Bomberos forestales de Madrid en precario y el campo sin limpiar: “Solo hemos desbrozado la mitad de la superficie”

La precariedad en la que sobreviven los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid ha conllevado que, a lo largo del invierno, tan solo se hayan realizado la mitad de las tareas de prevención de cara a la época de máximo peligro. La llegada del incremento de las temperaturas ha vuelto a desvelar las costuras de una gestión que depende de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y Tragsa, la empresa encargada de las contrataciones. Desde el 25 de agosto de 2025, la plantilla ha mantenido la huelga indefinida. Tres son sus demandas principales: un incremento del salario que les permita vivir con dignidad, gestión directa del servicio y el cumplimiento de la normativa en materia de protección de la salud de los trabajadores.

Rafael Fernández, delegado de UGT en el comité de empresa, asegura que en todo este tiempo los avances en las negociaciones han sido pocos. “Tragsa sigue cerrada en banda a nuestras peticiones”, comenta el también integrante de comité de huelga. En la actualidad, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid cobran en torno a 1.300 euros al mes por realizar un trabajo esencial que incluye la extinción de incendios forestales, labores preventivas durante el invierno en nuestros montes y la intervención en emergencias climáticas cada vez más frecuentes, como inundaciones o episodios de dana, tal y como expresó el comité de huelga en un comunicado reciente.

Por su parte, la Comunidad de Madrid ha intentado estabilizar al colectivo, que verá aumentados sus efectivos a lo largo del año, pero reducidos en las épocas de alto riesgo. “Antes éramos siete personas por equipo y ahora vamos a ser cinco. Eso limita mucho nuestro desempeño”, añade el sindicalista. Los sindicatos afirman que el organigrama anterior recogía unos 550 efectivos en verano y 250 en invierno. La última remodelación dejará en 419 las personas que trabajarán de forma continuada.

Más combustible en el monte

El aumento de las temperaturas ya es palpable en la región madrileña. En estos ocho meses de paro, una de las principales consecuencias ha sido la reducción “drástica”, tal y como la cataloga Fernández, del número de hectáreas trabajadas. “Se nos presenta un verano con una época previa de abundante lluvia que ha hecho que aumente en gran medida la vegetación sobre la que no se ha trabajado, combustible en el monte. Tampoco se han realizado las mismas fajas de seguridad que en años anteriores”, añade.

Julio Chana, secretario del comité de empresa por CGT, agrega que las labores de silvicultura se han visto mermadas. “Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, ilustra. La Comunidad de Madrid se ha querido adelantar a los acontecimientos. El mismo Fernández detalla que les han cambiado los horarios de mayo, aunque la campaña de alto riesgo suele comenzar en junio.

Salud de la plantilla y gestión directa

Sus demandas están claras desde el primer momento. Dado que el convenio colectivo por el que se rigen data de 2008, las tablas salariales “están totalmente obsoletas”, según el ugetista. Los datos que manejan en cuanto a salarios cifran en 1.300 euros el dinero que un bombero raso percibe al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo”, denuncia Fernández.

Chana, también integrante del comité de huelga, estima en un 40% la subida que necesitan en las nóminas para poder mantener sus vidas en la Comunidad de Madrid. “Si no, es imposible desarrollar el trabajo con profesionalidad. Somos un servicio esencial que vela por la seguridad de la ciudadanía. Cuando más se demore el conflicto, más insegura estará la población”, desarrolla.

La salud es otra de las cuestiones que más preocupa a la plantilla. Los representantes sindicales señalan que las bases se han quedado totalmente anticuadas en lo que se refiere a descontaminación de los equipos de protección individual. En este sentido, Chana subraya que es imprescindible el reconocimiento de la penosidad, toxicidad y peligrosidad con la que los bomberos forestales se ven obligados a desempeñar sus funciones.

A todo ello se suma la reclamación de que pasen a ser un cuerpo gestionado directamente por la Administración Pública. “Lo llevamos pidiendo desde 1998. Ahí éramos personal laboral, luego estuvimos 20 años con el servicio privatizado en manos de dos empresas, y ahora se lo regalamos a una empresa pública, aunque de pública tiene poco”, precisa el representante de CGT.

Tragsa no responde

Por su parte, Tragsa ha facilitado los datos de seguimiento de la huelga a lo largo de estos meses. Según la compañía, fluctúan entre el mínimo cosechado este febrero, el 0,97%, con el máximo, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, con el 23,66%. Los sindicatos, en cambio, aseguran que la plantilla secunda en su inmensa mayoría los paros. “Como empresa pública sometida a la legislación correspondiente, respeta todos los derechos laborales de los trabajadores y, en ese sentido, respeta su derecho a la huelga”, ha añadido Tragsa.

Del mismo modo, la compañía liderada por el presidente del consejo, Jesús Casas, ha declinado responder a preguntas como si se ha producido algún avance en las negociaciones desde el inicio de la huelga, qué medidas pueden tomar para dar respuesta a las exigencias de los bomberos o cómo es su trabajo junto a la Comunidad de Madrid a la hora de evaluar conjuntamente la situación, así como si han realizado algún tipo de requerimiento al Gobierno regional.

Negociaciones sin avances

Las negociaciones continúan encalladas con el verano a la vuelta de la esquina. “La Comunidad de Madrid ha dicho que ellos han puesto algo más de dinero, todo lo que podían. Unos 130 euros más al mes. A nosotros se nos queda una cara…”, expresa Chana. Este sindicalista tampoco deja de lado su faceta ciudadana: “Yo pago mis impuestos y me parece incomprensible que no haya un servicio totalmente público y de calidad que vele por mi seguridad, como es el de los bomberos forestales”.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, con Carlos Novillo al frente, ha asegurado que “esperamos que antes de que llegue la época de alto riesgo de incendio forestal se pueda resolver este problema”. Asimismo, han destacado que han activado “todas las herramientas, todo el presupuesto necesario para que eso pueda ser así y puedan llegar a un acuerdo con la empresa pública Tragsa, que es de quien dependen”.

Como ya habían adelantado los representantes sindicales, con el nuevo encargo la Comunidad ha permitido que “gran parte de la plantilla de más de 415 efectivos puedan estar contratados durante todo el año, que es una de las reivindicaciones”. La Consejería ha defendido que han incorporado en el presupuesto del nuevo encargo “la cantidad económica suficiente para que los pluses que ellos reclaman puedan ser aprobados por el Ministerio de Hacienda, en este caso, que es el que tiene que autorizarlo a Tragsa”. Por último, el departamento de Novillo ha recalcado que la labor de los bomberos forestales “es fundamental” y no pueden “mantener esta huelga”.