Correa sobornaba a cargos de Madrid y Valencia para obtener contratos

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostiene en el auto por el que decretó anoche el ingreso en prisión del empresario Francisco Correa y sus dos colaboradores en la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Gürtel' que dirigían un “conglomerado de empresas” que se nutría de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para “obtener un beneficio propio”. Para ello, utilizaban “como norma común y frecuente las dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas cuya identidad y cargos se están investigando”.

Garzón señala que, con el objetivo de “mover voluntades de quienes tenían responsabilidades en las áreas que coincidían con sus intereses econónomicos”, los miembros de la trama les entregaban “regalos, presentes y cantidades de dinero”. De esta forma, lograban “obtener contratos, eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no utilizaban las mismas prácticas”.

PARAÍSOS FISCALES

De la misma forma, considera “indiciariamente acreditada” la defraudación fiscal, el movimiento de dinero en el extranjero y la existencia de un entramado de sociedades que colocaba fondos en paraísos fiscales. “Para disfrazar tanto las contabilidades como la operativa del grupo o las dádivas entregadas”, asegura el auto, los miembros de la trama “no dudaron en alterar y falsificar documentos, esencialmente facturas comerciales”.

El grupo estaba liderado por Correa y de él formaban parte “en inmediata relación de jerarquía” su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo. Su función “en los últimos 10 años, como mínimo”, era, según el juez, “la realización de operaciones y de eventos para captar negocios y por ende fondos en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia”.

INTENTABA HUIR A CENTROAMERICA

En auto hecho público hoy, el magistrado añade que, según un informe policial correspondiente al pasado día 3 de febrero, Correa “planeaba salir de España el pasado día 7” y estaba realizando gestiones “para obtener la residencia en un país de Centroamérica”.

Según la resolución judicial, las escuchas a que estaban siendo sometidos pusieron de relieve “el nerviosismo de Pablo Crespo, que dio órdenes a otros miembros de la organización para que escondieran” determinados documentos y restringieran sus llamadas telefónicas. En ese momento, la Policía Judicial informó al juez que “la organización estaba en proceso de hacer desaparecer y ocultar información sensible y que tenían alguna información que les había puesto en alerta sobre la utilización de los teléfonos móviles para sus operaciones”.

Garzón también destaca que Correa daba “instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico” y se encargaba de “conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectaban a su patrimonio”.

Asimismo, se dedicaba a “la valoración de posibles negocios en distintos sectores económicos, fundamentalmente el inmobiliario” y supervisaba la ejecución de los negocios en lugares como China, Azerbaiyán y Miami. En esta última ciudad --donde existen denuncias contra otro de los imputados en la trama, el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero, por la compra irregular de varias propiedades-- había invertido unos 4 millones de euros en la construcción de tres edificios.

Gracias a estos negocios, apunta Garzón, disponía de propiedades en Cartagena de Indias (Colombia) y había negociado la posibilidad de entrar en explotaciones petroleras y desarrollado otros negocios en Panamá

BLANQUEO EN SUIZA Y PISO DE SEGURIDAD EN MADRID

En cuanto a Crespo, Garzón le califica como “la persona de confianza” de Correa, “al frente de sus negocios en España”. Sus funciones eran las de “llevar la dirección y el control de las empresas del eventos, recibir las ofertas de proyectos económicos, concertar las reuniones preparatorias y realizar las reuniones de otros miembros del grupo y supervisar la gestión financiera”.

De esta forma, Crespo y Correa utilizaban como canal para blanquear el dinero que obtenían de sus negocios mediante el envío de transferencias a Suiza. También disponían de un piso de seguridad situado en la calle Martínez Campos de Madrid.

Sobre Antoine Sánchez, el instructor señala que es “pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades”, ya que era “el responsable de las sociedades hacia el exterior” con el objetivo de “blanquear los fondos obtenidos de procedencia ilícita”.

Según Garzón, el conglomerado de Correa estaba formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicación y Servicios SA --actualmente sin actividad-- Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL.