El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha asegurado que “en los próximos días” serán “capaces de afrontar el pago” de la justicia gratuita, que en los dos últimos trimestres, los pendientes de pagar, asciende a 385.000 euros.
A pesar de que es una competencia regional, Domínguez ha justificado el impago de los últimos trimestres por “la ausencia de presupuestos generales del Estado y la congelación de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas”. Ha subrayado que esa situación “tiene consecuencias para los ciudadanos y para la prestación de los servicios públicos porque limita las capacidades de liquidez y de tesorería de las comunidades autónomas”.
Ha recordado que hace unas semanas solicitaron un endeudamiento a corto plazo que esperan “que se haga efectivo en los próximos días”. “Por eso”, ha dicho, “en todos los foros públicos y privados a los que tenemos la oportunidad de decirlo recordamos al Gobierno de España su obligación o de aprobar presupuestos generales del Estado o de actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación de las comunidades autónomas”.
El portavoz ha indicado que “el compromiso que ha tenido siempre el Gobierno de La Rioja con los profesionales que colaboran con la Administración de Justicia en la asistencia de justicia gratuita para los ciudadanos riojanos es desde luego inquebrantable”.
De hecho, ha afirmado que son “el Gobierno que, después de muchísimos años y a través de un acuerdo con los profesionales de la abogacía y los procuradores, ha llegado a un acuerdo para establecer una nueva regulación que permita incrementar las cuantías que venía percibiendo cada uno de los profesionales que colaboran con la justicia en la justicia gratuita”.
Ha insistido en que “ha sido una demanda muy pedida por los profesionales durante muchísimos años y desde luego ha sido en el año 2024 cuando por fin se ha podido llegar a un acuerdo con estos profesionales y se ha promulgado un decreto que incrementa las cuantías y que dignifica el trabajo de los profesionales de la abogacía, procuradores y otros que colaboran con el Gobierno”.