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Torresolano, el colapso de una negligencia: 90 familias en vilo tras años de advertencias ignoradas en Nalda

Unas 90 familias, 120 personas, de la urbanización Torresolano en el municipio riojano de Nalda continúan en vilo desde el pasado 4 de mayo. La de Renato Vitale es una de esas familias que solo quiere vivir tranquilo en su casa. “Hasta ahora este lugar era un paraíso y se ha convertido en un infierno”. Y es que el colapso de un muro en esta zona residencial ha acrecentado la intranquilidad y el miedo del vecindario que desde hace años está denunciando y advirtiendo lo que finalmente ha ocurrido en esta urbanización ubicada a dos kilómetros del municipio riojano, al otro lado de la carretera de Soria.

Hace seis años que Vitale reside en esta urbanización. “No queremos más promesas, queremos garantías porque no se puede vivir pensando que el suelo se puede caer en cualquier momento”. Por su profesión (médico) está acostumbrado a trabajar con planes de prevención de riesgos: “Aquí hay un riesgo visible y las autoridades competentes no nos han hecho caso”.

Por eso considera que lo ocurrido hace unos días no fue un accidente, sino la conclusión inevitable de una negligencia prolongada. “No es un problema nuevo; es un problema conocido que lleva años sin resolver”, afirma con una mezcla de indignación y fatiga. Y es que durante años, el vecindario ha documentado la evolución de las grietas en el muro de contención. “Hemos acudido al Ayuntamiento de Nalda, hemos hablado con los bomberos... y todas las respuestas que hemos recibido eran tranquilizadoras, pero ha quedado demostrado que no se corresponden con la realidad”.

La situación límite llegó el domingo 3 de mayo. “Ese mismo día, nos seguían diciendo que la situación era segura a pesar de que era evidente lo que iba a pasar” y finalmente pasó. “Nos decían que el muro era seguro, se limitaron a poner una cinta para evitar que pisáramos por ahí”. Pero Vitale y el resto de vecinos no estaban tranquilos: “veíamos que el muro bajaba por centímetros de cinco a siete de la tarde, la evolución era evidente, pero hasta esa noche de domingo, el Gobierno de La Rioja no reconoció que había un riesgo real”. Fue cuando se activó el nivel un del Plan de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de La Rioja y comenzaron a desalojar a vecinos: seis en un primer momento, diez a lo largo del lunes.

Un limbo administrativo y de servicios

La situación de esta urbanización es compleja y en su historia hay varias fechas claves. Julio de 2005. La Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de La Rioja aprobó la modificación puntual del plan parcial del Valle de San Gregorio del municipio de Nalda. Una propuesta a iniciativa de GSI División de Promociones que sería la encargada de promover un complejo de viviendas en un terreno sin desarrollar urbanísticamente.

Diciembre de 2010. Ese año una ingeniería emitió un informe de revisión de la urbanización Torresolano y entre sus conclusiones apuntaba que las redes de saneamiento y agua potable no reunían las condiciones de estanqueidad para poder ser recepcionadas. Y además, advertía de la posibilidad de que aparecieran señales de rotura en taludes debido a las edificaciones. Abril de 2011. El Ayuntamiento de Nalda suscribe el acta de recepción parcial y provisional de las obras de urbanización y se otorgan las primeras licencias de primera ocupación para 63 viviendas unifamiliares.

Diez años después, 2021, el asunto de las grietas y deficiencias constructivas en esta urbanización llegan a la justicia. Y el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Logroño da la razón al vecindario y estima la demanda presentada contra la promotora a la que condena a “efectuar la reparación de daños en el bloque de 18 viviendas por un importe de 153.500 euros”. Y además, el fallo al que ha tenido acceso este medio, también recogía que los demandados “debían asumir todos los gastos auxiliares derivados de la ejecución de las obras como alquileres, guardamuebles o cualquier otro”.

Sin embargo, el vecindario de la urbanización no quedó conforme con este fallo y apeló a la Audiencia Provincial. Su argumento principal era que no solo la empresa promotora era responsable, querían ampliar la responsabilidad a Tenedora de Inversiones (TIP) porque se quedó con la urbanización. TIP irrumpe en esta historia en 2012 cuando la promotora original, GSI, pasa por una situación financiera complicada. TIP firma un contrato de subrogación y se convierte así en la promotora urbanizadora del sector que, además de hacerse cargo de los avales y de las obligaciones para terminar las calles y servicios, también se convirtió en propietaria de muchas de las casas que aún no se habían vendido. Por segunda vez, la justicia da la razón al vecindario porque la Audiencia Provincial de Logroño “estima sustancialmente la demanda y condena solidariamente a TIP”. Esta sentencia es de marzo de 2023.

El vecindario de Torresolano paga puntualmente sus impuestos de una urbanización que ha sido recepcionada parcialmente por el Ayuntamiento de Nalada y eso se nota en la los servicios que reciben. “El mantenimiento es más que deficiente, tenemos farolas rotas desde hace meses y la gestión de las infraestructuras es escasa”. Ahora, a todo esto hay que añadir que hay siete viviendas desalojadas y otras dos bajo vigilancia preventiva. “Mi casa quizás es de las menos afectadas, pero hace años que vemos las grietas”, cuenta Vitale. “Puntualmente, pagamos el IBI, entre 400 y 500 euros al año y no recibimos ningún servicio del Ayuntamiento de Nalda. Ni siquiera limpia las papeleras a pesar de que en la última década calculamos que ha recibido más de un millón de euros de impuestos de los vecinos de esta urbanización”, cuenta otro vecino afectado. De la recepción provisional, cuenta, “han pasado ya 14 años y desde el punto de vista jurídico, el Consistorio tiene la obligación de recepcionar la urbanización completa, pero mira hacia otro lado”. La postura más cómoda, asegura, “porque ni se hace responsable de nuestra situación ni obliga a actuar a la empresa”.

Mientras tanto, el tiempo pasa y el vecindario exige una solución inmediata porque advierten de que la situación se va a complicar: “Las siete casas desalojadas pueden ser quince o veinte en cuestión de días”. “Es triste saber que un lugar tan bonito se transforma en un infierno por el descuido de la gente”, lamenta Vitale. Para las 90 familias que habitan este enclave, la prioridad ya no es la estética de sus viviendas, sino la seguridad básica de saber que el suelo que pisan no va a desaparecer bajo sus pies. Y pro esta razón, piden una intervención subsidiaria del Ayuntamiento de Nalda o incluso del Gobierno de La Rioja “porque el problema se puede multiplicar por tres en los próximos días”.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Nalda, pero hasta la fecha no han atendido a nuestra petición.