La macrogranja de las gallinas heridas y los cadáveres en descomposición denuncia una “trama” en su contra

Nicolás Ribas

20 de octubre de 2026 19:11 h

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Avícola Son Perot ha denunciado este mediodía ser víctima de una “trama” y una “campaña de acoso” orquestada por entidades animalistas “en un contexto político y preelectoral sensible” en Mallorca, después de que elDiario.es avanzara el estado en el que se encontraban las instalaciones y sus gallinas ya aparecieronde 2026. Las imágenes muestran gallinas con heridas abiertas, aves que se picotean hasta llegar a los tejidos internos y cadáveres en descomposición junto a animales vivos, además de mucha suciedad, excrementos acumulados e incluso cucarachas. La empresa ha mostrado “su más enérgico rechazo” y denuncia ser, a su juicio, “víctima de una trama” y de una “campaña de acoso e intoxicación perfectamente orquestadas por entidades animalistas”. Por su parte, el Govern ha anunciado una investigación para determinar si los hechos pueden dar lugar a expedientes administrativos.

En concreto, las imágenes pertenecen a la granja de Mirabó (Manacor), con capacidad para alojar hasta 40.000 gallinas ponedoras y dependiente de Avícola Ballester (que opera bajo la marca Avícola Son Perot S.A), la misma empresa que gestiona otra explotación conocida en la isla por las graves deficiencias que salieron a la luz en 2025. De nuevo, una de las tres granjas de Avícola Ballester vuelve a estar bajo la lupa de las organizaciones animalistas y ecologistas, que denuncian excrementos sin retirar, suciedad extrema y maltrato animal de las gallinas.

Según la empresa, resulta “especialmente sospechoso” que, de manera “coincidente y sistemática”, a las puertas de citas electorales y en momentos de intenso debate político en Mallorca, se despliegue esta “ofensiva” que, siempre según su versión, y a pesar de que las imágenes se encuentran geolocalizadas y de que aparecieron en prensa los días 12, 15 y 17 de julio, utiliza “material audiovisual de origen no certificado y la procedencia exacta del cual no ha sido acreditada ni validada oficialmente”. Avícola Son Perot añade que la difusión de estas imágenes puede afectar a uno de sus proyectos, en Son Brau, donde quieren construir una nueva granja que en estos momentos tiene que pasar los trámites de la autorización ambiental integrada.

La compañía advierte “categóricamente” de que las imágenes difundidas “no cuentan con ninguna certificación oficial ni acreditación de procedencia” y continúa insistiendo en que “no puede demostrarse de ninguna manera que correspondan a la granja de Mirabó, ya que podrían tratarse de imágenes grabadas en cualquier otra granja o explotación avícola del territorio español”. Según la empresa, esta operación busca “manipular la opinión pública” y persigue “erosionar, de forma artificial, al sector primario balear y minar la producción local” en un momento clave.

“Violación flagrante de la bioseguridad”

Tras poner en duda que las imágenes formen parte del interior de sus instalaciones, la empresa pasa a afirmar que existe una “violación flagrante de la bioseguridad”, así como la comisión de un posible delito, ya que “la persona o personas que accedieron al interior de las instalaciones han perpetrado una vulneración flagrante y deliberada de los protocolos de bioseguridad”.

En este sentido, afirma que los protocolos de bioseguridad de obligado cumplimiento en cualquier instalación habrían sido vulnerados impunemente. “Nuestro gabinete jurídico ya está analizando estos hechos de extrema gravedad para emprender las acciones civiles y penales pertinentes contra los responsables”, advierten acto seguido. La empresa asegura que, en la actualidad, las dos naves de la granja se encuentran “completamente vacías de aves y en proceso habitual de mantenimiento y vaciado sanitario”, tal como se comunicó formalmente a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural durante este mismo mes de octubre, “tras finalizar el ciclo productivo”.

Desacredita el informe pericial recogido por este diario

Avícola Son Perot llega a desacreditar incluso el informe pericial del que informa este periódico en este reportaje y afirma que se trata de conclusiones extraídas “de un análisis parcial de material audiovisual anónimo y sustraído ilegalmente”. “La responsable de los servicios veterinarios de Avícola Son Perot sostiene que las valoraciones realizadas sobre supuestas secuencias del vídeo ignoran por completo la realidad del manejo diario y descontextualizan imágenes puntuales o correspondientes a períodos anteriores, ya resueltos o sujetos a los controles oficiales pertinentes”, defiende la empresa.

Desde la mercantil aluden, en concreto, al informe aportado por la veterinaria Alba Nieto Palau en el que analiza 54 minutos de grabaciones realizadas en tres fechas distintas, separadas por seis días, y documenta la presencia reiterada de gallinas con lesiones graves, cadáveres en diferentes estados de descomposición, insectos y acumulaciones de excrementos. La perito considera que la coexistencia de estos elementos es compatible con deficiencias mantenidas en el tiempo y no con un episodio aislado. También señala que la cantidad y el estado de los cadáveres resultan incompatibles con la retirada diaria que exige la normativa y que las imágenes plantean posibles incumplimientos de las obligaciones de bienestar animal, higiene y bioseguridad, extremos que corresponde verificar a las autoridades competentes.

Al hilo de lo anterior, desde Son Perot afirman que las explotaciones de la empresa cuentan “con el prestigioso certificado de bienestar animal Welfair”, que acreditaría que sus instalaciones están “sometidas permanentemente a auditorías rigurosas y controles constantes, tanto por parte de entidades certificadoras independientes como de los organismos públicos competentes del Govern, con el objetivo de garantizar los máximos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal”.

AENOR retiró su sello de bienestar de la granja de Llucmajor

Cabe señalar, en este sentido, que AENOR suspendió el sello de bienestar animal Welfair de la granja de Llucmajor durante el verano de 2025, después de las imágenes que este diario avanzó sobre el estado de las instalaciones y las condiciones en las que vivían las gallinas en otra de las explotaciones de la empresa. De hecho, elDiario.es también pudo acreditar que AENOR ofreció a la granja de Llucmajor pactar la fecha de la auditoría de bienestar animal que le resultó favorable. Este diario no ha podido contrastar si la granja de Llucmajor está certificada en estos momentos.

Pese a ello, Avícola Son Perot defiende que las explotaciones del grupo operan bajo “un sistema permanente de controles, inspecciones y auditorías” que, según la empresa, “garantizan el cumplimiento de la legislación europea, estatal y autonómica” y responden -añade- a un modelo de producción “altamente regulado, en el que la protección del medio ambiente constituye uno de los principales ejes de gestión”.

En su defensa, la empresa desplaza el foco de las condiciones de las instalaciones al peso económico y laboral del sector al aseverar que la producción avícola representa “mucho más que una actividad económica” debido a la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, es decir, la actividad de proveedores, transportistas, empresas de servicios, veterinarios, distribuidores y otros profesionales vinculados al sector primario. También advierte de que reducir la producción local, “implicaría inevitablemente una mayor dependencia de huevos procedentes de otros territorios”.

Mientras tanto, la responsable de los servicios veterinarios de Avícola Son Perot niega las “acusaciones” que, a su juicio, se derivan del reportaje publicado por este periódico. Explica que cuando las aves completan su ciclo productivo habitual, son trasladadas de forma ordenada al matadero. Actualmente, insisten, las naves de Mirabó se encuentran completamente vacías, cumpliendo el periodo reglamentario de vacío sanitario. Además, defiende que la compañía aplica “medidas estrictas para prevenir y controlar el picaje y el canibalismo entre las aves”, a través de diferentes técnicas. Entre ellas, la colocación de balas de alfalfa y tolvas con carbonato cálcico, junto con un control exhaustivo de la intensidad lumínica la atención a la genética y a la salud digestiva, así como la vigilancia y el tratamiento específico del ácaro rojo mediante productos autorizados. Asimismo, las instalaciones disponen de una enfermería “para aislar y tratar individualmente a cualquier animal herido hasta su completa recuperación”.

En cuanto a la retirada de cadáveres se realiza “sistemáticamente mediante inspecciones diarias y semanales”. “Los animales muertos se almacenan en contenedores especializados para su posterior recogida por vehículos autorizados”, defiende. Cuando las gallinas dejan de ser productivas, se lleva a cabo “un proceso cíclico y exhaustivo de limpieza, desinfección y desinsectación”. La empresa defiende que este proceso incluye la retirada completa de la gallinaza, el lavado a presión con agua caliente y detergente y una desinfección profunda, sometida a controles microbiológicos para verificar la ausencia de Salmonella. Además, “existe un contrato permanente con una empresa especializada para el control mensual de plagas y se utiliza un sistema automatizado de limpieza de excrementos mediante palas y cintas transportadoras”, insisten.

Del mismo modo, la empresa afirma garantizar “el cumplimiento estricto de los estándares de higiene del agua” y el proceso de recogida de huevos está “completamente automatizado”, separado de las zonas de excrementos. La compañía niega categóricamente que exista “riesgo sanitario o para la seguridad alimentaria de los consumidores”.

La Conselleria envía inspectores a la granja

Por su parte, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha explicado este martes que técnicos del Servicio de Producción Ganadera se han desplazado a primera hora a las instalaciones de Mirabó de Avícola Son Perot en Manacor. Estas dos naves están vacías desde hace aproximadamente diez días, según ha explicado Simonet. “Esta granja se vació con las autorizaciones pertinentes, y los animales fueron trasladados a un matadero de la península”, ha argumentado. La Conselleria ha anunciado que inicia una investigación para comprobar si las imágenes del interior de la granja “pueden constituir un motivo para que abramos los expedientes administrativos correspondientes, y actuaremos en consecuencia de eso”.

El titular de Agricultura ha detallado que existen dos resoluciones. Una para cada nave de la macrogranja de Mirabó, que puede albergar hasta 40.000 gallinas ponedoras. El conseller ha recordado, además, que en agosto del año pasado esta explotación registró un brote de Salmonella Enteritidis en una de sus naves. Según el expediente al que accedió este diario, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural adoptó medidas cautelares y sanitarias urgentes, como el cese de comercialización de huevos procedentes del lote o manada sospechosa. Cuando se registra un brote hay dos opciones: eliminar la producción de huevos de gallina o pedir una autorización especial para la producción de huevo líquido.

“Esta autorización se dio: esta nave ha estado produciendo huevina hasta que ha finalizado”, ha afirmado Simonet. En cuanto a la otra nave, la resolución contemplaba el sacrificio de las aves. Después, la empresa debía realizar una “eficiente y completa limpieza y posterior desinfección, desinsectación y desratización”. Para ello, debían utilizarse productos específicamente autorizados y registrados para esos usos. Transcurrido un periodo de tiempo adecuado desde la desinfección se procedería “a la toma de muestras ambientales con el fin de verificar la eficacia de las labores de limpieza y desinfección y la ausencia de Salmonella spp en el ambiente”, señala el expediente.

Además, la nave no podía llenarse inmediatamente de gallinas. La resolución establecía una prohibición de repoblación durante los 12 días posteriores a “la realización de la limpieza, desinfección, desratización y, en su caso, desinsectación”. Además, las fechas del sacrificio de las aves, de la desinfección, de la toma de muestras ambientales y de la posterior repoblación debían ser comunicadas a las autoridades competentes y quedar registradas. Todas estas medidas, precisa el expediente, debían mantenerse “durante todo el ciclo productivo de las aves”.

“Nos han enviado dos solicitudes: una de vaciado de la nave, para trasladar las gallinas, que eso no necesita autorización y otra que sí se hizo una resolución porque es la que estaba afectada por la salmonela”, ha asegurado. En este último caso, los animales han sido enviados “con los permisos correspondientes” a un matadero de Murcia. “Nos han comunicado –el matadero– que tenían autorización y que han llegado sin incidencias”, ha añadido Simonet.

En cuanto al plan de control de la salmonela, el conseller ha explicado que en los dos últimos años la Conselleria ha hecho 25 inspecciones en diferentes granjas de Balears. “En este programa de seguimiento se han detectado cinco positivos”, ha asegurado, de los cuales uno de ellos se detectó en una de las naves de Mirabó. “La salmonelosis no tiene por qué estar vinculada directamente a granjas grandes o intensivas. Hay granjas pequeñas, algunas de ellas de producción ecológica, que han tenido salmonela en los últimos años. Lo que pasa es que en estos casos han decidido sacrificar a las gallinas”, ha dicho Simonet.

En este sentido, ha aclarado que una vez una nave da positivo en salmonela, si recibe la autorización especial para producir huevo líquido, ya entra dentro del plan de control y no se realizan más inspecciones. La Conselleria, además, explica que la macrogranja ha sido sometida a controles oficiales anuales desde el año 2021, sin que se hayan detectado deficiencias, exceptuando el positivo en salmonela. A partir de ese momento, cuando los se destinan a la industria de ovoproductos, el control y seguimiento corresponde a Salud Pública, en el marco de sus competencias en materia de seguridad alimentaria.

“En principio, nosotros no tenemos constancia de ello”, ha respondido Simonet, sobre si habían detectado riesgo para la salud pública. En cualquier caso, ha explicado que hay que tener en cuenta que cuando los huevos entran dentro de la producción de huevo líquido, se someten a un proceso térmico, y está permitido que los huevos con salmonela pasen por ese proceso. “Si fueran huevos frescos, no se podrían comercializar de ninguna manera”, aclara.

Asimismo, la Conselleria explicó que tenía previsto realizar una nueva inspección en la explotación en el último trimestre de este año. No lo hizo, aclararon, después de que la empresa manifestara “su intención de sacar a las gallinas”. “Actualmente, no hay una fecha confirmada para la reintroducción de gallinas en las instalaciones. En cualquier caso, cuando se vuelva a la actividad, la Conselleria llevará a cabo una nueva inspección en la explotación para comprobar el cumplimiento de la normativa”, explicaron.

Los animalistas piden cerrar la granja

Kike Gimeno, portavoz de Satya Animal –la organización que, junto a ARDE, ha accedido a las grabaciones–, ha explicado en una rueda de prensa esta mañana que estas imágenes “nos recuerdan claramente a las de la granja de Llucmajor, que denunciamos el año pasado y que pertenece a la misma empresa”. “Son prácticamente idénticas: creemos que incluso un poco peores en esta ocasión”, ha afirmado.

Después de la publicación en primicia de la situación de la macrogranja de Llucmajor, la empresa tuvo que reducir sus instalaciones: sacrificó a gran parte de los animales, pasando de casi 136.000 gallinas ponedoras a 40.000, para cumplir con la legislación autonómica. Además de las medidas cautelares, el Govern abrió un expediente sancionador que terminó en una multa de 200.100 euros por siete irregularidades graves y una leve, como informó este diario.

El procedimiento sancionador quedó suspendido, a la espera de que la Audiencia Provincial de Balears revise el archivo de la denuncia penal presentada por la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor. El procedimiento se inició en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma, que apreció infracciones administrativas –ya sancionadas– y no penales.

“Después de todas las denuncias del año pasado, no vemos que hayan tenido un efecto real en la empresa. Sigue cometiendo las mismas irregularidades y la situación se repite una y otra vez”, lamenta Gimeno, y advierte que si Avícola Ballester termina construyendo una nueva macrogranja de 80.000 gallinas, como proyecta en Son Brau (Manacor), estas situaciones “podrían volver a producirse”. “Nos preocupa, tanto por los animales como por las personas”, concluye.

“Creemos que la Conselleria debe poner freno a Avícola Ballester. Esto pasa por cerrar las granjas investigadas que, según sostenemos, han demostrado ser un peligro para la salud pública”, explica Julia Elizalde, portavoz de ARDE. Así, ha considerado que la Conselleria debe rechazar “tajantemente” el proyecto de la macrogranja de 80.000 gallinas en Son Brau. “Si el Govern no hace nada para impedirlo, en Son Brau, tendremos una granja de los horrores. Creemos que deben decidir si están del lado de las vecinas de Manacor, de la salud pública y de la ciudadanía de Mallorca, o del lado de lo que consideramos una granja de los horrores”, afirma.

Elizalde, antes de conocer la postura oficial de la Conselleria, ha considerado que un vaciado es algo “extremadamente raro” en una granja avícola. Sobre todo, teniendo en cuenta que ambas naves se han vaciado por completo, y que tampoco hay una fecha prevista para la reintroducción de las gallinas. “Eso significa que la granja estaría ahora mismo inoperativa, y no creemos que esto pueda deberse únicamente a una decisión empresarial o económica”, asegura.

En cuanto a la empresa que vuelve a estar en el punto de mira, Elizalde recuerda que “a pesar de estas sanciones, las irregularidades por parte de Avícola Ballester no cesan”. “Es una constante, como también lo es que la empresa presente proyectos de macrogranjas que provocan un importante sufrimiento a la población de las zonas rurales de Mallorca”, opina.

Sin embargo, Simonet ha desligado la situación de Mirabó con el proyecto de Son Brau porque se trata de “procesos independientes”. “Son procesos que están reglados y en derecho administrativo no podemos mezclar una cosa con la otra porque estaríamos prevaricando”, ha alertado.