“La Rioja legisla los derechos de las personas transexuales a espaldas del colectivo”

Gylda, de la mano de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de España, ha exigido un compromiso firme a todos los grupos políticos para que se apruebe con urgencia la Ley Integral Trans de La Rioja y la Ley de Igualdad LGTBI en el ámbito estatal.

Ambos textos se encuentran en fase de tramitación en las cámaras legislativas pero no terminan de salir adelante. En el caso de La Rioja, la Ley que protege los derechos de las personas transexuales surgió de las Jornadas de la Diversidad organizadas por Gylda y la Unidad de Igualdad de la Universidad de La Rioja hace ya dos años. Desde entonces, no ha dejado de superar obstáculos hasta que en mayo de 2017 llegó al Parlamento.

“En aquellas jornadas nos encontramos con siete familias que nos transmitieron la necesidad de atención para sus hijos e hijas, también los padres y madres requieren información, profesionales y servicios”, explica José Sáenz, presidente de GYLDA, “a partir de esa inquietud convocamos a todos los grupos políticos pero el PP nunca contestó, sólo nos convocó cuando el texto llegó al Parlamento para transmitirnos su preocupación por cómo transmitir esto a sus votantes”.

Desde entonces, el colectivo ha transmitido en dos ocasiones al Partido Popular la necesidad de mantener una reunión con las propias familias para conocer su realidad de primera mano. Algo que nunca ha obtenido respuesta. “En cambio, han contado con una serie de expertos muy cuestionables como la jueza tránsfoba María Elósegi, van a consultar a juristas pero no a médicos y otros profesionales”, denuncian.

“Desde GYLDA hemos consultado también qué se está haciendo en materia de educación a menores y no obtenemos respuesta”, explican, “la Ley debe incluir un programa completo de prevención, la formación del profesorado en atención a la diversidad, la coordinación entre instituciones, los protocolos para prevenir el acoso escolar, ya que hace dos años que se aprobó un programa finlandés que aun no se ha puesto en marcha, la atención sanitaria para adecuar los tratamientos o cuestiones administrativas relativas al nombre o el género”.

“No podemos perder una legislatura sin que se legisle para nuestros menores”, reivindican, “somos la comunidad autónoma que no ha hecho nada en esta materia”.

En el ámbito estatal

Las cosas son muy similares en el ámbito estatal. La Ley de igualdad LGTBI está en el Congreso, un texto que ha surgido de los propios colectivos pero que, de momento, continúa paralizado. Los diferentes grupos estatales coinciden en la necesidad de legislar con urgencia para acabar con situaciones de bullying y dotar a los colectivos más vulnerables de las herramientas necesarias.

“Muchas familias ignoran por qué su hijo se ha suicidado hasta años después”, cuentan, “porque es más fácil contar en casa que en el colegio te acosan por ser gordo o por ser de una raza determinada, que contar que lo hacen por tu orientación sexual”.

Lo mismo sucede con las personas mayores. “Se han cumplido 40 años de la derogación de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social que nos dejaba sin derechos y permitía que se nos metiera a la cárcel o al psiquiátrico, que se nos hicieran incluso lobotomías y electroshock”, relatan, “y esas personas todavía estamos vivas, y por eso apoyamos toda ley que trate de combatirlo y reponer el daño causado. Queremos al menos morir con dignidad”.