PP y Vox 'cuelan' la creación de una oficina antiokupación en Balears a través de su ley ómnibus
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PP y Vox han introducido un nuevo paquete de medidas a la ley balear de proyectos estratégicos que va mucho más allá del objetivo inicial de la norma. Entre las medidas se encuentra la creación de una Oficina de Atención a las Personas Afectadas por la Okupación Ilegal, una de las grandes banderas discursivas de la formación de extrema derecha, además de nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF en respuesta al “invierno demográfico” que, según la retórica de los de Santiago Abascal, “amenaza” a la población española.
La utilización de una ley ómnibus para introducir este tipo de cambios permite al Govern de Marga Prohens (PP) acelerar la aprobación de reformas muy heterogéneas bajo un único paraguas legislativo. Se trata de una fórmula que reduce los tiempos parlamentarios y evita que cada modificación tenga que tramitarse mediante una norma específica con debates y dictámenes diferenciados, reduciendo con ello el margen para el escrutinio político y jurídico. La oposición acusa al Ejecutivo autonómico de utilizar la ley de proyectos estratégicos como un “cajón de sastre” para introducir reformas de gran calado aprovechando una tramitación mucho más rápida.
La creación de una oficina antiokupación no es una idea nueva dentro de los acuerdos entre ambos socios de investidura. El Ayuntamiento de Palma ya presentó en 2025 una Oficina Integral de Vivienda y Antiokupación fruto del pacto entre ambas formaciones, una iniciativa que desató las protestas del Sindicat de l’Habitatge y críticas de la oposición, que acusó a Cort de “criminalizar la pobreza” y convertir la okupación en un eje político pese a representar una mínima parte del problema de acceso a la vivienda.
Ahora, PP y Vox pretenden extender ese modelo al conjunto de Balears mediante la creación de una Oficina autonómica de Atención a la Okupación que, según defienden, servirá para asesorar a propietarios afectados. La medida encaja además con la estrategia de los de Abascal de introducir, como denuncian desde la izquierda, estructuras institucionales con fuerte carga ideológica a través de acuerdos presupuestarios y enmiendas legislativas, aprovechando la tramitación acelerada de la ley de proyectos estratégicos para incorporar reformas ajenas a su contenido original.
A través de enmiendas pactadas durante la negociación parlamentaria, ambas formaciones han incorporado cambios en materias tan diversas como fiscalidad, vivienda, okupación ilegal, función pública, lengua catalana, renta social, sanidad o policía local, una fórmula que permite modificar numerosas leyes de manera simultánea y con un debate mucho más limitado que el que tendrían reformas tramitadas por separado.
Entre las medidas también figura la flexibilización del requisito lingüístico en la función pública, que Vox define directamente como “el principio del fin de la imposición lingüística en el empleo público”. También prevén incorporarse nuevas deducciones por maternidad y natalidad en el IRPF que alcanzan los 900 euros por el primer hijo, 1.200 por el segundo, 1.500 por el tercero y hasta 1.800 euros a partir del cuarto.
El paquete pactado entre PP y Vox también incluye rebajas fiscales vinculadas a la compra de vivienda habitual, bonificaciones para viviendas de precio limitado y ventajas para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, así como modificaciones en la renta social garantizada, medidas para agilizar proyectos comerciales mediante entidades colaboradoras urbanísticas, cambios en las bolsas educativas y la incorporación de psicólogos generales sanitarios al sistema público.
Las propuestas han sido reivindicadas por los de Abascal como “una batería de logros” arrancados a los conservadores durante la negociación de la ley ómnibus. En una nota de prensa, Vox asegura que “las medidas aprobadas comparten una misma filosofía: libertad frente al intervencionismo, seguridad frente al caos, propiedad privada frente a la ocupación, igualdad frente a la imposición lingüística y servicios públicos eficaces frente a la burocracia”.