Otro golpe del gobierno de Argentina a los medios
Tras el golpe dado a los principales diarios argentinos por el caso Papel Prensa , el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner plantea nuevas medidas que limitan la actividad de las empresas de radio y televisión.
El Ejecutivo argentino ha aprobado una norma que obligará a aquellas empresas que posean más licencias de radio y televisión que las permitidas por la ley a vender su excedente para evitar la formación de grandes conglomerados mediáticos.
“Los grupos concentrados tendrán un año a partir de mañana para ajustarse a la nueva ley”, comunicó la agencia estatal de noticias argentina, Télam, sobre una decisión que según analistas podría provocar un conflicto entre poderes, ya que ha sido objetada por un juez.
Por su parte, la presidenta argentina ha defendido la norma argumentando que permitirá la entrada de nuevos actores al mercado de la comunicación, aunque los expertos aseguran que únicamente conseguirá aumentar la presencia estatal en el sector.
Este anuncio se produce en medio de la polémica por la denuncia que el gobierno ha presentado contra tres de los principales diarios opositores del país, Clarín, La Nación y La Razón, por la supuesta adquisición irregular de sus respectivos paquetes de acciones en la empresa Papel Prensa.
Reacción de los grupos de comunicación
Los grupos de comunicación del país consideran que estas medidas son una nueva embestida del gobierno de Fernández de Kirchner para silenciar al sector más crítico con su gestión de cara a los comicios presidenciales de 2011, cuando las empresas deberían haber vendido ya sus licencias de explotación del espacio radioeléctrico argentino.
Según informa el diario argentino Clarín , la industria de la televisión por cable rechazó la imposición gobierno. “Implica una nueva intervención en la libertad de elección de contenidos y la oferta de los mismos. Se aplica de forma arbitraria y afecta a la calidad de los mismos”, expresó la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que agrupa a las empresas del sector.
“Se trata de un nuevo atropello que tiene como claro objetivo beneficiar a los canales oficiales y a los canales amigos del Gobierno”, especificó la misma asociación.
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