La Ley Ómnibus atenta contra lo público y erosiona la democracia

Ayuso no valora la desescalada propuesta por el Gobierno pero pide que "con Madrid no se haga un experimento"

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La Ley Ómnibus es la muestra perfecta de las costuras autoritarias del gobierno de Ayuso, responsable junto a la extrema derecha del menoscabo de la democracia en la Comunidad de Madrid.

Desde que comenzó la legislatura, Ayuso ha pisado el acelerador de las reformas liberticidas y, para sortear las críticas de sus impopulares medidas, ha desplegado un autoritarismo en las formas y en el fondo, con el último objetivo de cercenar cualquier tipo de debate, cualquier tipo de reflexión pública sobre los asuntos que nos conciernen a todos. 

En las formas, desde silenciar preguntas incómodas. Desde aquellas que tienen que ver con los contratos a dedo que ha firmado la empresa donde trabaja su hermano con la administración, hasta la aprobación de leyes por la vía de urgencia, sin debate, presentadas en periodos festivos y sin darles publicidad. Esto último ha ocurrido con la Ley Ómnibus, cuyo anteproyecto publicó el 23 de diciembre y con solo 7 días para las alegaciones.

Esta ley es una especie de “cajón de sastre” que reformará 32 leyes y 5 reglamentos de muy diversa índole. Eso sí, todas las modificaciones ahondarán en la privatización y la desregulación, para facilitar el “negociete” de empresas amigas o multinacionales extranjeras, en detrimento, por supuesto, de lo público y de las Pymes o los autónomos que, por cierto, siempre pagan sus impuestos aquí.

Esta reforma afecta a campos muy distintos. En materia de salud, Ayuso pretende crear la agencia de Contratación Sanitaria, una entidad sin control parlamentario con la que le será más fácil continuar desmantelando la sanidad pública y repartirla entre las empresas amigas del PP, como vemos que hacen siempre que tienen la oportunidad. Parece que el gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha dado por aludido con la urgente necesidad de reforzar la sanidad pública que ha evidenciado la crisis del Covid-19.

En medio ambiente, la Ley Ómnibus abre la puerta a tropelías tales como permitir construir hoteles en reservas naturales, facilitar la edificación en suelo no urbanizable o autorizar la caza y la recolección de especies protegidas. Todo lo contrario a lo que se espera de una región respetuosa con sus ecosistemas.

En transporte, se cobra su venganza contra el sector del taxi, permitiendo el intrusismo de las VTC. El resultado es dejar tiradas a 20.000 familias para favorecer a empresas —algunas de ellas participadas por compañeros y excompañeros de partido— que ni siquiera tributan en España. Ya sabemos que el modelo de Ayuso para Madrid es apostar por el trabajo precario, dándole la espalda a las pequeñas empresas, a los autónomos y a los trabajadores de la región. Así lo demuestra siempre que tiene oportunidad: el otro día, sin ir más lejos, haciendo de comercial para Uber.

Pretenden además con esta Ley crear mancomunidades ad hoc con los ayuntamientos “amigos”, es decir, gobernados por el PP. Para inyectarles financiación sin caer en la vergüenza del favoritismo, una forma algo más sofisticada para continuar con su política de la desigualdad  favoreciendo a determinados municipios en detrimento de los que tengan otro color político.

De paso, van a suprimir el papel de los Ayuntamientos a la hora de tramitar la Renta Mínima de Inserción. Las personas beneficiarias perderán el asesoramiento tan necesario que las entidades locales prestaban, sobre todo en lo relativo a la brecha digital. Tampoco asignan a esta ayuda fondos propios desde la Comunidad Autónoma, por lo que seguimos siendo completamente dependientes de la Unión Europea. 

Además, se aseguran de que esta ayuda sea subsidiaria a la del Ingreso Mínimo Vital y no complementaria como se pensó cuando se diseñó. Está claro que la hoja de ruta de Ayuso pasa por el recorte en servicios sociales. Si alguien puede albergar todavía alguna duda, que compruebe los recién aprobados presupuestos, donde pasa de 160 millones a 40 este año. 

Podríamos seguir, porque en las 215 páginas de esta Ley Ómnibus da tiempo a cercenar muchos derechos y libertades. En una democracia sana los dirigentes políticos deben escuchar de manera activa a la ciudadanía. Ganar unas elecciones no otorga un cheque en blanco, sobre todo cuando la mitad de la población que ha votado, no te ha votado a ti.

Muchos recordamos los mensajes de Isabel Díaz Ayuso en campaña. La palabra libertad lo ocupaba todo. Sin embargo, lo primero que hizo nada más asumir la presidencia fue acabar con la libertad de prensa a través de su golpe de estado en Telemadrid, de la mano de la extrema derecha. Mientras seguía hablando de libertad, lo segundo que hizo fue intentar amordazar a la oposición parlamentaria, impidiendo los debates libres en la Asamblea de Madrid o presentando esta ley de tapadillo para coger a los madrileños desprevenidos. 

Con tanto repetir su palabra mágica, libertad, se le olvidó presentar su programa. Su programa de verdad, el que ahora vemos que está lleno de medidas liberticidas, como esta Ley al revés que aprobará a pesar de ir en contra del interés general. Lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, con el gobierno de Ayuso, es un atropello y una estafa a la ciudadanía. En una democracia sana no se cercena la labor de la oposición, ni se escatiman las explicaciones, tampoco se miente descaradamente ante cualquier adversidad en lugar de rendir cuentas, por tanto es normal y deseable que la gente se movilice, porque las siguientes preguntas son ¿Libertad para quién? ¿Libertad para qué?

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