Utopías 41. En defensa de lo nuestro
El primer día laborable después de las vacaciones de la Semana Santa.
El martes 7 de marzo, Marea Blanca organizó una manifestación en Logroño en defensa de la Sanidad Pública. Ponían el acento en la Atención Primaria: en los centros de salud, en reclamar que la cita para ser atendido por tu médico de familia no sobrepase las 48 horas. Es una reivindicación bondadosa, es deliciosamente infantil. No hay nada que reivindicar. Sí mucho que exigir y recordar. El artículo 43 de la constitución española “reconoce el derecho a la protección de la salud” y da un paso más al añadir que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Está claro que si después de tantos años los poderes públicos: instituciones gobiernos, siguen amparándose en la falta de médicos para justificar lo que, a mi juicio, es injustificable porque no han cumplido con su trabajo. El deber de organizar y tutelar la salud pública no lo han cumplido. Ellos sabrán por qué y sus explicaciones nos tendrían que dar. Están obligados a dárnoslas.
No nos podemos quedar con la muletilla de “faltan médicos”. Si faltan, que pongan medios para que eso no ocurra, empezando por organizar y coordinar bien las funciones de cada uno en su puesto de trabajo.
Dice muy poco a favor de los gestores de la sanidad pública que tarden dos meses en citar a los pacientes para hacerles pruebas médicas. A muchos nos ha pasado y podemos demostrarlo; no es hablar por hablar o criticar por criticar. No se entiende que una resonancia magnética privada, la hagan de un día para otro y en el SERIS te tengan esperando bastante tiempo y de las listas de espera para las operaciones, mejor lo dejamos para otro día.
“Faltan médicos” ¿Cuántos años hace que “faltan médicos”? ¿Por qué no los han cubierto en su momento? Dirán que por qué no había, ¿por qué no han eliminado barreras para el acceso a la medicina pública? Barreras burocráticas, no de formación de los profesionales. Si la solución es la contratación de profesionales extranjeros, por qué no se han entregado a la homologación de títulos y la formación pertinente de quienes vienen de fuera, en vez de decirnos por activa, pasiva y perifrástica: “faltan médicos”.
Siempre van a faltar si no se toman medidas. Entre ellas, pagarles en función a la importancia del trabajo social que realizan.
Y como no todo ha de ser negativo desde aquí felicidades al servicio de oncología del hospital San Pedro de Logroño. Son un ejemplo a seguir por otros médicos y enfermeras y felicitaciones también a los que desde las urgencias hospitalarias salvan la vida a los que llegan con un ictus o un infarto. En esos casos extremos, cada uno cumple con su trabajo y sabe qué tiene que hacer.
Todas y todos estamos obligados a saber, que nuestro sistema General de Sanidad es universal y gratuito. Está descentralizado en las comunidades autónomas y se financia públicamente, (con los impuestos que pagamos todos o debiéramos de pagar todos en función a los ingresos y bienes que cada uno de nosotros tengamos).
En esas concentraciones y manifestaciones de Marea Blanca, habría que preguntar a quienes no cumplen con el deber de organizar, coordinar y tutelar e insisten en que no vayamos al servicio de Urgencias: qué hemos de hacer si en el centro de salud no nos atienden y la neumonía avanza, el apéndice se rompe y la infección de orina no se trata a tiempo.
Todas las personas tenemos derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad, pero este principio se ha incumplido por diversas decisiones políticas, amparadas en las crisis económicas. En 2009 se implantaron tales recortes presupuestarios en el sistema público de salud que aún no nos hemos recuperado de aquella situación. En 2012, el Gobierno retiró la tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular. El caos administrativo fue mayúsculo, la información no llego a todas las dependencias sanitarias por igual y no todos los funcionarios sabían qué tenían que hacer. Después vino la pandemia y el desastre creció.
Los recortes de 2009 fueron injustificables. La retirada de la tarjeta sanitaria también, aunque se subsanó en el 2018. El caos de la COVID comprensible. Que seis años después sigamos en las mismas es dejadez, apatía, descoordinación.
Pasa en la sanidad y ocurre en todas las áreas administrativas. Los derechos de todos están en declive: sanitarios, educativos, de administración de justicia, de acceso a la vivienda, de expresión, de opinión… No debiéramos renunciar a nuestros derechos. Sí debiéramos exigir el cumplimiento a ultranza de los mismos. Lo que es público, lo pagamos todos con nuestros impuestos (o debiéramos). Lo que es privado se lo paga cada cual con lo que tiene. ¡Enhorabuena!.
Desde lo público beneficiar a lo privado no se puede permitir. Defender lo nuestro, nos compete a todos y esta guerra sí es la nuestra.