La justicia ha vuelto a asestar un varapalo al Gobierno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en sus intenciones de desmantelar (sin éxito) Madrid Central. Los argumentos del Ayuntamiento formado por PP y Ciudadanos para eliminar las multas de ese área de restricción del tráfico no han convencido a dos jueces que han dictaminado la suspensión cautelar de la moratoria para que las multas vuelvan a la zona de bajas emisiones. Las sanciones por acceder sin permiso a Madrid Central, por tanto, seguirán activas.
Los dos juzgados de lo Contencioso –los números 7 y 24– desmontaban este martes una a una las alegaciones que el Ayuntamiento de Madrid presentó en los juzgados para anular las multas en Madrid Central y le recordaban que la salud y el medio ambiente “son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos”. “En este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales”, añade el magistrado de lo contencioso número 7 en su texto, “sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.
El Ayuntamiento de Madrid alegó que, mientras eliminó las sanciones, la contaminación en la ciudad disminuyó. Otro de los argumentos del Consistorio de la capital se basó en la devolución de multas que el anterior Ejecutivo de Manuela Carmena tuvo que aprobar tras detectar un problema en el sistema. Ambos argumentos eran este martes desmontados por los dos jueces. “En este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales”.
El desmantelamiento de Madrid Central se le atragantó desde el comienzo al Gobierno municipal, que insistió en que no se había desmontado, a pesar de que la ausencia de sanciones llenó el centro de vehículos y volvieron a estar abiertas para los coches las Áreas de Prioridad Residencial que diseñó el PP hace 15 años. La suspensión de la medida solo duró una semana porque el juez de lo contencioso nº24 dictó medidas cautelarísimas el 5 de julio tras un recurso de Ecologistas en Acción, que este martes se confirmaba tras estudiar las alegaciones del Ayuntamiento.
Pese a que desde el Gobierno de PP y Ciudadanos intentaron negar el aumento del tráfico con datos no comparables, los del Centro de Control de Tráfico mostraron que la tendencia de reducción de coches respecto al año pasado –que sí son homogéneas y comparan variables semejantes– se había roto con un aumento del 8,1% del uso del coche.
El Ayuntamiento, sin embargo, ofreció una cifra diferente, que comparaba el primer día de la reversión de Madrid Central –que coincidió con el comienzo de las vacaciones– con el lunes anterior. Según el Consistorio, el tráfico había disminuido un 0,7% dentro de la M30. Pero ese lunes era el primero de julio y el inicio de las vacaciones para muchos, cuando el tráfico decae.
“Parece lógico que si en un área de la ciudad se prohíbe la circulación de vehículos con la amenaza de sanciones en caso de incumplimiento, disminuya el número de vehículos en esa zona”, resumen los magistrados cuando estiman como veraces los datos que demuestran que la contaminación disminuyó durante los meses de abril y mayo.
La salud es lo primero
Los dos autos judiciales que este martes confirmaban la vuelta de las multas a Madrid Central coinciden en argumentos. Ambos jueces inciden en que el derecho a la salud prevalece sobre cualquier otra consideración. El juez Jesús Torres Martínez, que tomó una medida cautelarísima el 5 de julio tras el recurso de Ecologistas en Acción, explica que la decisión de Almeida de desactivar las sanciones de Madrid Central se tomó sin ofrecer “ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones, ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar en el plano medioambiental”.
En la misma línea va el magistrado Carlos Sánchez Sanz que se pronunciaba acerca del recurso presentado por el PSOE y que concedía las medidas cautelares. El juez de lo Contencioso número 7 añade que “si se suprime en la práctica la consecuencia jurídica de la infracción de la norma, ésta queda como un mero mandato sin efectos en caso de contravención, por lo que la función de prevención general queda vaciada de contenido”.
El mismo magistrado desmonta el argumento del Consistorio de que la contaminación disminuyera con la moratoria de multas: “No ha acreditado de forma clara que las medidas que suponen la zona de bajas emisiones Madrid Central hayan supuesto un perjuicio para el medio ambiente y la salud de las personas, teniendo la facilidad probatoria de acreditar este hecho. Tampoco que haya resultado ineficaz para los fines que pretendía. Y en este sentido se puede considerar de forma indiciaria que concurren perjuicios de imposible o difícil reparación como consecuencia de la moratoria de Madrid Central, al afectar la contaminación a la salud de las personas y al medio ambiente”.
Sin embargo, desde el Gobierno municipal, Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, insistía en su argumento de que la medida “no ha funcionado” pese a lo expuesto por la justicia. “Acatamos el auto judicial que suspende la moratoria de multas, pero la posición del ayuntamiento sigue siendo la misma: queremos plantear un modelo alternativo, más eficaz que Madrid Central, porque fue un fracaso en términos de contaminación y en términos de movilidad”, defendía este martes Carabante. El Ejecutivo municipal tienen 15 días para recurrir, aunque desconoce si lo hará.
Otro de los argumentos del Ayuntamiento de Madrid para aplicar la moratoria, y esgrimido ante los jueces, es el fallo en el sistema de multas que obligó al anterior Gobierno de Ahora Madrid, artífice de la medida, a devolver las sanciones interpuestas entre el 15 de marzo y el 15 de abril. Ante esta alegación, ambos magistrados consideran que “no es necesario establecer una moratoria para Madrid Central por el hecho de que se hayan producido deficiencias en el sistema de multas”. “Aun admitiendo las deficiencias, reconocidas por la propia administración, la ponderación debe hacerse en favor de los derechos al medio ambiente y a la salud”, insisten ambos magistrados.
Para los magistrados, la actuación del Gobierno de Manuela Carmena devolviendo las multas demuestran que otros mecanismos, antes de la suspensión de Madrid Central, son mejores. “La misma resolución administrativa lo confirma, cuando indica que la administración ha salvaguardado en todo momento los derechos de los ciudadanos a través de medidas correctoras, análisis de la actividad sancionadora y anulación de oficio de cuantas sanciones se vieron afectadas, archivándose expedientes no notificados y devolviendo las sanciones ya tramitadas”, dice el juez en referencia a la suspensión de multas que aprobó el Gobierno de Manuela Carmena al detectarse errores en el sistema.
La moratoria de multas que dejó sin efecto la medida el 1 de julio se tradujo en un aumento del tráfico desde el primer momento y duró exactamente una semana porque la justicia la paró al decretar las medidas cautelares solicitadas por Ecologistas en Acción. Antes del primer toque en los tribunales, las protestas en la calle –Almeida vivió su primera gran manifestación–, los atascos, los problemas con el transporte público y una advertencia desde Bruselas, ya habían oscurecido lo que era para las tres derechas la consumación de una promesa electoral de la que querían hacer bandera, pero que se les ha atragantado.