Las activistas investigadas por pintar inmobiliarias de lujo de Mallorca denuncian presiones durante su arresto
Las dos jóvenes investigadas por su presunta vinculación con los daños ocasionados el pasado mes de mayo en varias inmobiliarias de lujo de Santa Maria del Camí (Mallorca) han denunciado este martes ante el Juzgado la posible vulneración de sus derechos fundamentales durante la detención practicada por la Guardia Civil el pasado 15 de julio. Su arresto provocó una oleada de movilizaciones y reacciones políticas dentro y fuera de la isla apenas unos días antes de la multitudinaria manifestación llevada a cabo ese mes para protestar contra la turistificación y la crisis de la vivienda.
Las dos activistas han comparecido de forma voluntaria ante el Tribunal de Instancia de Palma, en la plaza número 12 de la Sección de Instrucción, donde han expuesto las circunstancias en las que se produjo su detención y han cuestionado la legalidad de algunas de las actuaciones policiales. Ambas han asegurado que los agentes las presionaron para que admitieran su participación en los hechos antes de que pudieran hablar con un abogado en condiciones que, según su defensa, pudieran garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Al término de su declaración, en la que únicamente han estado presentes el juez y su abogado, Josep de Luis, éste ha explicado que las jóvenes no pudieron mantener inicialmente una conversación directa y privada con un letrado, sino que para su primera asistencia solo pudieron contactar con una letrada por teléfono, en manos libres y en presencia de varios agentes de la Guardia Civil. La defensa considera que esta circunstancia podría haber comprometido su derecho a la asistencia letrada y sostiene que existen elementos que deben examinarse para determinar si se vulneraron sus garantías durante el arresto.
El abogado también ha denunciado que los agentes instaron a las investigadas a entregar varias prendas de ropa que supuestamente podrían relacionarlas con los hechos. La defensa asevera que los guardias civiles habrían acompañado esta petición de advertencias sobre la posibilidad de registrar sus domicilios o prolongar la detención si no accedían a entregarlas y considera que estas circunstancias podrían tener consecuencias sobre la validez de las diligencias practicadas y estudia las vías legales para impugnarlas.
Otro de los aspectos que ha cuestionado el abogado es el uso de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia incorporadas a la investigación. Tal como informó en su momento elDiario.es, el informe policial aportado a la causa se apoya en el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, un hecho que generó la crítica de las entidades sociales ante las dudas sobre si varias de ellas, instaladas en la fachada de una de las inmobiliarias, grababa más espacio público del permitido por la normativa de protección de datos.
A partir del análisis de las grabaciones, la Benemérita reconstruyó los desplazamientos de las personas investigadas, identificó vehículos, ropa y mochilas y, posteriormente, recurrió a perfiles públicos en redes sociales para tratar de confirmar sus identidades y las relaciones existentes entre ellas. El abogado ha denunciado que algunos de los dispositivos no captaban únicamente las fachadas de los establecimientos, sino también una parte considerable de la vía pública, por lo que ha pedido examinar si la obtención de esas imágenes se ajustó a la normativa aplicable y si pueden utilizarse como prueba en el procedimiento.
Una investigación por daños y pertenencia a grupo criminal
Las dos jóvenes fueron detenidas el pasado 15 de julio en el marco de la investigación de la Guardia Civil por los daños ocasionados en cinco inmobiliarias de Santa Maria del Camí. Los hechos investigados se remontan a la noche del 31 de mayo e incluyen pintadas, daños materiales y la inutilización de cerraduras. Las actuaciones se produjeron en un contexto de creciente tensión por la turistificación y la crisis de acceso a la vivienda en Mallorca.
Tras su arresto, ambas se acogieron a su derecho a no declarar tanto en dependencias de la Guardia Civil como ante el juzgado, tras lo cual quedaron en libertad provisional.
La investigación policial atribuye a las dos mujeres y a un tercer investigado presuntos delitos continuados de daños, daños contra el patrimonio histórico y pertenencia a grupo criminal. Según el atestado de la Guardia Civil, los ataques habrían sido coordinados y premeditados. Las organizaciones sociales contrarias a la turistificación han cuestionado la calificación de los hechos como pertenencia a grupo criminal y han denunciado lo que consideran una respuesta desproporcionada contra el activismo por el derecho a la vivienda.
El operativo generó también controversia por la exposición pública de las detenidas durante los arrestos y su traslado a dependencias judiciales. El jefe de la Guardia Civil en Balears, el general de brigada Alejandro Hernández, defendió posteriormente la actuación de los agentes y aseguró que no se había producido “ningún tipo de desproporción”. El mando justificó el dispositivo por la gravedad de los daños investigados y rechazó que la actuación policial respondiera a motivaciones políticas.
Con su declaración de este martes, las dos jóvenes han trasladado al juzgado sus objeciones sobre las condiciones de la detención y la obtención de las pruebas. Su defensa considera que las circunstancias denunciadas podrían afectar a la validez de algunas actuaciones policiales e incluso abrir la vía a solicitar el archivo del procedimiento, una posibilidad que dependerá de la valoración judicial de los hechos y de las diligencias practicadas.