El Parlament balear ha aprobado este martes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, una normativa pionera a nivel estatal y europeo que contempla, entre otras medidas, la prohibición de que los vehículos diésel circulen por las islas a partir del año 2025 y los de gasolina a partir de 2035. A estas restricciones hay que añadir las otras limitaciones –ya aprobadas– de entrada y salida de vehículos en Formentera por criterios medioambientales.
La Ley de Cambio Climático ha tenido una buena acogida entre las asociaciones ecologistas. Aseguran que Baleares está plantando cara al cambio climático en la línea que marca Europa. La federación europea de ONGs Transport & Environment recalca que el mayor uso de vehículos eléctricos, además de recudir la contaminación y mejorar la calidad del aire, beneficiaría económicamente a España: en 2030 tendría un PIB de 3.191 millones más alto y 23.185 empleos netos más, según el estudio Repostando hacia el futuro.
Sin embargo, la industria del automóvil ha denunciado la normativa ante la Comisión Europea –quien ha admitido a trámite la denuncia– y ante el Ministerio de Economía porque va “contra la unidad de mercado”. Anfac, la patronal de los fabricantes, cree que las medidas planteadas en Baleares son “arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas”, que carecen de “respaldo técnico o científico”, que incumplen el derecho comunitario y que generan un impacto negativo en el sector –por ejemplo, el mercado de venta de vehículos nuevos en 2018 ha crecido un solo un 1,6% en Baleares, mientras que la media nacional es del 7%.
¿Qué harán en Baleares?
El objetivo de la ley de Baleares es que el archipiélago sea capaz de nutrirse al 100% de energías renovables a partir de 2050. El Govern ha planteado un calendario que recoge progresivamente la menor dependencia de los combustibles fósiles. El año de inflexión es 2030, cuando el 35% de las energías serían renovables y se reduciría un 23% el consumo energético y un 40% las emisiones contaminantes.
“Lo importante es que hay una hoja de ruta con un calendario en el tiempo, cuyo cumplimiento garantiza llegar al año 2050 habiendo hecho posible la materialización de los acuerdos de París”, destaca Marc Pons, conseller de Territori. Pons defiende la capacidad de Baleares para sacar adelante esta normativa, ya que el Govern tiene las competencias de transporte terrestre, sanidad, clima y medio ambiente.
Más allá de las limitaciones de circulación, que son la principal medida de la Ley de Cambio Climático, el Ejecutivo cerrará todas las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (situada en Mallorca) a partir del 2020. También implementará otras medidas complementarias, como que el alumbrado público sea de bajo consumo en 2025.
El Govern obligará a incorporar placas fotovoltaicas en los aparcamientos nuevos de más de 1.000 m2 y en los existentes de más de 1.500 m2. Las placas solares serán obligatorias también en los nuevos edificios de más de 1.000 m2 o en aquellos en los que se realice un cambio de uso o reforma integral, con la excepción de si la cubierta es de fibrocemento. El Govern ha destinado más de 8,5 millones de euros en ayudas para empresas, particulares y administraciones para la instalación de los sistemas de autoconsumo –mayoritariamente, placas fotovoltaicas.
¿Me afectan las limitaciones de circulación?
La Ley de Cambio Climático no contempla limitaciones para los ciudadanos que residen en Baleares y que tienen un vehículo diésel o gasolina: podrán seguir usándolo hasta acabar su vida útil. Tampoco afecta a las nuevas matriculaciones de vehículos, se podrán hacer aunque no podrán circular, de modo que, de facto es una manera de limitar la compra.
Los principales afectados por la normativa son los turistas que se desplacen con su vehículo hasta Baleares en transporte marítimo. A partir de 2025, los que vayan con un coche o una moto diésel no podrán circular con su vehículo en las islas. La misma suerte tendrán los coches, motos, furgones y furgonetas de gasolina a partir de 2035.
Las empresas de alquiler tendrán que hacer un importante esfuerzo por renovar su flota, que tendrá que ser 100% eléctrica en 2035. La principal patronal de los coches de 'rent a car' en las islas calcula que, en temporada alta, circulan más de 90.000 coches de alquiler. El sector del 'rent a car' cree que le costaría unos 70 millones de euros reconvertir toda la flota, pero contará con ayudas gubernamentales.
Para facilitar la transición, el Govern instalará 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025. Los cálculos gubernamentales apuntan a que el 35% de las emisiones de CO2 en Baleares proviene del tránsito rodado. Por ello, el Ejecutivo quiere que el 100% del parque móvil sea descarbonizado –previsiblemente eléctrico– en 2050.
¿Cuál es la regulación en otros países?
En España, el borrador de la Ley Nacional de Cambio Climático y Transición Energética prevé la prohibición de vender coches de combustión (diésel, gasolina e híbridos) en 2040. El objetivo es rebajar un 20% las emisiones de CO2 y que la generación de electricidad provenga al menos de un 70% de energías renovables en 2030. La patronal Anfac, la misma que ha denunciado la normativa balear en Bruselas, calificó el borrador de ley estatal de “excesivo y acelerado”. Pero España no es el único país que trabaja por la transición energética: no menos de 12 Estados han anunciado prohibiciones similares.
Isabell Büschel, coordinadora de Transport&Environment en España, explica que la Unión Europea tiene un mandato que proviene del Acuerdo del París, por el cual las economías nacionales deben llegar a la neutralidad del carbono en 2050 (emitir la misma cantidad de carbono que se atrapa). Es decir, los Estados tienen que acabar con el carbón, el petróleo, el gas y las bioenergías no sostenibles para dar paso a las energías renovables. El sector del transporte debe sufrir también esta reconversión hacia la movilidad de bajas emisiones. Una de las vías es potenciar el coche eléctrico, aunque Büschel cree que la solución a futuro pasa por el transporte compartido.
Sin embargo, la patronal Anfac cree que las medidas planteadas para Baleares son “inéditas en toda Europa”. Noemi Navas, directora de comunicación, aclara que las restricciones en otros países no son de obligado cumplimiento. Es decir, no tienen rango de ley, forman parte de unos marcos de actuación generales. Además, Navas asegura que el resto de países no prohíben tecnologías concretas, sino que se centran en renovar el parque automovilístico retirando los vehículos más viejos. La patronal denunció la normativa ante Bruselas cuando todavía era un proyecto de ley y, tras su aprobación como ley autonómica este martes, ha anunciado a eldiario.es que ampliará la denuncia.
Este martes por la mañana, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha registrado una carta en el Parlament señalando que dicha ley puede producir “una serie de efectos negativos como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler de vehículos”, según informa Europa Press.