El plan anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán inyectará más de 70 millones en Balears

El plan anticrisis aprobado por el Gobierno central para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán tendrá un impacto superior a los 70 millones de euros en Balears, tal como ha asegurado este lunes en Palma la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, tras reunirse con agentes sociales y económicos de las Islas.

Según ha explicado, esta cifra deriva principalmente de la rebaja fiscal sobre la electricidad y de las ayudas de 20 céntimos por litro de combustible dirigidas a sectores como la ganadería, la agricultura, la pesca o el transporte, incluidas en el plan estatal de 80 medidas dotado con 5.000 millones de euros.

El alcance del paquete no se limita al tejido productivo. Sánchez ha destacado también el impacto de medidas como la ampliación del bono eléctrico y térmico, así como la prórroga de los contratos de alquiler hasta dos años, que se prevé que beneficie a unas 24.000 viviendas en Balears.

Durante el encuentro, en el que también ha participado el delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez, el Ejecutivo central ha instado al Govern a adoptar medidas propias. Rodríguez ha reclamado al Ejecutivo autonómico que actúe “cuanto antes” con iniciativas “complementaria para proteger el sector productivo y de las familias”.

En la misma línea, ha pedido a PP y Vox que respalden en el Congreso los dos decretos anticrisis aprobados por el Gobierno, cuya convalidación considera “urgente y necesaria”. El primero incluye reducciones fiscales y ayudas a los carburantes, mientras que el segundo recoge la congelación temporal de los contratos de alquiler. Según ha señalado, las comunidades autónomas deben desarrollar también medidas propias “que apoyen el decreto que blinda a las familias que pueden ver su alquiler renovado en 2026 en Balears”.

Rechazo empresarial y amenaza de movilizaciones

Frente al respaldo institucional, el plan ha sido recibido con críticas por parte de organizaciones empresariales, especialmente del sector del transporte. La Federación de Pequeñas y Medianas Empresas de Mallorca (Pimem) ha calificado las ayudas al combustible de “decepcionantes y perjudiciales” y ha advertido de movilizaciones “si no hay una reacción” por parte del Ejecutivo antes de que acabe marzo.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Pimem (Astam), Jeroni Valcaneras, ha ido más allá al considerar “falso” que las medidas estén orientadas a apoyar a los sectores profesionales. Según ha denunciado, las ayudas “premian más a los vehículos privados que a los profesionales” y apenas compensarán el 50% del sobrecoste real que afronta el sector.

“La bonificación anunciada para los transportistas es de 20 céntimos por litro, en la práctica se verá reducida en un 25 por ciento al eliminar del Decreto la figura del gasóleo profesional que venían disfrutando los transportistas desde el año 2007”, ha señalado la asociación. En este contexto, Pimem ha advertido de posibles movilizaciones a nivel nacional si no se modifican las medidas. “El sector no puede aceptar un Decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación”, ha concluido Valcaneras.

También el presidente de la Agrupación empresarial de transporte de Mercancías de Balears, Ezequiel Horrach, ha considerado “insuficientes” las medidas para el tejido empresarial y ha augurado una evolución “complicada” del sector.

Desde la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), su vicepresidente José Antonio Roselló ha señalado que existe consenso en que el paquete está enfocado principalmente a los ciudadanos y no a las empresas. “En las empresas la situación es más diversa y estamos ante una primera toma de contacto de posibles futuras medidas que dependerá si la situación se complica o no”, ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gasolineras de Pimem, Rafael Matas, ha reclamado que se tenga en cuenta la insularidad en los costes del transporte y en los periodos de liquidación.

En el sector primario, el secretario general de Unió de Pagesos, Joan Gaià, ha advertido de que las ayudas no devolverán el precio del combustible a niveles previos a la guerra y ha reclamado un acuerdo estable para reducir la “incertidumbre”.

A diferencia de las patronales, CCOO ha mostrado su respaldo al paquete de medidas y ha defendido especialmente el decreto sobre vivienda. “La vivienda es un factor determinante en el empobrecimiento de la parte trabajadora de este país”, han subrayado.

El sindicato ha reclamado además que las medidas vayan acompañadas de mecanismos de control de precios para evitar que el impacto de las ayudas acabe “engrosando los márgenes de ninguna empresa”.

Nueva reunión con el sector turístico

En paralelo, la secretaria de Estado de Turismo ha anunciado una nueva reunión con el sector turístico tras Semana Santa, en la que participarán representantes de Exteriores, Economía, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

Sánchez ha recomendado a las empresas que “no suban precios” hasta comprobar la evolución del conflicto en las próximas semanas. Según ha defendido, el paquete de medidas permitirá amortiguar tanto el impacto sobre “la ciudadanía de a pie” como sobre los costes empresariales.

“El sector turístico se va a adaptar a esta nueva situación, con la esperanza de que la gente no perciba un incremento del coste de la vida, además de favorecer que nuestras empresas puedan operar con normalidad”, ha concluido.