La odisea para que la Casa del Pueblo que 'el banquero de Franco' donó a los obreros y que fue convertida en pisos sea 'lugar de memoria'

Pere Vicenç Miró dio un respingo cuando el miércoles 3 de junio vibró su teléfono móvil y vio el nombre de su abogado en la pantalla. Aquella llamada le cogía por sorpresa, y no sólo porque acabara de volver a Mallorca después de una larga temporada viviendo muy lejos de la isla. Las noticias que empezó a contarle el jurista eran buenas, muy buenas, y, de golpe, trasladaron a Vicenç hasta noviembre de 2021.

Cuatro años y medio después, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears obliga al Govern a estudiar una solicitud de la asociación Amics de la Casa del Poble que no se consideró en su momento. El origen de una batalla que esta entidad impulsada por decenas de vecinos del Eixample de Palma acaba de ganar. Al menos, en su plano judicial.

Porque el tuétano del asunto es la parcela que hay a espaldas de Vicenç. O que había: en el mismo lugar donde entre 1924 y 1975 primero se levantó la sede mallorquina de los principales sindicatos –hasta la Guerra Civil– y, después, la sede mallorquina de Falange, tras el triunfo de la rebelión fascista, ahora se construyen pisos. Inflados por los precios de la burbuja inmobiliaria, serán un producto de lujo. Como en la letra de Cambalache, la memoria histórica se mezcla con la especulación urbanística.

Antes de que empezara la obra, Amics de la Casa del Poble intentó que la Llei de Memòria de les Illes Balears protegiera y resignificara el solar, que lo incluyera en su catálogo de lugares relacionados con la represión franquista. Dice Vicenç: “La Casa del Poble fue un elemento de defensa democrático –allí dentro se debatió y se concienció a la clase obrera para conseguir derechos como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas, todo lo que ahora mismo recula– y, por tanto, es un elemento memorialístico de primer orden. En el golpe de Estado, las columnas que salen de los cuarteles de Palma van primero a Gobernación Civil y, después, vienen aquí. Incluso los falangistas habían guardado una ametralladora en una de estas cocheras por si la cosa se ponía fea y tenían que utilizarla. La tarde del 18 de julio, Aurora Picornell [icono del republicanismo en Mallorca] había ido a ver a las autoridades para pedirles armas y le respondieron que no se preocupara, que estaba todo controlado”.

La Casa del Poble fue un elemento de defensa democrático. Allí dentro se debatió y se concienció a la clase obrera para conseguir derechos como la jornada de ocho horas o las vacaciones pagadas. En el golpe de Estado, las columnas que salen de los cuarteles de Palma van primero a Gobernación Civil y, después, vienen aquí. Incluso los falangistas habían guardado una ametralladora

Un día después, los militares ya habían ocupado la Casa del Poble. Fue allí mismo donde detendrían a la propia Picornell antes de trasladarla a la cárcel de mujeres de Can Sales y, tras el Año Nuevo de 1937, a son Coletes, Manacor, donde la asesinaron junto al resto de ses roges des Molinar, el nombre con el que se conoce a un grupo de mujeres republicanas asesinadas por los falangistas en Mallorca. Después, los golpistas usaron como centro de torturas aquel edificio que el banquero Joan March Ordinas regaló a los sindicatos para congraciarse con las fuerzas obreristas cuando ejercía como político liberal, un lugar, ya enclavado en el centro de Palma “de mucho valor simbólico”. Así lo define Vicenç y se apoya en el informe que entregaron al Govern balear para tramitar una solicitud que no salió adelante.

El informe del historiador Santana

Era un documento de seis páginas. Repleto de datos y sucesos. Desde las 450 butacas que tenía la sala de asambleas hasta la bomba que explotó junto a una de las entradas de la Casa del Poble mes y medio antes del golpe de Estado que luego entró en los libros de Historia como “Alzamiento Nacional”. El informe estaba narrado de forma ágil, un hilo que entrelazaba cifras, fechas, ideas. La conclusión no podía ser más clara: “La Casa del Poble es un espacio de memoria de la democracia en un doble sentido. Por un lado, un espacio donde se canalizó la participación de la clase obrera en favor de una sociedad más justa e igualitaria. Pero, al mismo tiempo, tras el golpe de Estado de julio de 1936 y el inicio de la Guerra Civil, fue un lugar vinculado a la represión. Un espacio en el que se vulneraron los derechos más elementales y donde personas demócratas sufrieron tortura y violencia”.

“Lo más irónico”, cuenta Vicenç, “es que el informe lo firmaba Manel Santana, que no es sólo un historiador especializado en el tema, sino que fue el director general de Memòria Democràtica que impulsó una ley apoyada por los mismos partidos que seguían gobernando: PSIB, Unides Podem, Més. Y, aun así, no nos hicieron caso”. Mientras el activista –de oficio, docente– habla, aparece a lomos de su bici –clásica y roja– Joan Segura Miró, otro de los miembros de Amics de la Casa del Poble. En cuanto toma la palabra, vincula la cuestión memorialística con la macro y la microeconomía: “Yo viví en este barrio hasta 2009. Luego me fui y, aunque he seguido vinculado gracias a esta asociación, ahora no podría volver. Quien hace menos de diez años pagaba 650, 700 euros por un piso ahora no paga menos de 1.300”. Que Palma sea la segunda ciudad española con el coste de vida más alto o que el precio medio de la vivienda en la capital balear doble –prácticamente– la media estatal es, para Vicenç y Segura, una de las claves de bóveda que impidieron resignificar aquella parcela mientras estuvo vacía. Un largo paréntesis de casi medio siglo.

En las 450 butacas de la Casa del Poble se celebraban asambleas de trabajadores. El recinto sufrió los estragos de una bomba que explotó junto a una de las entradas mes y medio antes del golpe de Estado

“En enero de 1975”, explica Segura, “cuando ya se sabía que a Franco le quedaba poco para morirse y ya se había producido la Revolución de los Claveles, el Ajuntament de Palma decide tirar la Casa del Poble porque, después de un incendio, se había quedado en estado de ruina. O eso dijeron para quitarse de encima un lugar que les incomodaba”. Entonces los sindicatos, en plena oleada de huelgas y manifestaciones para dotar de derechos laborales a los empleados del turismo, protestaron con fuerza. Y sin éxito. El edificio cayó. Su recuerdo, sin embargo, se escribió en mayúsculas granate en una de las tapias que delimitaron el perímetro del solar. Vicenç, que se crió cerca de allí, recuerda pasar por allí siendo niño y, poco a poco, mientras despertaba su “conciencia política”, enterarse de qué había ocurrido al otro lado del muro. “Igual que hay una memoria democrática también hay una memoria franquista: antes de que muriera el dictador la intentaron ocultar”, apunta Vicenç.

En enero de 1975 el Ajuntament de Palma decide tirar la Casa del Poble porque, después de un incendio, se había quedado en estado de ruina. O eso dijeron para quitarse de encima un lugar que les incomodaba

Como si fuera un presagio, todo empezó a cambiar a raíz del 15-M. Durante la efervescente primavera de 2011, la policía desmontó unos huertos urbanos que se habían plantado sin permiso de la propiedad: el Ministerio de Trabajo. En 2016, Vicenç descubrió “por casualidad” que los dueños eran otros. “Pasé por aquí y vi que había unas personas dentro del terreno. Me dijeron que eran los dueños. Así me enteré que dos empresarios mallorquines habían comprado una parcela que el Gobierno de Rajoy subastó… con nocturnidad. No se le dio publicidad a aquella venta, sólo se publicó en el BOE, ¿y quién se lee el BOE?”.

El Ministerio subasta la parcela por menos de un millón de euros

En 2014, siendo ministra de Trabajo Fátima Báñez –que ya se había encomendado a la Virgen del Rocío para que bajara el paro–, el solar donde un día estuvo la Casa del Poble de Palma se privatizó. Una sociedad llamada Glicina SL desembolsó 880.000 euros por una superficie de 1.596 metros cuadrados. Una ganga: la normativa permitía construir un edificio de planta baja y tres alturas para uso residencial a menos de diez minutos caminando de la Estació Intermodal, el meollo de Palma. Según explican Vicenç y Segura, los planes de los compradores eran otros: “Tenían un proyecto para crear un AirBnB que no salió adelante. Al imaginarnos el barrio lleno de trolleys para arriba y trolleys para abajo, algo que ya ha ocurrido: la fisionomía de estas calles ha cambiado, hasta los bares de toda la vida están llenos de expats, nos organizamos”.

En 2014, el Gobierno de Rajoy privatizó el solar donde un día estuvo la Casa del Poble de Palma: una sociedad compró por 880.000 euros por una superficie de 1.596 metros cuadrados en pleno centro

La chispa que necesitaban fue la pandemia. Primero, se creó “una red de soporte mutuo entre vecinos” que se llamó Arxiduc fa pinya. Después, para celebrar el final del confinamiento, organizaron un sopar a la fresca junto a una parcela que seguía sin licencia de obra. Aquel 31 de agosto de 2020 nació Amics de la Casa del Poble. Una lechuza se posó en lo alto de un poste que habían decorado con guirnaldas y se convirtió en el emblema de una plataforma vecinal que no desligó le gentrificación del barrio de su historia reciente. El tiempo, no obstante, les corría en contra. Un año más tarde, el medio centenar de personas que de una manera u otra se habían involucrado en las actividades que ya se estaban organizando –conciertos, charlas, talleres de arteterapia, proyecciones de películas, restauración de aquellas letras que anunciaban en la tapia que al otro lado estuvo la Casa del Poble– leyó en la prensa local que el terreno tenía nuevo amo. Un fondo de inversión. Dinero extranjero.

Recaudación solidaria

–En el verano de 2021, ¿Amics de la Casa del Poble ya se había reunido con el Govern y con el Ajuntament de Palma?

–Sí, pero no hubo avances –cuenta Vicenç– porque no hubo interés por su parte, pese a que nuestra motivación fueron los libros y los artículos de historiadores que consultamos y que explican muy bien la importancia de la Casa del Poble. Nosotros, desde el primer momento, planteamos que se intentara recuperar la titularidad pública del espacio. Por ejemplo, ofreciendo una permuta a los dueños. Si tienen ánimo de lucro –algo que protege muy bien la arquitectura jurídica– y Cort posee propiedades en son Vida, ¿no se podría haber estudiado una permuta? Supongo que un terreno en una de las zonas más exclusivas del municipio satisfaría a estos compradores extranjeros. Pero no se hizo nada. [José] Hila [alcalde socialista entre 2017 y 2023] se negó a todo, excusándose en que había una licencia de obra en marcha, que se acabó concediendo. Dicen que hubo una Transición, pero yo no estoy tan seguro de que fuera así…

–Es muy representativo –le responde Segura– que tiraran la Casa del Poble y, en cambio, siga en pie sa Feixina [el mayor monumento franquista de las islas]. Lo que no tiene sentido es que, ahora, los partidos y las asociaciones que quieren tumbar aquel monolito no reivindiquen este espacio.

–El comunicado que envió Amics de la Casa del Poble a los medios de comunicación tras conocer que había ganado el contencioso-administrativo al Govern fue duro con Francina Armengol y Juan Pedro Yllanes: instaba a la ex presidenta y al ex vicepresidente de las Illes Balears a hacerse cargo “voluntariamente” de las costas del juicio. ¿El desencanto de vuestro colectivo también lo provoca la posición de Memòria de Mallorca?

–No fue fácil recaudar los fondos para presentar la denuncia –dice Vicenç–. Salieron de nuestros bolsillos, de las actividades que organizamos y de aportaciones que hicieron comercios y negocios del barrio (algunos ya no existen). Nos hemos jugado mucho y, por eso, nos sorprende que las llamadas de felicitación que hemos recibido tras la sentencia sean de asociaciones memorialísticas… de la Península. Hace ya años que Memòria de Mallorca nos dijo que no nos apoyaba porque no había edificio, pero la ley habla de espacios de memoria, no de bienes inmuebles.

“No se puede proteger un edificio que ya no existe”

Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, considera que “no se puede proteger mediante la ley un edificio que ya no existe”. Y argumenta su punto de vista: “Otra cuestión sería, por ejemplo, el Fortí d’Illetes, lugar de detención y fusilamientos, que sí debe incluirse en el censo estatal de lugares de memoria y protegerse porque aún conserva la fisonomía que tenía durante la represión. Este es un espacio que Memòria de Mallorca ha solicitado en reiteradas ocasiones que se incorpore al registro estatal de memoria democrática”. Oliver también defiende la gestión que hizo del tema el pacto de centroizquierda que gobernó las Illes Balears hasta junio de 2023: “El Govern se retiró del proceso y la comisión de Memòria Democràtica acordó la inclusión [en el catálogo], además de incluir una placa conmemorativa y explicativa en el lugar. La resolución [judicial] confirma lo que ya se había acordado, lo cual es positivo”.

Amics de la Casa del Poble, por el contrario, “no tiene noticia” de que haya en marcha acción alguna para resignificar aquella parcela en construcción. En el comunicado de prensa que escribieron cuando supieron que los tribunales les daban la razón argumentaron que el Govern se desdijo cuando, “tras escuchar el criterio de la Abogacía de la Comunitat Autònoma”, aceptó las pretensiones del demandante. Ocurrió en mayo de 2023, justo antes de las elecciones donde el PP, sin alcanzar la mayoría absoluta, barrió a los socialistas y sus socios progresistas.

Después de derogar la Llei de Memòria para complacer a Vox, ¿obligará el PP a recordar que el edificio de pisos que se está acabando de construir se levanta sobre los escombros de una antigua sede sindical? Según Amics de la Casa del Poble, el alcalde Jaime Martínez les emplazó “a reunirse para considerar el tema” cuando tuvieran la sentencia. Todavía no ha habido comunicación. Desde la Conselleria de Presidència responden de forma más críptica: “La sentencia debe ser estudiada por parte de la Abogacía para decidir cómo se puede proceder jurídicamente. Aún no se pueden adelantar pasos concretos porque hay que valorar qué podemos hacer y, por tanto, no sería prudente hacer futuribles”.

El fondo de inversión se hace el sueco

En febrero de 2022, el Govern rechazó suspender “por falta de fundamento jurídico” la licencia de obra que se le había otorgado al fondo de inversión que adquirió la finca. Entonces, ya se puso sobre la mesa crear un centro de interpretación que recordara qué fue la Casa del Poble. Sobre ello reflexionan Vicenç y Segura. “Estamos contentos por haber reivindicado la importancia de este rincón de Palma”, dice el primero. “Pero si toda esta odisea no se materializa en algo concreto, habremos perdido. La memoria es abstracta”, dice el segundo. Y, entonces, por el mismo hueco del que van saliendo, ya sin casco, una docena de albañiles, emergen tres personas que no van vestidas con mono de trabajo. Una mujer y dos hombres, uno de ellos –así lo identifica Vicenç–, “propietario de la mitad de Beach Invest, el fondo que compró el solar”.

Efectivamente, es James von Eden. Socio y director de Perlentaucher, una empresa que se dedica “al desarrollo, construcción y venta de proyectos propios de alto nivel” según una web que otorga a la firma “más de cien millones anuales de ventas”. En su catálogo figuran decenas de casas de lujo –vendidas o en venta– construidas en Mallorca, algunas cerca de Port Adriano, el club náutico donde la promotora tiene sus oficinas. Los pisos que están desarrollando en el centro de Palma no aparecen, sin embargo. Y el empresario no quiere hablar con la prensa.

–Señor Von Eden, somos periodistas. ¿Tendría usted un momento?

–[silencio]

–Le queríamos preguntar por las reivindicaciones de Amics de la Casa del Poble. Sabemos que las conoce porque tuvieron contacto hace años. ¿Sabe que la justicia le ha dado la razón en su pleito con el Govern?

–Sí, lo sé. Nuestros abogados se pondrán en contacto con ellos.

–¿Habrá un espacio en su proyecto inmobiliario para recordar el edificio que desapareció en 1975?

–Sí, lo habrá.

Parco en palabras, Von Eden se sube a su todoterreno Mercedes, arranca y se pierde en el tumulto de la ciudad.