La Justicia da la razón a Globalvia y eleva a 33,2 millones la factura del rescate del túnel que nació de un soborno al PP
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma ha elevado a 33,21 millones de euros el coste total del rescate de la concesión del túnel de Sóller, cuya anulación confirmó el Tribunal Supremo en 2023. La adjudicación en 1989 de las obras de la infraestructura, marcada por un soborno de 50 millones de pesetas al entonces presidente del Govern, Gabriel Cañellas (PP), dio paso a una larga trayectoria de polémicas empresariales y judiciales a la que se suma la indemnización millonaria que el Consell de Mallorca deberá abonar a Globalvia -la empresa que explotaba el túnel- por el rescate fallido. La cuantía total supera incluso los 31,5 millones que inicialmente reclamaba la concesionaria.
Así lo establece un auto de la titular de la plaza número 3 de la sección de lo contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Palma, adelantado por Diario de Mallorca y al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada determina que la indemnización que correspondía a la concesionaria por los perjuicios derivados del rescate ascendía a 28,23 millones de euros a valor de diciembre de 2017. De esa cantidad descuenta los 16,28 millones que el Consell ya había abonado, por lo que establece un saldo pendiente de 11,94 millones.
La jueza, sin embargo, actualiza esa cantidad mediante la tasa interna de rentabilidad (TIR) del 8,06% hasta el 30 de junio de 2022, fecha en la que debía extinguirse la concesión, lo que eleva el importe pendiente a 16.930.970 euros. A esta suma debe añadirse la actualización mediante el interés legal del dinero hasta el 10 de noviembre de 2026. El importe total de la operación, incluidos los pagos realizados en 2017, se sitúa así en torno a los 33,2 millones de euros, según el cálculo de actualización.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la valoración de los informes periciales presentados durante el procedimiento. La magistrada se decanta por el elaborado por KPMG a petición de la concesionaria frente al dictamen encargado por el Consell a dos catedráticos de la Universitat de les Illes Balears (UIB).
La jueza considera que las conclusiones de KPMG ofrecen una reconstrucción “más coherente” de los parámetros económicos e indemnizatorios que rigieron la concesión y alude a las contradicciones que entre los distintos informes elaborados por la propia institución insular: “Los informes económicos emitidos por el CIM en el presente procedimiento se han ido contradiciendo ellos mismos con los posteriores que volvían a emitir”, recoge el auto. La magistrada añade que tampoco coincidían con el elaborado por los catedráticos.
En concreto, el dictamen de KPMG calculaba en 28,23 millones de euros la indemnización que le correspondía a diciembre de 2017. La magistrada ha terminado respaldando esta última valoración y ha fijado el importe pendiente en 16,93 millones, antes de los intereses legales correspondientes. En octubre de 2025, el Consell presentó sus propios cálculos, elaborados por los técnicos de Intervención y Carreteras, y defendió que la indemnización total debía situarse en torno a los 13 millones de euros, por debajo incluso de los 16,28 millones que ya había abonado. La institución argumentaba que debían descontarse las pérdidas de ingresos que habría sufrido la concesionaria durante 2020 y 2021 como consecuencia de la caída del tráfico provocada por la pandemia de la COVID-19.
Globalvia, por su parte, defendió que debía recibir 11,9 millones adicionales a los ya cobrados, a los que habría que sumar los intereses correspondientes. La empresa situó así su reclamación en torno a los 31,5 millones de euros, una cantidad que el Consell consideró “absolutamente desproporcionada”. Finalmente, la jueza ha respaldado los cálculos periciales de la compañía frente a los de la institución insular, lo que eleva la factura total del rescate a 33,21 millones de euros. La resolución todavía puede ser recurrida.
La firma que ha elaborado los informes periciales respaldados ahora por la jueza mantiene una trayectoria de trabajos para Globalvia que se remonta, al menos, a 2012. Además de los dictámenes económicos presentados en el litigio del túnel de Sóller, KPMG asesoró fiscal y jurídicamente a la concesionaria en una operación de financiación anunciada en 2013 y verificó posteriormente su información no financiera.
La consultora también ha protagonizado otras informaciones relacionadas con su actividad en el sector público y sus vínculos con responsables institucionales. En febrero de 2024, elDiario.es informó de que KPMG había obtenido un contrato de casi 130.000 euros de una fundación municipal de València nueve días después de que el concejal de Grandes Proyectos del PP, José Marí Olano, anunciara su desvinculación de la consultora, en la que había trabajado con una dedicación del 75%. La empresa ganó el concurso pese a haber quedado tercera en la valoración técnica.
Una concesión marcada por la corrupción
La historia del túnel de Sóller arrastra polémicas desde antes incluso de su inauguración. La adjudicación de la infraestructura, una de las obras públicas más controvertidas de la historia reciente de Balears, estuvo marcada por un soborno de 50 millones de pesetas al entonces presidente del Govern. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) consideró probado que Antoni Cuart, administrador de la empresa concesionaria, entregó un cheque por ese importe a Cañellas el 30 de enero de 1989, antes de que se formalizara la concesión administrativa.
El dinero acabó en la Fundació Illes Balears, propiedad del entonces presidente, y fue distribuido mediante diez cheques entre proveedores de la campaña electoral del PP para las elecciones europeas de ese año. Aunque los magistrados dieron por acreditado el cohecho, Cañellas fue absuelto porque el delito había prescrito.
La primera empresa concesionaria acabó quebrando, lo que provocó una nueva paralización de las obras. Posteriormente, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a través de Globalvia, se hizo con la concesión y los trabajos pudieron reanudarse. La infraestructura fue finalmente inaugurada el 19 de febrero de 1997. Globalvia, nacida en 2007 de la unión de los intereses de FCC y Bankia en el sector de las infraestructuras, pasó a manos de tres fondos de pensiones internacionales -OPTrust, PGGM y USS-, que adquirieron el 100% de sus acciones en 2016. La multinacional gestiona autopistas y redes ferroviarias en distintos países.
Globalvia también aparece en otra investigación publicada por este periódico sobre los pagos de constructoras al despacho Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. De acuerdo a esa información, basada en datos de la Agencia Tributaria, la empresa abonó 578.640 euros a la firma.
El Supremo confirmó la nulidad del rescate
El conflicto actual se remonta a agosto de 2017, cuando el Consell de Mallorca, presidido entonces por Miquel Ensenyat (Més per Mallorca), acordó en pleno rescatar la concesión del túnel para poner fin al peaje y devolver la gratuidad a los usuarios. La institución abonó 16,28 millones de euros a Globalvia, una cantidad calculada a partir de un informe externo que valoraba la concesión, cuyo vencimiento estaba previsto para junio de 2022.
La empresa impugnó la decisión y los tribunales acabaron anulando el rescate. El juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma declaró nulos los acuerdos del Consell en marzo de 2020, una decisión que fue confirmada por el TSJIB en febrero de 2021. El Supremo desestimó posteriormente el recurso de casación presentado por la institución insular mediante una sentencia de julio de 2023.
La anulación implicaba que debía restituirse a la concesionaria en el ejercicio de sus derechos hasta el final del plazo contractual. Sin embargo, cuando concluyó el procedimiento judicial, el 30 de junio de 2022 ya había vencido el periodo de explotación previsto, por lo que resultaba materialmente imposible devolverle la concesión. La compensación económica debía cubrir, por tanto, los beneficios que la empresa dejó de obtener durante el tiempo en que no pudo explotarla.