Estrategia planificada

La empatía no es universal ni coherente, sino selectiva y utilitaria, y depende mucho de quién gobierna y a quién conviene señalar. Hablar de residencias, Angrois, Yak‑42, 11M o metro de Valencia, es poner un espejo: hubo muertos, hubo familias rotas, pero no hubo la misma coreografía de misas de Estado, exigencias de dimisión en bucle ni campañas emocionales sin descanso. Lo que entonces se pedía era pasar página, no hacer “política con los muertos”, respetar los tiempos judiciales y no “instrumentalizar el dolor”.

La derecha se presenta como propietaria de las víctimas cuando el marco le favorece, pero tiende a expulsar del espacio público a las víctimas que interpelan sus propias responsabilidades. Hay víctimas que sirven para exhibir luto y otras que resultan incómodas porque obligan a hablar de recortes, negligencias, guerras o decisiones tomadas por los suyos.

El duelo se convierte en un campo de batalla simbólico donde no se discute tanto cómo evitar futuras tragedias como quién se hace primero la foto, quién impone el relato moral y quién acusa a quién de frialdad o de cobardía. El resultado es devastador: la jerarquía entre víctimas ya no la marcan los hechos, sino la utilidad que tengan para reforzar un bloque político, y castigar al contrario.

En Huelva se acordó que los cargos públicos no se acercarían a las familias durante la misa‑funeral por Adamuz para evitar la escena clásica de los pésames en fila y preservar un espacio de duelo no colonizado por la política. Sin embargo, Juanma Moreno relató después que “volvió a saludar” a algunos familiares, rompiendo de facto ese marco de contención institucional que el propio PP andaluz decía defender frente a la “política sucia” alrededor de la misa.

En términos estrictamente simbólicos, el movimiento es claro: se fija un protocolo para no convertir el funeral en pasarela de poder, y el presidente andaluz decide que él sí puede franquear la barrera para abrazar, saludar y dejarse ver cerca del dolor. Ese desajuste entre la norma pactada (contención, distancia, respeto) y la práctica real (acercamiento selectivo, cámara mediante) es precisamente lo que transforma un gesto humano legítimo en capital político.

En redes y en parte del ecosistema mediático conservador, la escena se ha enmarcado como si hubiera dos bandos: un Gobierno “ausente” o “cobarde” que se parapeta en el protocolo y un presidente andaluz “valiente” que se atreve a cruzar la línea para estar “con las familias”. El mismo acuerdo que se invocó para vetar el funeral laico y ajustar la presencia del Ejecutivo acaba utilizándose después como arma: cuando lo respeta el Gobierno es frialdad institucional; cuando lo rompe Moreno, es cercanía heroica.

Lo que sucede en Huelva es un capítulo más de la batalla de marcos que ya vemos desde Adamuz: cada decisión técnica (tipo de homenaje, formato laico o religioso, niveles de representación) se reescribe como prueba moral a favor o en contra de cada bloque. Primero se tumbó el acto laico presentándolo como imposición fría del Gobierno, luego la misa se elevó a “misa de Estado”, y ahora el simple hecho de respetar el perímetro pactado se convierte en sinónimo de falta de empatía.

En ese contexto, el quebranto del acuerdo de no acercarse a las víctimas no es un desliz improvisado, sino un recurso perfecto para la agenda de aprovechamiento del duelo: si te quedas en tu sitio, eres distante; si atraviesas el límite que tú mismo ayudaste a definir, eres el político “valiente” que se atreve a abrazar el dolor ajeno. Lo crudo no es solo que se juegue con esa puesta en escena, sino que se use la misa (que las familias pidieron precisamente para escapar del espectáculo) como plató en el que medir quién se arriesga más al plano corto con las lágrimas de fondo.