La ley estadounidense ‘don't ask, don't tell’ declarada inconstitucional
En un fallo emitido ayer, la magistrada Virginia Phillips ha declarado inconstitucional la ley aprobada en 1993 que permitía a los gays y lesbianas servir en el Ejército siempre y cuando no revelasen su condición sexual. La ley conocida como ‘Don´t aks, don´t tell’ (no preguntes, no contestes) ha sido declarada inconstitucional porque está en contra de la primera y la quinta enmienda de la Constitución estadounidense y vulnera los derechos fundamentales de los miembros del Ejército.
El fallo de la sentencia es la respuesta judicial a la demanda presentada por el grupo Log Cabin Republicans , una organización conservadora que defiende los derechos de los homosexuales compuesta por 19.000 miembros y que incluye militares y ex militares estadounidenses. La decisión judicial se ha recibido en este grupo como una victoria para “todos los miembros del servicio militar de Estados Unidos”. El director de la organización, Clarke Coope, afirma estar “encantando” con el fallo.
La jueza de California, Virginia Phillips, ha asegurado en su fallo de 86 páginas que la ley no sólo no influye en la preparación del Ejército sino que, en realidad, tiene un “efecto pernicioso” para las fuerzas armadas. No obstante, la decisión de Phillips no provocará cambios inmediatos de la ley pues aunque la Cámara de Representantes ya ha aprobado revocar la ley, el Senado aún no ha discutido el asunto.
Actualmente, ésta es la mayor acción legal contra esta ley que durante décadas ha generado polémica y que según Log Cabin Republicans ha supuesto la expulsión de 13.500 militares de las Fuerzas Armadas desde que entró en vigor.
Poco después de llegar a la presidencia, Barack Obama había prometido acabar con la política del 'Don't ask, don't tell'. El pasado mes de febrero, el secretario de Defensa, Robert Gates y el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, almirante Mike Mullen, solicitaron a los miembros del Congreso que permitiesen a los homosexuales servir con libertad en el Ejército, pero los activistas a favor de abolir esta norma reprochan al Ejecutivo que no se han hecho los avances suficientes.
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