La Guardia Civil investiga como grupo criminal a dos activistas que pintaron cinco inmobiliarias de Mallorca

Lo que comenzó con unas pintadas, diversos daños materiales y cerraduras inutilizadas en cinco inmobiliarias de Santa María del Camí (Mallorca) en protesta por la turistificación y el encarecimiento de la vivienda en Balears ha acabado convirtiéndose en una investigación por presunta pertenencia a grupo criminal. La operación policial, saldada con la detención de dos jóvenes presuntamente vinculadas a los hechos, ha desatado un intenso debate político y social sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad y los límites de la protesta: mientras los investigadores consideran que existió una actuación “coordinada y premeditada”, colectivos como 'Menys Turisme, Més Vida', 'Alerta Solidària' o el Sindicat de Llogateres denuncian una “criminalización” del activismo por el derecho a la vivienda.

Los investigadores sitúan los hechos en la noche del 31 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando los agentes arrestaron a las dos jóvenes. Una circunstancia que ha generado un profundo malestar entre los colectivos que integran el movimiento contra la turistificación, que consideran significativo que los arrestos se produjesen apenas una semana después de que 'Menys Turisme, Més Vida' difundiese un manual de acción contra la turistificación. El documento, que despertó las críticas inmediatas por parte del sector político y empresarial, propone actuaciones como la realización de pintadas, el bloqueo de cerraduras de viviendas de alquiler turístico o el lanzamiento de pintura contra determinados objetivos relacionados con el negocio turístico, prácticas que sus promotores enmarcan en la acción directa no violenta y en la desobediencia civil como herramientas históricas de los movimientos sociales y de defensa del territorio.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Guardia Civil para conocer su valoración sobre las críticas suscitadas por la investigación y por la actuación desarrollada durante el operativo. Sin embargo, fuentes del Instituto Armado han declinado hacer declaraciones al respecto y se han limitado a señalar que los hechos se han tratado “como una denuncia más”.

Por su parte, el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol', señala, en declaraciones a este medio, que la operación policial no puede entenderse al margen del clima político y mediático generado en las semanas previas a raíz de la difusión de su manual de acción. En su opinión, la campaña de críticas impulsada, según afirma, por determinados partidos políticos, medios y denunciantes particulares ha facilitado a la Guardia Civil llevar a cabo una operación policial de tal envergatura. “Primero hay una criminalización pública y, después, eso da pie a una ofensiva que, desde mi punto de vista, se puede considerar represión”, incide.

Las detenciones se han producido, además, en uno de los momentos de mayor tensión entre quienes denuncian los efectos de la turistificación y las administraciones públicas. No en vano, el próximo 26 de julio una manifestación en Palma bajo el lema “No tenim por” (“No tenemos miedo”), que pretende denunciar el impacto del modelo turístico sobre el acceso a la vivienda, la precarización laboral, la presión sobre los recursos naturales y la pérdida de calidad de vida de la población residente.

El atestado de la Guardia Civil, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, sostiene a lo largo de sus 116 páginas que los ataques contra las cinco inmobiliarias no fueron hechos aislados ni espontáneos, sino una actuación “coordinada y premeditada”. Sobre esa base, los investigadores atribuyen a las dos detenidas y a un tercer investigado no solo un delito continuado de daños y daños contra el patrimonio histórico -una de las empresas está integrada en , sino también pertenencia a grupo criminal, una calificación que eleva considerablemente la gravedad de la causa.

Una pancarta privada como indicio

El informe policial se apoya principalmente en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que ha generado la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos. A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruye los desplazamientos de las personas investigadas, identifica vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurre a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas.

Los agentes también incorporan referencias a la vida privada de las investigadas, como el hecho de que en la vivienda de una de ellas colgase una pancarta con el lema “SOS Residents, Stop Overtourisme”. A partir de este elemento, el atestado llega a afirmar que este hecho “confirmaría sin lugar a género de dudas la actividad delictiva de esta persona”.

El Instituto Armado dedica además parte de su informe al manual de acción directa difundido por 'Menys Turisme, Més Vida'. A pesar de que el documento fue difundido públicamente más de un mes después de los ataques, los agentes consideran “cuanto menos llamativo” que las recomendaciones que contiene -como ocultar el rostro, emplear pintura o inutilizar cerraduras con silicona- coincidan con el modus operandi observado durante la investigación de los hechos. Para la Guardia Civil, esa similitud constituye un indicio relevante dentro de la investigación.

'Menys Turisme, Més Vida': “Quieren criminalizar el movimiento”

La operación ha generado una intensa reacción entre organizaciones sociales y colectivos por el derecho a la vivienda. El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida' Pujol cuestiona la utilización de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la investigación y señala que, de acuerdo a la información jurídica de la que dispone la plataforma, un particular solo puede grabar la vía pública en supuestos muy excepcionales. Si finalmente se acreditara que alguna de las cámaras no cumplía la normativa, considera que resultaría “muy fuerte” que esas imágenes hubieran servido como prueba. En su opinión, la difusión pública de los vídeos de las detenciones perseguía “criminalizar y poner a la gente en contra” del movimiento y constituye un ejemplo de lo que califica como una operación “política”.

Respecto al manual de acción contra la turistificación difundido por la plataforma, niega que éste suponga una incitación a cometer actos vandálicos. Defiende que el documento recoge formas de protesta que “ya se están llevando a cabo” tanto en Mallorca como en otros territorios y sostiene que el movimiento pretende legitimar una forma de acción directa no violenta que, asevera, ha formado parte históricamente de las luchas ecologistas y sociales. “No nos hemos inventado nada ni estamos agitando a la sociedad para hacer locuras, sino recogiendo acciones que ya se hacen”, argumenta.

Por su parte, Alerta Solidària y el Sindicat de Llogateres de Mallorca denuncian que las detenciones buscan “desmovilizar” al movimiento y sostienen que se está utilizando el derecho penal para reprimir la protesta contra la turistificación. La entidad sindical acusa además a los “poderes fácticos del capital”, en referencia al sector inmobiliario y turístico, de actuar junto a los aparatos coercitivos del Estado para tratar de diluir las protestas. El colectivo sostiene que la respuesta policial pretende generar miedo entre quienes denuncian la crisis de acceso a la vivienda y asegura que continuará apoyando las movilizaciones convocadas contra la turistificación, el encarecimiento de la vivienda, la expansión del alquiler vacacional y el aumento de la presión turística, que han situado el acceso a una vivienda asequible en el centro del debate político y social.

Mientras tanto, la plataforma SOS Residents ha impulsado una campaña para distribuir y colgar en balcones y ventanas pancartas con el lema “SOS Residents, Stop Overtourism!” a raíz de su inclusión en el atestado como uno de los indicios contra una de las detenidas. El colectivo anima a la ciudadanía a “llenar balcones, ventanas y calles de pancartas para demostrar que defender el derecho a la vivienda y denunciar las políticas del Govern no es ningún delito”.

Comparecencia de Grande-Marlaska

A las críticas también se ha sumado Més per Mallorca, que ha cuestionado el operativo policial y ha advertido del riesgo de convertir la protesta social en un problema de orden público. La formación ecosoberanista considera que la respuesta institucional está desplazando el foco del debate sobre la emergencia habitacional y la masificación turística hacia la persecución de quienes denuncian sus consecuencias. El diputado de Sumar-Més en el Congreso Vicenç Vidal ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, para que den explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil. En un mensaje publicado en X, Vidal se pregunta: “¿Por qué defienden a las empresas que destrozan la vida de nuestros ciudadanos?”.

La formación ecosoberanista quiere conocer qué motivó el operativo policial, qué protocolos se siguieron y si se respetaron los derechos de las detenidas. Además, sostiene que el debate trasciende la actuación policial y se cuestiona “por qué el Estado acaba protegiendo los intereses del capital especulativo que alimenta la turistificación y destroza la vida de la gente, mientras pone el foco sobre las personas que denuncian esta situación”.

El Govern balear, mientras tanto, ha evitado este viernes pronunciarse sobre la actuación de la Guardia Civil y la detención de las dos activistas al alegar que desconoce los detalles de la investigación, aunque ha expresado su “máximo respeto” por la labor de los agentes. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Antònia Maria Estarellas (PP), sí ha condenado la “vandalización” de comercios y ha reclamado que la manifestación convocada para el próximo 26 de julio se desarrolle de forma “pacífica”, al tiempo que ha advertido de que “no se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas”.