El acusado de aumentar los gastos de un curso subvencionado por el Gobierno de La Rioja reconoce los hechos
La Fiscalía pedía más de dos años de cárcel por aumentar de forma fraudulenta los gastos de un curso subvencionado por el Gobierno de La Rioja para enriquecerse. El juicio se ha celebrado este lunes y la Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado una sentencia de conformidad contra el acusado de obtener una subvención del Fondo Social Europeo en 2009 mediante falsificación de documentos mercantiles.
El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado 5 meses y 10 días de prisión, así como una multa de 204 Euros. En cuanto a la responsabilidad civil, el Tribunal impone al acusado la obligación de devolver al Ayuntamiento de Alfaro, ante el que se tramitó la ayuda, el dinero obtenido de manera fraudulenta que podría ascender como máximo a 25.642 euros. En cualquier caso, la cantidad exacta se determinará en ejecución de la sentencia.
Se ha suspendido la pena de prisión con la condición de que el acusado con cometa ningún delito durante los próximos tres años y devuelva las cantidades exigidas como responsabilidad civil. La Fiscalía ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas para acordar una sentencia de conformidad.
Según el relato de los hechos, con motivo de una convocatoria en 2009 de subvenciones financiadas por el Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Alfaro solicitó y obtuvo una ayuda para impartir una acción formativa denominada “Agente comercial para exportación. Inglés comercial”.
Para la ejecución del curso, el Ayuntamiento contrató a una persona que, a su vez, subcontrató a dos docentes. Con el fin de aparentar formalidad contractual, el acusado aportó al expediente contratos con firmas simuladas de los profesores, ya que la relación real se había acordado verbalmente.
Además, presentó facturas y justificantes simulados por conceptos inexistentes o por importes superiores a los reales, especialmente en concepto de dietas y kilometraje. Mientras que los docentes solo emitieron tres facturas por un total de 7.680 euros, el acusado percibió del Ayuntamiento 23.360 euros para gastos de docencia, obteniendo un beneficio ilícito de 15.880 euros.