Precintan y multan con 275.000 euros una vivienda convertida ilegalmente en piso turístico en Ibiza
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Una vivienda de Santa Eulària des Riu que estaba siendo comercializada como alojamiento turístico sin autorización ha acabado precintada y con una sanción de 275.001 euros. La actuación ha sido llevada a cabo conjuntamente por la Policía Local de Santa Eulària y el servicio de inspección turística del Consell d’Eivissa después de que los agentes documentaran durante 2025 que el inmueble se ofertaba para estancias turísticas pese a carecer del título habilitante necesario.
La investigación ha permitido acreditar, según el Ayuntamiento de Santa Eulària, que el inmueble había experimentado de facto un cambio de uso de residencial a turístico mediante su comercialización a través de una plataforma especializada en alquiler vacacional.
El expediente sancionador se ha dirigido contra varias de las personas que, de acuerdo con la documentación recabada durante las actuaciones, estaban vinculadas a la explotación turística del inmueble. Entre ellas se encuentra la persona encargada de comercializar la vivienda, el anfitrión que había publicado el anuncio en la plataforma de alquiler vacacional y los arrendatarios del inmueble que, a su vez, participaban en su comercialización.
El procedimiento también alcanza a los dos propietarios de la vivienda.
El Consell d'Eivissa, que es la administración competente para sancionar en materia de alquiler turístico ilegal, ha fijado finalmente una multa de 275.001 euros, al considerar los hechos una infracción muy grave de la normativa turística.
Además de la sanción económica, las administraciones han acordado el precinto de la vivienda con el objetivo de impedir que pueda continuar utilizándose como alojamiento turístico mientras no exista autorización para desarrollar esta actividad.
El expediente se enmarca en el endurecimiento de la lucha contra el intrusismo turístico en Eivissa, donde las administraciones han reforzado en los últimos años la inspección de viviendas anunciadas en plataformas digitales.
Desde enero de 2025, el Consell d'Eivissa había iniciado 262 expedientes sancionadores por alquiler turístico ilegal hasta abril de 2026. De todos ellos, 51 habían sido calificados como infracciones muy graves, mientras que se habían ejecutado diez precintos y otros cuatro se encontraban entonces en tramitación. La recaudación por sanciones alcanzó los 1,07 millones de euros en 2025, frente a los 77.672 euros registrados en 2016.
La estrategia insular combina las inspecciones presenciales con la vigilancia de las plataformas digitales. Entre marzo de 2019 y marzo de 2026, casi 15.000 plazas turísticas irregulares -14.532, en concreto- han desaparecido de las principales webs turísticas en Eivissa, según los datos del ConsellInsular. La retirada de esta oferta ilegal se ha convertido en uno de los principales frentes de la institución insular ante la presión turística y, especialmente, ante la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa la isla.
La presión también se ha traducido en importantes sanciones por la vía urbanística. El Ayuntamiento de Eivissa impuso en junio de 2026 una multa de 793.443,74 euros después de acreditar el cambio de uso de una vivienda residencial a turístico sin el título habilitante correspondiente. En noviembre de 2025, otros dos expedientes urbanísticos por viviendas destinadas ilegalmente al alquiler turístico en la capital insular sumaron más de 740.000 euros en sanciones.
La normativa balear, además, ha reforzado la responsabilidad sobre quienes intervienen en la comercialización de alojamientos turísticos sin autorización. El Decreto-ley 4/2025 contra la oferta ilegal contempla expresamente como infracciones la publicidad, contratación o comercialización de estancias turísticas que incumplan los requisitos establecidos por la normativa. También establece reglas de responsabilidad para las personas que intervengan en una infracción.