La jueza eleva al Tribunal Superior de Madrid la petición de Ayuso de desalojar la Puerta del Sol
La jueza de lo contencioso-administrativo ha decidido elevar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la petición de la Comunidad de Madrid para desalojar de forma urgente la acampada que desde hace días ocupa la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda y por el desahucio de Maricarmen. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, cuya sede se encuentra en la Casa de Correos de la Puerta del Sol, había solicitado medidas cautelarísimas para que la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional fueran requeridos para sacar a cientos de personas de la plaza.
La decisión llega después de que el Sindicato de Inquilinas haya anunciado que la acampada podría levantarse este sábado. La propia Comunidad de Madrid, que interpuso la petición, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han informado a favor de que el asunto sea estudiado por el TSJM y ahora las partes tienen 10 días para hacer alegaciones.
“La competencia para conocer del presente recurso no corresponde a las Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia. En efecto, el acto impugnado ha sido dictado por un órgano perteneciente a la Administración periférica del Estado” y, añade la magistrada, debe ser estudiado por el TSJ madrileño.
Ayuso hizo el anuncio en el día de ayer. “Esta misma mañana, la Comunidad de Madrid va a presentar un recurso contencioso-administrativo” para exigir la “inmediata disolución” de la acampada. La ley establece un plazo de 48 horas para que un juzgado decida sobre este tipo de medidas urgentes, sin pedir opinión a las partes, pero en este caso la magistrada tuvo que preguntar a Comunidad de Madrid, Fiscalía y Abogacía del Estado si la competencia era suya o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La acampada liderada por el Sindicato de Inquilinas instaló las primeras tiendas de campaña en el 'kilómetro cero' de Madrid en la noche del pasado 26 de septiembre. Protestas surgidas tras el desahucio de la anciana Maricarmen de la casa de la avenida Alcalde Sainz de Baranda donde había vivido durante décadas a instancia de Urbagestión, la dueña del piso desde 2018 que, después del desahucio ejecutado por la Policía Nacional, ha llegado a un acuerdo con la mujer a través del Ayuntamiento de Madrid para que pueda volver al piso.