La nueva Ley Turística balear ya es una realidad. El Parlament ha aprobado este martes una normativa con la que el Govern busca avanzar en el camino hacia la sostenibilidad, mitigar los efectos del cambio climático -a cuyos efectos Balears es especialmente vulnerable- y mantener un equilibrio ambiental y económico en el archipiélago. Las novedades de mayor calado que introduce la Ley radican en la congelación de las plazas turísticas durante los próximos cuatro años y la incorporación de criterios de circularidad en materia de agua, materiales, alimentación, energía y residuos.
No sin escollos, el texto ha llegado al final de su tramitación parlamentaria con la admisión de enmiendas de distintos grupos que modifican, entre otros aspectos, la condición de reducir en un 5% el número de plazas para poder efectuar reformas y modernizaciones, un requisito del que finalmente quedarán exentos los establecimientos de menos de 150 habitaciones. Se trata de un cambio efectuado después de que los partidos que apoyan al Govern (PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos) cerrasen un acuerdo con Ciudadanos, que reclamaba minimizar al máximo las limitaciones en este sentido.
Otra de las modificaciones introducidas en la norma, tras otro acuerdo alcanzado con El PI y el beneplácito de los hoteleros de Mallorca, dispone que los establecimientos o solares podrán cambiar de uso y pasar a ser de uso sociosanitario, administrativo, para oficinas o para vivienda. En este último caso, el 30 por ciento deberá reservarse a viviendas protegidas si se ubican en solares vacíos, un porcentaje que se elevará al 50% si ya existiera edificación previa.
El debate ha contado con una ausencia destacada, la del vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, quien ha decidido no acudir a la cámara como “gesto de concienciación” al considerar que la transición energética debería haber tenido un mayor peso en la nueva normativa. Fuentes de la Vicepresidencia han señalado que Yllanes comparte “la esencia” de la Ley y que agradece el trabajo del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela. Con todo, Yllanes considera que el texto debería contemplar un mayor compromiso del sector turístico en materia de cambio climático y de transición energética.
Durante su intervención en la sesión plenaria, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha ensalzado el trabajo llevado a cabo durante los últimos meses para sacar adelante una Ley que ha considerado “valiente, comprometida e innovadora” y que “por primera vez pone el acento en la regeneración ambiental, los derechos de los trabajadores y la calidad sobre la calidad”.
Por su parte, Negueruela ha destacado que esta nueva normativa permitirá definir “el marco turístico y en buena parte social” de Balears para los próximos años. Se trata de una Ley “exigente, completa, integral y ambiciosa”, según ha subrayado el también portavoz del Govern, quien ha manifestado que, para consensuar su contenido, desde el Ejecutivo “hemos escuchado y, sobre todo, hemos aprendido de todos los agentes” sociales, políticos y económicos que han intervenido en las negociaciones del texto. “Ha sido una labor ingente, créanme, que nos ha permitido llegar hoy aquí”, ha incidido.
Sobre las discrepancias suscitadas durante estos meses, Negueruela ha aludido a una cita de Johann Wolfgang von Goethe (“No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, tan sólo si marchamos por el mismo camino”), toda vez que ha calificado la Ley de “referente” que ha despertado el interés de Andorra, la Comunitat Valenciana o la Generalitat de Catalunya. “Unas pequeñas islas en medio del Mediterráneo han alzado la voz sobre cómo debe ser el modelo turístico”, ha abundado, resaltando que Balears ha logrado un posicionamiento “envidiable a escala mundial”. “Ha llegado el momento de dar un paso más. Estamos ante un cambio de paradigma de la industria de la felicidad, como la definiría el economista Antón Costas”, ha resaltado.
Las principales críticas contra la Ley han sido lanzadas desde las filas del PP, que, entre otras cuestiones, considera que la moratoria supone “un ataque a la libre competencia, al libre mercado y a los pequeños empresarios” y recrimina que la normativa “dispara contra el principal ascensor social de Balears y generador de grandes oportunidades”, en alusión al turismo. “No hay que penalizar al que invierte, al que paga impuestos y crea empleo”, ha añadido la formación, que sostiene que hasta 90.000 plazas de alquiler vacacional podrían desaparecer con la nueva Ley, extremo que ha negado de plano Negueruela.
En relación a la oferta ilegal, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente ha acusado al Govern de “perseguir” a los negocios legales porque “es más fácil perseguir y poner multas” que plantear un estudio sobre la oferta ilegal. En esta línea, ha reclamado “normas claras y sencillas” que favorezcan la competencia.
El conseller, sin embargo, ha recordado que las competencias en materia de control de la oferta están en manos de los Consells Insulars y ha acusado al PP de “hacer proclamas sin rigor jurídico”. Negueruela ha defendido, además, que el Govern ha pactado el apartado sancionador con las organizaciones empresariales. “Triste papel el suyo que tiene que votar junto a Vox contra los acuerdos con los agentes sociales”, ha añadido. Asimismo, en relación con la oferta complementaria, el responsable de Turismo del Govern ha apuntado que se trata de uno de los sectores que más ha crecido gracias al apoyo del Ejecutivo autonómico.
Asimismo, la portavoz adjunta de la formación en el Parlament, Nuria Riera, ha anunciado que su partido pedirá un dictamen del Consell Consultiu ante las “dudas” sobre la “estabilidad jurídica” de la ley.
Desde El PI-Proposta per les Illes, su portavoz, Josep Melià, ha recriminado que las sanciones contempladas en la normativa son “absolutamente desproporcionadas”: “Parece que hay ganas de perseguir a todo el mundo con la visión de que son unos defraudadores y unos delincuentes”, ha manifestado.
Asimismo, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha lamentado que la Ley fuese inicialmente impulsada mediante un “decretazo” aprobado “con nocturnidad y alevosía y con un proceso deliberativo que no existió”. “Parece que han descubierto la pólvora con la sostenibilidad y la circularidad cuando quienes ya lo habían impulsado son las propias empresas del sector”, ha añadido la parlamentaria. La formación sí se ha mostrado a favor de todas las medidas que “signifiquen un mejor tránsito hacia la economía circular y tengan un impacto regenerativo en las Islas” al considerar que el texto actual de la norma es “mucho mejor que el 'decretazo' que trajo Negueruela en febrero”.
Mientras tanto, el parlamentario de Més per Mallorca, Joan Mas, ha alabado las bondades de la nueva Ley principalmente en materia laboral, si bien ha manifestado que “el crecimiento sostenible no existe, ya que es un oxímoron”. “Es necesario decrecer. La situación de colapso ya no es ninguna apreciación subjetiva, la capacidad de carga está absolutamente desbordada”, ha manifestado el diputado de la formación ecosoberanista: “Queremos vivir muchos años del turismo y que los que vivimos aquí todo el año lo hagamos con la mayor calidad posible, abogando por condiciones laborales justas, bajando el nivel de presión sobre el territorio, aplicando medidas medioambientalmente sostenibles, redistribuyendo la riqueza en forma de diversificación económica y fomentando el producto local”, ha enfatizado.
En el mismo debate, la diputada de Unidas Podemos Antonia Martí ha celebrado que Balears vaya a tener “por primera vez” una ley del turismo “centrada en los trabajadores, el medio ambiente y en la mejora del modelo económico de las Islas”. “No queremos más turismo de borrachera ni más precariedad laboral, queremos que el turismo tenga una repercusión positiva y digna para todos”, ha hecho hincapié. En opinión de Martí, se trata de una “buena ley” a pesar de que “podría ser mejor, ha sido absolutamente imposible. Hoy estas islas avanzan con este bloque de gobierno, las propuestas constructivas de la oposición y hacia una nueva legislatura progresista”, ha sentenciado.
Finalmente, el portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, se ha opuesto a la Ley al considerar que “la modificación de la ley de 2012 ”no viene a cuento y es perjudicial para el hotelero“. La formación ultraderechista, de hecho, presentó enmiendas para la supresión de la normativa porque la reforma de la anterior se originó mediante un decreto ley ”aprobado de espaldas a los ciudadanos y sin consenso“.
También en el pleno de este martes, el diputado de Més per Menorca (Grupo Mixto) Josep Castells, quien lamenta que la normativa no sea “lo suficientemente valiente en la dirección del decrecimiento”, ha interpelado a Armengol acerca de “si le preocupa la masificación turística”, reflexionando sobre el hecho de que “más turistas no quiere decir más riqueza”. “También tiene efectos sobre la calidad de vida de los residentes de Balears”, ha manifestado, principalmente en alusión a la vivienda y al comercio de proximidad, “lo que hace que sea cada vez más difícil vivir en Balears”.
“Plantea un debate un poco extenso. Si me plantea que debemos seguir trabajando conjuntamente para diversificar aún más el modelo económica, sin duda, sí”, ha respondido la presidenta del Govern, quien, sobre la temporada turística, ha lanzado una “reflexión previa” al subrayar que la pandemia “ha causado una situación económica muy difícil para todas las familias”, con la caída del 20% del PIB, por lo que ha considerado “una gran alegría que tengamos una muy buena temporada y que tengamos buenos resultados sobre una ocupación de calidad”.
En concreto, la nueva normativa pone el foco en cuatro ejes: sostenibilidad social y económica; circularidad y sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad territorial y modernización y simplificación administrativa. El Ejecutivo estima que la nueva normativa, que empleará fondos europeos, comportará una inversión pública de sesenta millones de euros en ayudas al sector.
Otra de las medidas más relevantes de la Ley es la obligatoriedad de que todas las camas de los hoteles sean elevables antes de 2023 con el objetivo de facilitar las condiciones laborales de las camareras de piso. El Govern calcula que unas 20.000 kellys podrían beneficiarse de esta medida y que se tendrían que sustituir 300.000 camas. También será obligatorio que los establecimientos controlen la temperatura de las zonas reservadas al personal, como las cocinas.
En el plano medioambiental, la nueva ley turística obligará a los hoteles a contar con un plan de circularidad: cada año tendrán que realizar una evaluación de la gestión de los recursos y los residuos generados, que incluya el consumo de agua, energía y alimentos. Además, las calderas de fuel-oil deberán ser sustituidas por alternativas más sostenibles, como las eléctricas.
Estas empresas también tendrán que vigilar la trazabilidad del pescado y del marisco e implantar instrumentos para ahorrar el agua (por ejemplo, inodoros con doble pulsador). Asimismo, entre otras actuaciones, la nueva norma prohíbe los dispensadores de alcohol para los clientes, de manera que deberán ser empleados quienes lo sirvan.
La aprobación del decreto de la nueva Ley Turística forma parte de un paquete de medidas que ha adoptado el Ejecutivo de Armengol a lo largo de sus dos mandatos, como la Ley de Cambio Climático, la protección del fondo marino y la limitación de la circulación de coches, del consumo de plásticos y de la llegada de cruceros.
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