El 15M y Zapatero

No hace falta idealizar a Zapatero para entender por qué van hoy a por él.

Sabemos perfectamente lo que ha sido el régimen bipartidista del 78. Sabemos cómo funcionan las puertas giratorias, los consejos de administración, las consultoras, las redes de influencia y los lobbies construidos alrededor de quienes han ocupado el poder. No estamos descubriendo nada nuevo. Durante décadas, expresidentes, exministros y altos cargos del PSOE y del PP han vendido contactos, agenda, influencia y capacidad de intermediación entre grandes empresas y administraciones públicas. Ese ecosistema ha sido una pieza estructural del propio régimen.

Felipe González trabajó para grandes energéticas. Aznar actuó como intermediario internacional de corporaciones españolas. Rajoy convivió con una trama de corrupción sistémica y con aparatos policiales utilizados políticamente. Juan Carlos I acumuló comisiones, cuentas opacas y escándalos hasta acabar refugiado fuera del país. Y, sin embargo, el sistema protegió siempre a los suyos mediante una mezcla de impunidad, silencio y normalización.

Por eso la pregunta importante no es si Zapatero participó en dinámicas propias de las élites del régimen. La pregunta es otra: ¿por qué ahora sí se rompe la omertà? ¿Por qué precisamente Zapatero deja de ser tratado como uno de los intocables?

Y la respuesta no está únicamente en los tribunales. Está en la política.

Cuando salimos a las plazas en el 15M no protestábamos únicamente contra la corrupción. Protestábamos contra algo más profundo: contra la sensación de que la democracia había quedado subordinada a un bloque de poder económico, financiero e inmobiliario que gobernaba al margen de la voluntad popular. La corrupción no era una anomalía del sistema; era una de sus formas normales de funcionamiento.

Por eso el problema nunca fueron solo las puertas giratorias o los lobbies. El problema era que existía un perímetro invisible de poder que nadie podía cuestionar realmente. Podían alternarse PSOE y PP. Podían cambiar los gobiernos. Incluso podían tolerarse determinadas críticas morales o regeneracionistas. Pero había consensos intocables: la subordinación económica a las élites financieras, la arquitectura territorial surgida de la Transición, la política exterior atlántica y la exclusión de cualquier fuerza que amenazara seriamente ese equilibrio.

El 15M rompió parcialmente esa normalidad. Por primera vez en décadas apareció un bloque político y social que no pedía simplemente una mejor gestión del régimen, sino que cuestionaba su legitimidad profunda. Y eso produjo un miedo duradero en los sectores históricos del poder.

La paradoja de Zapatero es precisamente esa. Fue uno de los hombres del régimen contra el que muchos nos levantamos. Participó incluso en algunas de sus decisiones más traumáticas, como la reforma del artículo 135 junto al PP, subordinando la soberanía democrática a los mercados financieros. Aquella decisión abrió una crisis de legitimidad enorme y aceleró la ruptura entre amplias capas sociales y el régimen del bipartidismo.

Pero la historia nunca es lineal.

Mientras otros expresidentes permanecían cómodamente integrados en el núcleo duro del régimen, Zapatero fue desplazándose hacia otro lugar político. No dejó de pertenecer al sistema, pero empezó a desempeñar una función distinta: la de intermediario entre el viejo PSOE y el nuevo bloque político surgido tras el 15M, las izquierdas antioligárquicas, el plurinacionalismo y la crisis territorial del Estado.

Ese desplazamiento no empezó ayer.

Ya en 2004, la retirada de las tropas españolas de Irak supuso una ruptura simbólica con el eje Aznar-Bush en uno de los momentos de máxima obediencia atlántica. Aquello dejó una huella profunda en determinados sectores del poder internacional. Más tarde llegaron sus vínculos con gobiernos latinoamericanos que incomodaban abiertamente a Washington. 

Sin embargo, el verdadero giro político de Zapatero llegó después de abandonar la presidencia. Habría podido convertirse en una figura decorativa del régimen, integrada silenciosamente en el circuito habitual de expresidentes, consejos de administración y conferencias bien remuneradas. Habría podido limitarse a ocupar el lugar discreto que el sistema reserva a quienes aceptan retirarse sin alterar los equilibrios de fondo.

Pero eligió otra función.

Defendió a Pedro Sánchez cuando buena parte del aparato socialista, los grandes medios y sectores del poder económico trabajaban para derribarlo. Validó alianzas políticas que el régimen consideraba anómalas o directamente ilegítimas. Protegió la interlocución con fuerzas nacidas del 15M y con el independentismo catalán cuando desde muchos ámbitos se reclamaba su exclusión total del espacio político legítimo. Participó además en la construcción de una salida política al conflicto catalán basada en la negociación y la amnistía, precisamente en uno de los temas donde el Estado profundo había trazado líneas rojas más rígidas.

Ahí es donde deja de ser simplemente un expresidente con negocios, relaciones o actividades de lobby —algo habitual en las élites españolas— para convertirse en una figura políticamente intolerable.

Porque Zapatero pasó a simbolizar algo mucho más inquietante para determinados poderes: la posibilidad de que el PSOE dejara de funcionar como una de las dos columnas previsibles del régimen y aceptara apoyarse en fuerzas que habían nacido precisamente cuestionándolo.

Ese es el verdadero núcleo del conflicto.

No se trata solo de corrupción ni de tráfico de influencias. Si ese fuera el criterio, medio establishment español habría acabado sentado ante los tribunales hace mucho tiempo. Lo que vuelve a Zapatero especialmente vulnerable es haber contribuido a desplazar los límites de lo políticamente aceptable.

Zapatero pasó así de ser un expresidente homologable a convertirse en algo mucho más peligroso para determinados poderes: un puente.

Un puente entre el PSOE tradicional y quienes habíamos nacido políticamente impugnando el régimen del 78. Un puente entre la vieja socialdemocracia y las fuerzas que cuestionaban los consensos territoriales, económicos y mediáticos de la Transición. No compartía todas nuestras posiciones, pero defendió nuestra legitimidad política cuando otros querían expulsarnos del marco democrático.

Y eso es precisamente lo que ciertos sectores no le perdonan.

En los últimos años, además, el conflicto se ha ampliado. El Gobierno español ha mantenido posiciones incómodas para sectores del atlantismo más duro: tensiones con Israel por Gaza, rechazo a determinadas exigencias de la OTAN, acercamiento económico a China o autonomía relativa frente a Trump. Y Zapatero ha aparecido simbólicamente asociado a buena parte de ese desplazamiento político e ideológico.

Por eso el castigo tiene también una dimensión ejemplarizante.

Porque cuando alguien del interior del régimen ayuda a legitimar a quienes lo cuestionan, deja de ser simplemente un adversario político: se convierte en un traidor.

Y al traidor no se le castiga solo por lo que hace, sino por la puerta que abrió.