Condena de dos años de cárcel para la enfermera de La Paz que falsificó 4.386 certificados de vacunación COVID
Dos sanitarios del hospital madrileño de La Paz y otros cuatro acusados han aceptado condenas de entre uno y dos años de cárcel por formar un entramado que falsificó hasta 4.386 certificados de vacunación COVID en tan solo tres meses durante la pandemia. Todos han reconocido ante un tribunal del jurado que usaron las claves de diferentes enfermeras del centro para manipular el Registro Unificado de Vacunación y cobrar entre 60 y 100 euros por cada persona a la que apuntaban como inmunizadas aunque no lo estaban. En la lista de falsos vacunados, tal y como se informó en el estallido del caso, había famosos como el cantante Omar Montes.
El operativo de la Policía Nacional se desarrolló en los últimos días de enero de 2022 y fue bautizado como operación Jenner. Varios sanitarios del Hospital madrileño de La Paz estaban siendo investigados por inscribir a cientos de personas en los registros de vacunación a cambio de dinero. La campaña de vacunación contra la pandemia de coronavirus para los más mayores había arrancado hacía más de un año, pero para entonces todas las franjas de edad podían acudir a un centro sanitario para vacunarse. Para entonces también había entrado en vigor la figura del pasaporte COVID, un certificado de vacunación necesario para viajar.
Las primeras cifras de la operación hablan de unos 1.600 registros ilegales. Se trata de gente que había pagado al entramado de estos sanitarios de La Paz para figurar como vacunados aunque no se hubieran inmunizado y poder así obtener el pasaporte y viajar. Las primeras informaciones revelaron que en esa lista, que creció en número con el paso de las semanas, incluía nombres de famosos: el cantante Omar Montes, la actriz recientemente fallecida Verónica Echegui o la traficante Ana María Cameno, conocida como 'La Reina de la Coca'. El operativo culminó en abril de 2022 con más detenciones.
Empezó entonces una investigación mastodóntica en un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla que, por momentos, amenazó con convertirse en una macrocausa sin precedentes. Las diligencias revelaron que el número de vacunaciones ilegalmente inscritas en los registros de la Comunidad de Madrid era mucho mayor que el estimado inicialmente por la Policía Nacional. Y sobre la mesa estuvo la opción de llamar a declarar a las más de 4.300 personas que figuraban en las listas de falsos inmunizados. Pero cuatro años después del arranque del caso, todo llegó a juicio con solo seis personas en el banquillo.
El caso fue juzgado en unos pocos minutos a finales del pasado mes de mayo ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Madrid, pero no hizo falta celebrar el juicio. Los seis acusados aceptaron las condenas que la Fiscalía pedía para ellos, su sentencia se dictó de viva voz, nadie ha recurrido y aunque aún está en fase de ejecución lo previsible es que ninguno tenga que pisar la cárcel. Todos han sido condenados a un año y un mes de cárcel y multas de 1.080 euros menos la enfermera que perpetró las falsificaciones en el sistema, que ha sido condenada a dos años de prisión. Y todos por un delito de cohecho pasivo propio con una atenuante de dilaciones indebidas.
Una enfermera y un técnico sanitario
La enfermera condenada, una ATS interina, llevaba cuatro años trabajando en La Paz cuando, en noviembre de 2021, falsificó su primer certificado de vacunación. Era el de un compañero suyo que trabajaba en el mismo hospital como técnico medio sanitario en cuidados auxiliares de enfermería. Metió sus datos en el Registro Unificado de Vacunación, la aplicación de la Comunidad de Madrid que contabilizaba los inmunizados: con su nombre, la dosis, la fecha, la hora y el centro. El objetivo era obtener el pasaporte COVID sin tener que vacunarse.
Según el relato aceptado por ellos mismos en el juicio, una vez comprobaron la “facilidad” para meter “datos falsos” en la aplicación de la Comunidad de Madrid, decidieron ganar dinero a base de “insertar anotaciones fraudulentas”. El técnico sanitario le daba los nombres a la enfermera y ella, usando los datos de acceso de otras sanitarias para evitar ser identificada, los daba de alta como vacunados en Madrid a cambio de dinero: entre 60 y 100 euros por persona.
La trama fue aumentando y otras cuatro personas más que finalmente han sido condenadas se sumaron al grupo, cobrando también un dinero a cambio de captar personas que quisieran un falso certificado de vacunación. La actividad del grupo fue frenética. Solo entre noviembre de 2021 y enero de 2022, cuando la Policía lanzó la operación Jenner, se realizaron 4.386 registros fraudulentos. Un beneficio, según el precio más bajo declarado por la sentencia, de más de 260.000 euros. La Comunidad de Madrid no reclamó ningún perjuicio en esta causa judicial.
La sentencia no explica cómo dos sanitarios de La Paz llegaron a tener varios miles de clientes para obtener estos falsos certificados de vacunación. Las primeras informaciones policiales del caso apuntaban a grupos de Telegram activos por toda Europa para obtener este tipo de certificados falsos, aunque la sentencia no refleja el funcionamiento del sistema. El desarrollo del caso, cerrado con una sentencia de conformidad, también cierra la puerta a exigir responsabilidades a las más de 4.300 personas que pagaron dinero a cambio de obtener un documento falso de vacunación.
Más de 4.300 personas sin declarar
Las diligencias arrancaron el 20 de diciembre de 2021 y fueron prorrogadas durante más de tres años hasta que el caso fue enviado a juicio. En esa fase de investigación a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, explican fuentes del caso, la idea de llamar a declarar como testigos o imputados a los 4.386 identificados fue descartada, sobre todo porque habría sido “materialmente imposible” tomar declaración a todos, explican estas fuentes.
Pagar por obtener un documento oficial falso, como se declara probado en esta sentencia, puede llegar a ser considerado un delito. Las bases de datos del Poder Judicial dejan varios ejemplos, como los alumnos de una academia de Tenerife que fueron condenados a tres meses de cárcel por pagar entre 800 y 1.000 euros a un entramado que les conseguía falsos títulos de bachillerato y formación profesional. En Madrid, hace dos años, varias personas fueron condenadas por vender y comprar falsos permisos de circulación.
En este caso la investigación se dirigió solo contra algunos integrantes de la red de certificados de vacunación radicada en La Paz y no todos los investigados se sentaron en el banquillo: la causa llegó a acumular más de diez imputados. La sentencia tampoco refleja la lista completa de personas que pagaron por obtener uno de esos falsos certificados en el marco de la operación Jenner. Sí refleja que los seis acusados son condenados por cohecho pasivo propio, cuyo espejo penal es el cohecho activo: quien paga al corrompido para obtener lo que necesita.