en materia de chárter, a partir de las actas y denuncias levantadas durante las inspecciones.
La cifra da continuidad al fuerte incremento de los expedientes en los últimos años. En 2025 se incoaron 162 procedimientos sancionadores relacionados con infracciones en materia de transporte marítimo y alquiler de embarcaciones, con propuestas de sanción por un importe conjunto de 471.600 euros. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, desde 2019 el número de expedientes ha aumentado un 853%, al pasar de 17 a 162.
El conflicto por el 'Airbnb náutico'
El refuerzo de los controles se produce en un contexto de fuerte controversia sobre el alquiler de embarcaciones de uso particular con fines turísticos. El llamado 'Airbnb náutico' se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre el Govern, las empresas de chárter tradicional y los propietarios de embarcaciones de Lista Séptima, destinadas al uso privado.
El Govern balear aprobó en 2025 un decreto que impide, en la práctica, que estas embarcaciones puedan dedicarse al alquiler turístico mediante un cambio temporal de uso y exige su inscripción en la Lista Sexta, la categoría destinada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos. La norma fue recurrida por propietarios de embarcaciones de Lista Séptima. El Tribunal Superior de Justicia de Balears mantiene de forma cautelar este veto mientras se resuelve el recurso. El conflicto se produjo después de que el Gobierno central modificara en 2025 la normativa estatal para permitir que las embarcaciones de recreo de uso privado pudieran realizar actividades comerciales durante un máximo de tres meses al año.
El choque normativo ha coincidido con la proliferación de anuncios de alquiler de barcos y experiencias náuticas en plataformas digitales. En mayo, elDiario.es documentó anuncios de yates de lujo ofrecidos por decenas de miles de euros para realizar estancias y rutas por las costas de Balears, en un mercado que los profesionales del chárter legal consideran una fuente de competencia desleal.
La presión no se limita al alquiler. Los controles del Govern también están vinculados a los problemas derivados de la elevada concentración de embarcaciones en determinadas zonas del litoral. En Eivissa, un análisis de Greenpeace constató que uno de cada cinco yates fondeaba ilegalmente sobre posidonia, mientras que el dispositivo autonómico ya incluía entre sus funciones la detección del alquiler ilegal y la supervisión de fondeos no autorizados.
Mallorca concentra la mayor parte de los controles
El Ejecutivo ha comenzado además a actuar sobre la oferta que aparece en internet. Durante 2026 ha excluido 36 embarcaciones del registro de chárter por incumplir los requisitos exigidos y ha remitido dos requerimientos a Airbnb para retirar ofertas de alojamiento en embarcaciones. También ha reclamado a ListaSeptima.com que elimine anuncios de embarcaciones de Lista Séptima destinadas al alquiler en Balears.
Mallorca concentra el grueso de la actividad del nuevo servicio. Entre el 4 de junio y el 14 de septiembre se realizaron 72 jornadas de vigilancia y más de 1.231 comprobaciones, que dieron lugar a 74 actas y 16 boletines de denuncia. De las actuaciones realizadas en la isla, 311 estuvieron relacionadas específicamente con el control del chárter. Otras 687 correspondieron a comprobaciones de fondeos, 234 a la protección de la posidonia y 163 a los campos de boyas.
En Menorca se documentaron 48 jornadas de actividad entre el 27 de mayo y el 13 de septiembre, con 61 actuaciones, 35 actas y nueve boletines de denuncia. En Eivissa y Formentera, entre el 22 de junio y el 14 de septiembre, se llevaron a cabo 27 jornadas, con 66 actuaciones, 19 actas y 14 boletines de denuncia.
El dispositivo incorpora además drones en determinadas operaciones. El objetivo es ampliar la capacidad de vigilancia en zonas de difícil acceso, realizar un seguimiento más amplio de embarcaciones y fondeos y obtener imágenes, coordenadas y documentación gráfica que puedan incorporarse posteriormente a los expedientes administrativos.
Más inspectores y cámaras en puertos y aeropuerto
El Govern pretende ampliar el próximo año los medios destinados a combatir el intrusismo también en el transporte de pasajeros. El Plan ITS 2026-2027 contempla una inversión de más de dos millones de euros para reforzar la inspección y los sistemas de detección.
La plantilla de inspección de transportes crecerá en ocho personas, un 40% respecto a la actual, con cuatro instructores de transporte encargados de tramitar expedientes sancionadores, dos ayudantes técnicos de inspección y dos plazas administrativas. El Ejecutivo prevé que las nuevas plazas estén operativas durante la próxima temporada turística.
El plan incorpora además un millón de euros para reforzar los medios tecnológicos. Entre las actuaciones previstas figura la instalación de cámaras con lectura de matrículas en los puertos y en el aeropuerto de Mallorca y nuevos sistemas de cruce y análisis de datos para detectar posibles actividades irregulares.
El objetivo declarado por el Govern es aumentar la capacidad de inspección y sanción frente a las actividades que se desarrollan al margen de la normativa y, al mismo tiempo, proteger a las empresas del sector náutico y del transporte que operan con las autorizaciones exigidas.