La fábrica de la obediencia
Aunque pudiera parecerlo, no es una guerra entre ciencias y letras. Ni siquiera del aprendizaje de los oficios contra los estudios universitarios. Es un proyecto de ingeniería social más sutil y eficaz. Lo que se castiga no es una rama del saber, sino un tipo de pensamiento: el lento, el incómodo, el que cuestiona los cimientos. Lo que se premia es su contrario: el pensamiento aplicado, inmediato y funcional para la cadena productiva. El resultado no es una sociedad de ignorantes, sino una sociedad de especialistas dóciles: ingenieros que no cuestionan para qué sirve lo que construyen, médicos que no analizan los determinantes sociales de la salud, urbanistas pensando en el turista y no en los habitantes de las ciudades, y humanistas convertidos en gestores culturales o en rarezas anecdóticas. El mensaje está codificado en los datos duros y en las políticas públicas: piensa dentro del cajón asignado, o asume el coste de la irrelevancia económica.
Resistirte te señala.
La narrativa de la utilidad es el arma principal. Se presenta como un hecho natural, pero es una construcción política. Los números lo avalan sin margen para la duda. Según el informe más reciente de la Fundación CYD sobre inserción laboral de egresados universitarios (2025), los titulados en Artes y Humanidades presentan la menor tasa de afiliación a la Seguridad Social a los cuatro años de graduarse: un 63,5%, frente al 87% de los graduados en Informática o al 94% en Medicina. Su salario medio —27.185 euros anuales de base de cotización— es el más bajo de todas las ramas, un 35% inferior al de Medicina y un 20% por debajo de Ingeniería. Casi cuatro de cada diez humanistas trabajan a tiempo parcial. Esta brecha no nace de manera natural; es el fruto de un modelo que decide qué conocimiento vale. Los Presupuestos Generales del Estado destinan fondos a universidades, pero su distribución sigue la lógica de la excelencia medible: patentes, transferencia tecnológica, colaboración con empresa. La ANECA evalúa a un catedrático de Ética con las mismas métricas que a un ingeniero de telecomunicaciones —publicaciones en revistas de alto impacto, proyectos competitivos—, una cuadratura del círculo que ignora que el impacto de la filosofía o la historia es social, cultural y a largo plazo, no patentable en un registro de la propiedad industrial.
La presión es tan enorme que las propias facultades de Humanidades traicionan su esencia. Proliferan másteres en Gestión Cultural o Humanidades Digitales que, en el mejor de los casos, convierten el pensamiento crítico en una habilidad blanda para el mercado y, en el peor, en una burocracia de la creación. La Fundación CYD, en su ranking anual, sitúa siempre a las politécnicas en lo más alto de la contribución a la transferencia. El mensaje cala: lo valioso es lo que se puede convertir en producto, en servicio, en beneficio contable inmediato.
Esta brecha salarial no es un daño colateral; es un mecanismo disuasorio perfecto. La inseguridad material no es un accidente: es la herramienta maestra. Un estudio de la Fundación La Caixa sobre condiciones laborales de artistas y profesionales de la cultura (2022) revela que cerca del 60% de los trabajadores del sector gana menos de 1.500 euros mensuales de su actividad principal, muy por debajo del salario medio nacional, y que más de la mitad declara dificultades para vivir de ella. Solo el 5% cree que la sociedad considera su trabajo esencial. Cuando un joven elige carrera, no lo hace en libertad. Lo hace bajo el peso de un cálculo de supervivencia, amplificado por la familia, el orientador académico y el ruido mediático: ¿de qué vas a vivir? La pregunta que debería hacerse —¿en qué sociedad quiero vivir?— ha sido borrada del guion. El efecto es una autoselección de clase: solo los hijos de las élites pueden permitirse el lujo de estudiar Filosofía o Historia del Arte sin que el fantasma de la pobreza les persiga. Las humanidades, antaño vía de emancipación, se arriesgan a ser un club para ricos o un gueto precarizado.
La paradoja es que el desprecio institucional al sector cultural coexiste con un volumen económico que debería avergonzar a sus detractores. Según la Cuenta Satélite de la Cultura del Ministerio de Cultura (Revisión 2024), la cultura aportó en 2023 el 2,2% del PIB español —el 3,4% si se suman las actividades vinculadas a la propiedad intelectual—, más que industrias que nadie cuestiona. El sector genera empleo para más de 755.000 personas —un 3,5% del empleo total—, movilizó en 2023 más de 34 millones de viajes turísticos con un gasto asociado superior a los 32.500 millones de euros, y sostiene más de 185.000 empresas, el 87% de ellas en sectores como la edición, los museos, el audiovisual o las artes escénicas. A pesar de ello, el gasto que la Administración General del Estado destinó a cultura en 2024 apenas alcanzó los 1.248 millones de euros, un 0,08% del PIB. Un sector que aporta el 2,2% de la riqueza nacional recibe a cambio el 0,08% en inversión pública. Las reglas son simples: o eres clase productiva, o eres clase extractiva. Y para este sistema, la cultura pertenece a la segunda categoría no porque no genere riqueza, sino porque genera la riqueza que otros se llevan.
Y cuidado, esta lógica extractiva no perdona ni a las ciencias. Golpea con saña a su corazón: la investigación básica. España destinó a I+D un 1,50% de su PIB en 2024 —máximo histórico según el INE, sí, pero todavía lejos del 3% que los sucesivos gobiernos han prometido y del 2,26% de media de la UE—. El problema es cualitativo tanto como cuantitativo. La mayor parte de ese gasto se concentra en investigación aplicada y desarrollo experimental con demanda empresarial directa: las empresas financian el 47,7% del total, y su dinero fluye de forma abrumadora hacia Ingeniería y Tecnología, que absorbe más del 21% del gasto en I+D universitaria, mientras Humanidades aparece en los últimos puestos del reparto. No se financia la curiosidad; se financia la utilidad. Un proyecto de física de materiales con aplicación en baterías tendrá más opciones que uno sobre cosmología teórica. Un estudio de sociología encargado por una multinacional para optimizar su plantilla se priorizará sobre una investigación etnográfica sobre las condiciones laborales en los almacenes de Amazon. La convocatoria de proyectos del Ministerio de Ciencia evalúa la transferencia y retorno socioeconómico. ¿Cómo calcula el retorno un proyecto de arqueología que desmonta los mitos fundacionales de un nacionalismo? ¿O una investigación en bioética sobre los límites de la inteligencia artificial? ¿O programas poéticos en la tierra que alardea de la lengua o de Gonzalo de Berceo como bandera identitaria? El sistema es coherente: promueve una ciencia que aceita la maquinaria y margina la ciencia que examina el diseño de la máquina y se pregunta si no deberíamos desmontarla.
El resultado se proyecta directamente en el espacio público. Basta encender la televisión: economistas ortodoxos y politólogos del establishment copan las tertulias de prime time, mientras las voces de las humanidades aparecen, si aparecen, como anécdota, efeméride o toque poético desprovisto de peso analítico. No es casualidad: el espacio mediático reproduce y amplifica la jerarquía que el sistema educativo y financiero ha establecido previamente. Se habla del déficit con la frialdad de un contable, pero no se debate el modelo social que ese déficit sostiene. Se analiza la competitividad sin preguntarse competitividad para qué y para quién. Ha triunfado la tertulización de la razón: todo debe ser rápido, simple y contundente. La duda, el matiz, la profundidad histórica son enemigos del formato. Y sin ese contrapeso, el discurso público queda cautivo de la tecnocracia y el populismo, dos caras de la misma moneda que desprecian por igual la reflexión pausada.
El antídoto, por tanto, no es la nostalgia. Es una reconceptualización radical que debe traducirse en hechos. El pensamiento crítico no es un lujo: es una infraestructura de salud democrática, tan esencial como el alcantarillado o la red eléctrica. Esto exige una financiación pública blindada para la investigación básica en todas las disciplinas, con criterios de evaluación diferenciados que valoren el impacto social y cultural, no solo el económico. Implica reformular la orientación académica, no como un servicio de recursos humanos para empresas, sino como un espacio de exploración vocacional y compromiso cívico. Pasa por crear estructuras estables de apoyo a creadores e investigadores —no becas-proyecto con fecha de caducidad, sino financiación sostenida que los libere de la tiranía de la utilidad inmediata— y por exigir a los medios que traten a filósofos, historiadores y científicos básicos como voces autorizadas en los debates de fondo, no como adornos de temporada.
El problema real no es entre ciencias y letras. Es entre un modelo que fabrica especialistas sumisos y otro que aspira a formar ciudadanos lúcidos. Entre una sociedad que contrata pensamiento a medida y una que cultiva el pensamiento libre, aunque sea incómodo. Cuesta imaginar qué país sería este sin Averroes, Cervantes, Ortega y Gasset o María Zambrano: cada uno, a su manera, traspasó las fronteras del idioma y la cultura nacional para convertirse en patrimonio del pensamiento mundial. Su legado demuestra que, cuando las circunstancias lo permitieron, el pensamiento español no fue periférico, sino central y vanguardista.
Desmontar la fábrica de la obediencia empieza por negarse a aceptar que el precio de pensar sea la irrelevancia económica. Empieza por recordar, con los datos en la mano, que una sociedad que deja de financiar a sus poetas, sus filósofos y sus científicos más inconformistas no está ahorrando dinero. Está desmantelando, ladrillo a ladrillo, su propia capacidad de imaginar un futuro diferente. Al final, lo que llaman carreras sin salida son, en realidad, las únicas que podrían señalarnos la salida.