La macrogranja de los horrores sacrifica a casi 90.000 gallinas para cumplir con las medidas del Govern balear

La empresa Avícola Son Perot S.A., que opera bajo la marca comercial Avícola Ballester, ha procedido al sacrificio de casi 90.000 gallinas de sus instalaciones en Llucmajor (Mallorca), la conocida como “macrogranja de los horrores”. Esta medida se ha ejecutado en cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear.

Una de ellas consistía en que la explotación avícola pasara de las casi 136.000 aves al techo de 40.000 animales, como establece la legislación autonómica. Cabe señalar que la explotación avícola se situó bajo el foco mediático a finales de mayo de 2025, cuando elDiario.es publicó en primicia las condiciones de insalubridad, falta de higiene y suciedad extremas que se desprendían de las imágenes inéditas, grabadas por las asociaciones ARDE y Satya Animal, entre los días 21 y 29 de abril.

El sacrificio masivo se ha llevado a cabo a pesar de que la Federación de Santuarios de Animales (FESA) solicitó formalmente una “solución ética y urgente” para evitar la muerte de las aves. “Hacemos un llamamiento urgente a las autoridades locales, al propietario de la explotación y a la Conselleria d’Agricultura para detener esta medida cruel e innecesaria”, señaló a este diario María González Sola, secretaria de la Federación de Santuarios de Animales, en referencia al “vaciado sanitario” –es decir, el sacrificio– que impuso la Conselleria que dirige Joan Simonet (PP), después de decretar el cierre de una de las siete naves –destinada a gallinas camperas–.

Fue una de las medidas que impuso el Govern de Marga Prohens después de que varios técnicos de la Conselleria, así como agentes del Seprona de la Guardia Civil, comprobaran que se habían cometido un total de siete infracciones calificadas como “graves”. El cierre de la nave siete supuso el sacrificio de unas 20.000 gallinas. Aunque inicialmente se propuso una sanción de 420.000 euros, finalmente se impuso una multa de 200.100, por siete faltas graves y una leve, como informó este diario. La Conselleria, sin embargo, aseguró no tener competencias en cuanto a la gestión de las aves y trasladó la responsabilidad a la propiedad. González Sola aseguró a este diario que la alternativa que proponía FESA no ponía en riesgo “en ningún momento las medidas sanitarias necesarias para el correcto traslado de los animales”.

“El dinero está por encima de todo”

El portavoz de Satya Animal, Kike Gimeno, explica a este diario que el caso de Llucmajor es una muestra más “de la cosificación de los animales tanto por parte de la empresa, que solo busca el beneficio económico, y por parte de la administración, a quien no le interesan ni lo más mínimo los animales”. Gimeno lamenta que parece que el dinero está “por encima de todo: de las personas, de los animales, y del medio ambiente”.

La explotación avícola de Llucmajor, situada en la finca de Ses Cisternetes, cuenta con un total de siete naves –seis para las aves, así como un centro de clasificación de huevos–, con una capacidad máxima de 135.696 gallinas (54.672 gallinas en jaulas, 63.024 gallinas camperas –tipo 1– y 18.000 aves en producción de aviario). Sin embargo, después de la investigación publicada por este diario, y tras varias irregularidades detectadas por el Govern en inspecciones anteriores, se impone a la macrogranja la obligación –que marca también la nueva ley– de acoger un máximo de 40.000 gallinas.

Esta medida cautelar ha sido cumplida por parte de la macrogranja, como se desprende de la resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, tras una petición de transparencia solicitada por este diario. El 5 de diciembre de 2025, una veterinaria oficial del Servicio de Producción Ganadera revisó la documentación relativa al expediente de la explotación avícola, así como los registros de movimiento y censo de la explotación. La inspección constató que tres días antes, el 2 de diciembre, la granja de Llucmajor había reducido el número de aves por debajo de las 40.000 gallinas.

Según la información solicitada, Fernando Fernández, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, dictó una resolución mediante la cual se ordenaba “la ratificación de la suspensión parcial de la actividad de producción y reproducción de la especie avícola”. En la práctica, suponía la prohibición de la entrada de nuevas aves y la progresiva desescalada hasta situar el techo por debajo de las 40.000 gallinas. En este caso, como ocurrió tras el “vaciado sanitario” de la nave 7 –la que se encontraba en estado más grave, según determinaron las autoridades mediante inspección–, la empresa ha procedido al sacrificio de todas ellas, pese a que diferentes organizaciones ofrecieron sus santuarios para evitarlo.

Concretamente, FESA manifestó que existía “una alternativa real y compasiva: el traslado inmediato de todos los animales afectados a una red de santuarios asociados, donde podrán ser acogidos, rehabilitados y vivir libres de explotación”. Así, afirman que varios de sus miembros confirmaron su disponibilidad para acoger a las gallinas y “garantizarles una vida digna”. Ofrecieron su infraestructura santuarios y refugios como La vida color frambuesa, Espíritu Libre, Mis Amigas Las Palomas (MALP), Finca Arkadia y El Hogar. Para transportarlas de forma segura, sostuvieron, cuentan con varias organizaciones como Salvando Peludos que mostraron “interés y apoyo” para encargarse del traslado. Para financiar su rescate, indicaron que contaban con la colaboración ciudadana.

Finalmente, FESA exigió al Govern balear facilitar “permisos para su rescate y transporte”, indicando que la federación animalista seguiría “en todo momento los protocolos de traslado acordes a los permisos sanitarios pertinentes”. “Este caso refleja la urgente necesidad, como sociedad, de cambiar la forma en que tratamos a los demás animales”, concluyeron. En este sentido, Gimeno destaca la implicación de las organizaciones animalistas agrupadas en FESA, quienes “siempre están del lado de los animales y no se esconden cuando hay que actuar solidariamente”. “Es algo que deja todavía más en evidencia a nuestros gobernantes”, manifiesta.

Un juzgado de Palma archiva la causa

Después de que este diario desvelara en primicia la situación de la macrogranja de Llucmajor, las entidades animalistas, junto a una plataforma vecinal afectada por los malos olores del estercolero –la Asociación Stop Macrogranja Llucmajor–, presentaron varias denuncias ante los órganos judiciales correspondientes. En un auto fechado el 3 de junio de 2025, el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma abrió diligencias penales contra la empresa Avícola Ballester por la presunta comisión de un delito de maltrato animal. En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, la jueza solicitó al Seprona de la Guardia Civil que llevara a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, así como los informes completos de todas las actuaciones efectuadas en torno a la explotación avícola.

Sin embargo, el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no quedaba acreditada la comisión de ningún delito por parte de la empresa. En el escrito se denunciaban la presencia de animales muertos, las deficiencias higiénico-sanitarias y los riesgos para la salud animal y pública derivados de las condiciones de la macrogranja. El auto judicial reconocía la presencia de cadáveres de gallinas en distintos estados de descomposición en las instalaciones, lo que evidenciaba deficiencias en la retirada de los mismos, y por lo tanto higiénico-sanitarias. No obstante, la Sala concluyó que estas deficiencias correspondían a infracciones administrativas, ya sancionadas, y no penales. 

“Los animales no tienen ninguna protección por parte del sistema legislativo actual”, opina Gimeno, sobre este punto. El portavoz de Satya Animal lamenta que no han bastado “infinidad de imágenes del horror de la granja para que se considere un maltrato a los animales”. “Cuesta creerlo, y cuesta imaginarse qué tiene que pasar para que [el maltrato] sea penalmente punible”, valora.

Lorenzo Peñas, abogado de la Asociación Stop Macrogranja, presentó un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ante la Audiencia Provincial de Balears. Una medida respaldada también por las entidades que denunciaron el caso para que saliera a la luz. “Pensamos que el recurso es lo mínimo que se puede hacer para reclamar la justicia que se merecen tanto los animales como los vecinos”, asegura Gimeno. “Visibilizar esta realidad es primordial para que empecemos a generar un cambio legislativo y social”, concluye.