La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha firmado un decreto que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas desplegadas contra las movilizaciones surgidas tras el golpe en ciudades como El Alto, La Paz o Cochabamba. La medida ha desatado la alarma de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha calificado de “grave” el decreto al considerar que va en contra los estándares internacionales de derecho humanos y “por su estilo estimula la represión violenta”.
“Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, ha indicado el organismo en Twitter. Junto al mensaje, publica las tres páginas del decreto, aprobado por Jeanine Áñez y 11 ministros.
En el artículo 3, el decreto supremo 4078 establece que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.
Amnistía Internacional se ha sumado a las críticas asegurando que con este decreto, Bolivia “estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las fuerzas armadas para actuar en los operativos de restablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos”. Por su parte, el expresidente Evo Morales, asilado en México desde el martes, consideró en Twitter que la medida “es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”.
Los diputados y senadores del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) han anunciado que presentarán un recurso en el Tribunal Constitucional contra el decreto. “Este decreto es una licencia para matar, es anticonstitucional”, ha dicho la diputada Sonia Brito, según recoge el medio local Página Siete.
El Ejecutivo de Áñez ha defendido que la medida “de ninguna manera se transforma en una licencia para matar” y se enmarca en la Constitución y las leyes del país. “Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el Gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes”, sostiene el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
La CIDH ha elevado a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y el golpe de Estado que llevó a Morales a renunciar a la presidencia del país. “Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política”, ha informado en Twitter.
El ente explica que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que “desde ayer [el viernes] son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas”. Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.
Morales escribió en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes. Áñez expresó en la misma red social que “duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz”.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha advertido de que se están recibiendo denuncias “sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos”, y pide a la Policía que “en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones”.
El Gobierno detendrá a diputados del partido de Morales
Por otro lado, según ha informado el diario boliviano Los Tiempos, el nuevo ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha anunciado la creación de un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a diputados del MAS que estén, dice, cometiendo actos de “subversión”.
“Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”, ha afirmado Murillo.
Asimismo, los legisladores del MAS han convocado “a todos los jefes de bancada de la oposición” a instalar este lunes una mesa de diálogo con el fin de pacificar Bolivia y llamar a nuevas elecciones, según informa la Agencia Boliviana de Información (ABI). “Hacemos una convocatoria para mañana a las 10:30 horas en Vicepresidencia a todos los jefes de bancada de la oposición para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política. Esta es una clara muestra que el Movimiento Al Socialismo quiere pacificar este país, quiere trabajar en armonía”, asegura la diputada Betty Yañiquez.
Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo. El que fuera presidente del país durante casi 14 años anunció el pasado domingo su renuncia presionado tras un golpe de Estado y tres semanas de protestas.
Morales partió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, se autoproclamó presidenta de forma provisional hasta unas nuevas elecciones.