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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una fotografía de archivo. EFE/ Zipi

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El 18 de noviembre del año pasado, en sesión de control al Gobierno, pregunté a Ayuso sobre unas informaciones publicadas por elDiario.es en las que la Comunidad de Madrid entregaba a dedo un contrato de 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo de su infancia, el señor Daniel Alcázar, y de la que ahora sabemos que su propio hermano, Tomás Díaz Ayuso, habría percibido una comisión o presunta mordida de 55.000 euros. También sabemos que esta empresa sin actividad no tenía experiencia previa en comercio internacional y constaba como dedicada a la ganadería. Todo muy extraño. Mi intervención no sentó nada bien, de hecho, se me intentó retirar la palabra y posteriormente el PP amenazó con ponerme una querella. La presidenta Ayuso, ni corta ni perezosa, lo negó todo. 

Hace un par de semanas, la misma presidenta que lo había negado todo, dio una rueda de prensa en la que disparó a matar contra Casado. El precio de la bala fue reconocer que su hermano sí había cobrado una comisión. Pero lo que trascendió fue que había sido víctima del espionaje de la dirección de su propio partido. Pasó de posible corrupta a víctima en cuestión de segundos. Por cierto, una víctima muy bien avenida que no ha parado de transferir dinero público a su entorno. El resultado todos lo sabemos: victoria para Ayuso en la guerra interna del PP y fin político de Pablo Casado, eso sí, gracias a la presión del ecosistema mediático de derecha y ultraderecha que no se olvidan de quién les riega cada día con dinero público.

La contratación de emergencia es una puerta abierta a la corrupción porque no tiene los mismos parámetros de control que la contratación ordinaria. Fue el método utilizado por las administraciones en los peores días de la pandemia. Era un momento en el que los ciudadanos esperábamos ejemplaridad de todos los cargos públicos con responsabilidades de gobierno. Pero muy lejos de ser ejemplar, Ayuso aprovechó la vía de emergencia para hacer un trasvase de dinero público a sus familiares y amigos. Otra información a propósito de este tipo de contratación que ha aparecido es que una empresa vinculada a la madre de Ayuso, Prohinsa SA, recibió 25 contratos por más de un millón de euros.

Mientras la vorágine comunicativa aspiraba a engullir este presunto caso de corrupción, nosotras no hemos dejado de apuntar a las irregularidades en los contratos de Ayuso por dos vías. 

La primera ha sido parlamentaria. Dada la gravedad de las informaciones elevamos un escrito para constituir una comisión de investigación de los contratos. Fue bloqueada por el PP. En la comisión de vigilancia de las contrataciones hemos solicitado por segunda vez la comparecencia del hermano de la presidenta, la del dueño de Artesolar y la del amigo de la infancia de Ayuso. También se han resuelto con el bloqueo antidemocrático del grupo del PP, que en vez de trabajar como representante de los intereses de los madrileños, actúa como encubridor de un posible caso de corrupción. Para quienes actúan como una mafia, la omertà no es discutible. La segunda vía ha sido judicial. Después de haber recabado todas las pruebas a las que tenemos acceso, hemos presentado una denuncia que la fiscalía anticorrupción está estudiando. 

El último capítulo de este caso «poco ejemplar» que podría constituir incluso una «ilegalidad» de posible «tráfico de influencias» o de utilización de un «testaferro», (no son palabras mías sino del señor Pablo Casado) es que Ayuso ha usado la Comunidad de Madrid para emitir un comunicado nocturno en el que reconoce que su hermano recibió ya no 55.000 euros sino 283.000. 

Tercer cambio de versión que la presidenta ha hecho coincidir con la invasión de Ucrania esperando que nadie hable de ello, porque cuando sus vergüenzas son tan grandes que no las puede tapar con victimismo, recurre al oportunismo aprovechando que el foco está en la guerra. Si tuviera algún tipo de compromiso con la democracia y la transparencia, solo estos cambios de versión, estas mentiras, deberían de haber provocado su dimisión.

Somos realistas y sabemos que Ayuso se escuda en la permisividad de la contratación de emergencia para evitar ser juzgada. Pero las malas prácticas y las triquiñuelas para transferir dinero público a su entorno no se agotan con el contrato de 1,5 millones de Priviet Sportive SL, ni con las empresas vinculadas a otros familiares.

Desde Unidas Podemos avisamos hace ya un año y pico de que el Gobierno de Ayuso había fraccionado un contrato de más de 18.000 euros para eludir la ley de Contratos del Sector Público y poder dárselo a dedo a la empresa Artesolar, donde su hermano —otra vez su hermano— trabajaba como responsable de ventas o llámelo conseguidor. No vaya a ser que lo saquen a concurso público y una PYME madrileña sea la que gane el contrato desde la legalidad, sin tratos de favor. 

Esta empresa se ha llevado diez contratos menores desde que gobierna la hermanísima. Y es cuanto menos curioso que haya empezado a recibir contratos a dedo de la Comunidad de Madrid el 17 de octubre de 2017, un mes después de que Ayuso fuera nombrada viceconsejera de Presidencia. En total 18 contratos.

Ampliamos la denuncia con esta información, esperando que los jueces puedan exigir al gobierno de Ayuso las explicaciones que en la Asamblea de Madrid no están dando. 

No sabemos si hay más contratos irregulares, por eso hemos solicitado de manera urgente que se haga una auditoría externa e independiente para pasar el algodón a todos los contratos. Justo coincide con la presentación del popurrí que supone la Ley Ómnibus y que en lo tocante a transparencia va a reformar la Cámara de Cuentas para garantizarse su control. Es decir, quien va a fiscalizar las cuentas y contratos de la Comunidad de Madrid va a ser gente puesta por el PP. Los trapos sucios se lavan en casa.

Ayuso quiere cerrar este tema cuanto antes, por eso la semana pasada no quiso comparecer en la Asamblea. Se ha metido en su camarote de la puerta del Sol, a dejar que pase la tormenta, mientras sigue navegando en su velero llamado Impunidad hasta las próximas elecciones. Pero las preguntas siguen abiertas y no podemos permitir que caigan en el olvido. La corrupción es el mayor mal de nuestra democracia —ya le costó el gobierno al PP de Rajoy— y ahora Ayuso debe responder.

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