Más de 17.000 autónomos riojanos se beneficiarán de la prestación por el cese involuntario de su actividad

Según los datos que ofreció el secretario general del PSOE, Francisco Martínez Aldama, unos 17.348 autónomos riojanos “se podrán beneficiar de la prestación por el cese involuntario de su actividad”.

Como dijo, en La Rioja, a fecha de 31 de marzo de este año, “hay 26.627 afiliados por cuenta propia en la Seguridad Social, lo que representa un 0,8 por ciento del total nacional”.

De estos, 17.348 son “autónomos no integrados en entidades societarias, y a estos va dirigida esta prestación que aprobó el Gobierno de España”.

Con esta prestación se podrá recibir “el 70 por ciento del promedio de la base de cotización, por lo que oscilarán desde 589,26 euros al mes, para aquellos que cotizaron por la base mínima; hasta 1.397,84 euros al mes”.

Asimismo, la duración máxima de cobrar esta prestación es de un año, en función del tiempo que se ha aportado a la cotización.

De esta forma, cuando “se aporte de 12 a 17 meses, se tendrá derecho de protección de 2 meses; de 18 a 23 meses, la prestación durará 3 meses; cuando vaya de 24 a 29 meses, ésta será de 4 meses.

Asimismo, si se ha cotizado desde 30 a 35 meses, la prestación durará 5 meses; si va desde los 36 hasta los 42, la ayuda será de 6 meses; de 43 a 47 meses, a 8 meses; y por último, si se ha aportado 48 meses o más, la prestación durará un año, que es el tiempo máximo“.

Los requisitos para poder acceder a esta prestación pasan por “acreditar que se ha cesado la actividad por problemas económicos, técnicos, productivos, u organizativos”.

De esta manera, “se ha de acreditar unas pérdidas en un año que superen el 30 por ciento de los beneficios, o del 20 por ciento en dos años consecutivos y completos.

También, se podrá recibir la prestación “cuando haya ejecuciones judiciales del cobro de deudas de al menos el 40 por ciento de los ingresos correspondientes al año anterior o cuando haya una declaración judicial de concurso que impida continuar la actividad”.

Además, se podrá percibir cuando “una trabajadora se ve obligada a cerrar el negocio por problemas de violencia de género, entre otros”.