El registro de alquiler de corta duración golpea de lleno a Balears y destapa más de 3.000 pisos ilegales

Balears figura entre las comunidades autónomas con mayor número de viviendas turísticas y de temporada que operan fuera de la legalidad. En total, 3.062 solicitudes de registro obligatorio han sido revocadas en el archipiélago, según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el marco de la puesta en marcha del nuevo registro único de alquileres de corta duración.

Aunque en cifras absolutas Balears ocupa el séptimo lugar del ranking estatal, el dato adquiere una mayor dimensión al ponerlo en relación con su población: poco más de 1,2 millones de habitantes. En términos per cápita, el archipiélago se sitúa entre los territorios con mayor concentración de alquileres ilegales, solo por detrás de grandes comunidades turísticas como Andalucía, Comunitat Valenciana o Canarias, todas ellas con poblaciones muy superiores.

En total, el Ministerio ha notificado a las plataformas digitales la existencia de 86.275 viviendas ilegales en toda España que deberán ser retiradas de los portales online. Se trata de inmuebles que solicitaron el número de registro obligatorio, en vigor desde julio de 2025, pero que no cumplen los requisitos legales para operar como alquiler turístico o de temporada.

De las 412.253 solicitudes presentadas, el 78% correspondían a alquiler turístico y el 22% a alquiler de temporada. Balears se inscribe de lleno en el primer grupo, el más vinculado a la presión sobre el mercado residencial y al encarecimiento del acceso a la vivienda.

El Ministerio que dirige Isabel Rodríguez subraya que, con este registro, busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos, provocando “una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos”.

Un problema estructural, no puntual

A diferencia de otras comunidades, Balears no coloca ningún municipio entre los 20 con más solicitudes revocadas, una circunstancia que refuerza el alcance del dato: el alquiler turístico ilegal no se concentra en uno o dos puntos negros, sino que aparece extendido de forma homogénea por el territorio, donde centenares de viviendas han salido del mercado residencial para ser destinadas al alquiler turístico, muchas de ellas sin cumplir la normativa vigente.

Desde el Ministerio celebran que este registro “ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración, al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”. En comunidades como Balears, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales emergencias sociales, el impacto del alquiler ilegal resulta especialmente visible.

La retirada obligatoria de miles de anuncios abre ahora una incógnita clave: cuántas de estas viviendas volverán realmente al mercado residencial y cuántas buscarán nuevas fórmulas para seguir operando al margen de la ley.