Derechos en Cuba

La noticia de la muerte de Orlando Zapata Tamayo, disidente cubano encarcelado desde 2003, llegó a España el pasado miércoles por la mañana. Zapata llevaba 85 días en huelga de hambre y falleció hospitalizado en La Habana, a causa de su delicado estado de salud.

Zapata Tamayo tenía 42 años y era miembro del Directorio Democrático Cubano, una organización civil ilegal que buscaba un cambio para su país. Fue arrestado en lo que se conoció como la Primavera Negra de 2003 y condenado a tres años de prisión por “desorden público”, “desacato” y “resistencia”, según informa Amnistía Internacional. Más tarde, las autoridades cubanas fueron añadiendo cargos a su lista, hasta el punto de que en mayo de 2009 su pena había pasado a ser de 36 años.

Tras su muerte, las reacciones tanto en España como en el mundo entero no han dejado de sucederse. Un gran número de organizaciones, partidos políticos y personajes públicos han condenado el fallecimiento de Zapata y exigido a Cuba que revise la situación de sus cárceles y los derechos de sus presos y, especialmente, han reivindicado la total libertad para el pueblo de la isla.

En el país caribeño todavía continúa vigente la pena de muerte, aunque ésta no se aplica desde 2003. Sin embargo, la ausencia de penas capitales no exime al gobierno castrista de cometer otros ataques contra los Derechos Humanos. Son muchas las acusaciones de múltiples organizaciones pro Derechos Humanos a causa de la situación en la que se encuentran los reos en sus cárceles, a raíz de la falta de libertad de expresión y asociación, por lo coartada que se encuentra la libertad de prensa o debido al hostigamiento al que somete a los opositores el sistema jurídico.

Los derechos de los cubanos

Y es que el caso de Orlando Zapata es sólo el ejemplo que hace emerger la preocupación por los derechos en Cuba. El país se encuentra en los informes anuales de organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch (HRW) o de la organización francesa por la libertad de prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) desde hace años. Estas organizaciones lo clasifican entre sus mayores preocupaciones.

En febrero de 2008, debido a la enfermedad que padecía (y todavía sufre) Fidel Castro, su hermano Raúl fue nombrado por el Parlamento presidente del Consejo de Estado, quedando al mando de la nación. Poco después, el país firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; también se permitió por primera vez a los cubanos la adquisición de teléfonos móviles y ordenadores para uso personal y se iniciaron las primeras reformas económicas en el sector agrícola. Además, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reanudó el diálogo con el gobierno de la isla y la Unión Europea levantó sus sanciones diplomáticas al régimen castrista. Parecía que un haz de luz penetraba en la oscuridad en la que vive el pueblo cubano desde hace décadas. Y tanto la población del Estado como la comunidad internacional se mostraban cada vez más confiadas en el cambio.

Sin embargo, los pasos se producen tan lentamente que son casi imperceptibles y las esperanzas se desvanecen con casos como éste.

Los prisioneros políticos en Cuba ascienden, según Reporteros Sin Fronteras, a casi dos centenares. Amnistía Internacional denuncia en su Informe 2009 que a finales de 2008 continuaban recluidos 58 presos de conciencia (aquellos considerados opositores al régimen). Cuatro de estos presos fueron liberados en ese año por motivos de salud, pero se los invitó abiertamente a abandonar el país. En cuanto a los que continúan en prisión, son numerosos los informes recogidos sobre actos de hostigamiento e intimidación por parte de guardias de prisiones y de otros reclusos.

La oposición al régimen que dirige Raúl Castro implica, generalmente, la cárcel casi inmediata. El gobierno del Partido Comunista cubano se respalda ante estas acusaciones en el hecho de que, para que se produzca el encierro, debe haber un juicio previo y en la excusa de la seguridad nacional. Esto abre de nuevo los interrogantes: ¿son los juicios justos en Cuba? Amnistía Internacional afirma que no, al menos cuando se trata de cuestiones relacionadas con la libertad de expresión, asociación o cuestiones políticas en general. Según esta organización resulta casi imposible para los detractores de Castro solicitar una apelación a sus sentencias, las cuales, cuando incumben a este tipo de cargos, suelen tener siempre una resolución de penas privativas de la libertad.

Esta opinión es compartida por la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que, en la parte de su Informe Mundial 2009 centrada en este país, asevera que “los tribunales de justicia, que carecen de independencia, socavan el derecho a un juicio justo al restringir severamente el derecho a la defensa”. En este mismo informe, HRW explica cuáles son las técnicas presuntamente utilizadas por las autoridades cubanas para generar esta carencia de claridad jurídica: “el Código Penal de Cuba establece las bases legales para reprimir el disenso. Las leyes que criminalizan la propaganda enemiga, la difusión de ‘noticias falsas’ y el ultraje a los símbolos patrios se utilizan para restringir la libertad de expresión bajo el pretexto de proteger la seguridad del estado. Asimismo, el gobierno encarcela u ordena la vigilancia de personas que no han cometido ningún acto ilícito, amparándose en disposiciones que penalizan el ‘estado peligroso’”.

La Representante Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christine Chanet, se mostró también preocupada en sus informes anuales presentados a la organización por esta parte del ordenamiento jurídico de Cuba diciendo que “los cargos presentados contra algunos de los detenidos se basan exclusivamente en el artículo 91 del Código Penal, que castiga los actos contra la independencia o la integridad del Estado. Otros detenidos están acusados con arreglo a ese mismo artículo y a la Ley Nº 88 (Ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba)”. Chanet se ha mostrado especialmente alarmada por los motivos de las detenciones. Según la Representante de ONU, muchos prisioneros “están acusados de actos tales como recibir fondos de países extranjeros o haber ejercido actividades que el Estado considera subversivas; haber concedido entrevistas a Radio Martí, emisora radicada en los Estados Unidos; haberse comunicado con organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos; poseer material de radio o de vídeo; y haber participado en sindicatos, asociaciones o academias consideradas ‘contrarrevolucionarias’”.

Tampoco es alentadora la situación de los medios de comunicación en esta isla caribeña. Todos ellos se encuentran bajo el control del gobierno, que posee incluso un periódico propio que emite todos los comunicados y opiniones de sus integrantes, el rotativo Granma. Amnistía Internacional ha hecho eco en múltiples ocasiones, incluyendo sus últimos informes anuales, del acoso e intimidación que sufren los periodistas de agencias y medios independientes. Estos profesionales son vigilados y detenidos durante períodos breves, técnicas utilizadas por las autoridades del país para infundirles miedo y coartar de este modo su actividad informativa. RSF lo sitúa en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2009 en el puesto número 170 de los 175 países que contempla en el estudio. La mencionada clasificación ordena los distintos Estados del puesto más alto al más bajo según cuáles tengan mayores niveles de libertad. RSF tiene en cuenta para elaborarla las amenazas, encarcelamientos y agresiones sufridos por los periodistas, además de incluir criterios para medir la libertad de prensa como los niveles de censura y autocensura, el control estatal de los medios o las presiones administrativas y judiciales.

De hecho, el propio Fidel Castro reconocía lo limitado de la libertad de prensa existente en Cuba en una de las entrevistas recogidas en el libro Cien horas con Fidel, del director del periódico Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet: “Si usted llama libertad de prensa al derecho de la contrarrevolución y de los enemigos de Cuba a hablar y a escribir libremente contra el socialismo y contra la Revolución, calumniar, mentir y crear reflejos condicionados, yo le diría que no estamos a favor de esa ‘libertad’. Mientras Cuba sea un país bloqueado por el imperio, víctima de leyes inicuas como la Helms-Burton o la Ley de Ajuste Cubano, un país amenazado por el propio Presidente de Estados Unidos, nosotros no podemos dar esa ‘libertad’ a los aliados de nuestros enemigos cuyo objetivo es luchar contra la razón de ser del socialismo”.

Entre las olas de represión de mayor relevancia de los últimos años se encuentra la “Primavera Negra”, como se denominó a la operación que tuvo lugar en marzo de 2003 y en la que se detuvo al llamado “Grupo de los 75”, compuesto por disidentes políticos, periodistas y activistas en favor de la democracia y los derechos humanos, entre los que se encontraba también Orlando Zapata Tamayo. Muchos de ellos continúan todavía hoy en prisión.

Todos estos derechos están ampliamente respaldados por la legislación internacional, tanto en convenios ratificados por decenas de países como en el documento legislativo por excelencia en cuanto a derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Así las cosas, cada vez son más las voces que se alzan para pedir un nuevo rumbo en la política cubana. El gobierno español, sin ir más lejos, mantiene reuniones periódicas con representantes del Ejecutivo cubano para debatir y promover los derechos humanos en el país. La última, hace tan sólo una semana.