El Ayuntamiento de Madrid ocultó la existencia de riesgos cancerígenos en los equipos de trabajo de agentes de Movilidad

“Riesgo de inhalación de gases y agentes cancerígenos”. Esto es lo que advertía un informe emitido por Madrid Salud en junio de 2022 en el que se alertaba del peligro que suponía el uso de opacímetros para los agentes de Movilidad de Madrid. De la emisión de este documento han pasado casi cuatro años, durante los que el cuerpo ha estado expuesto a sustancias tóxicas sin las medidas de protección adecuadas.

Han sido los sindicatos del cuerpo, Progresa y CEM, los que se han hecho eco de lo que consideran una “negligencia” y acusan a la cúpula del área de Movilidad, con Borja Carabante al frente, de ocultar este informe, clave para la prevención de riesgos laborales. Según explica uno de los agentes afectados a este periódico, todo se remonta a mayo de 2022, cuando el área de Movilidad compró tres opacímetros, los dispositivos portátiles que el cuerpo utiliza para medir emisiones contaminantes de vehículos. Fue entonces cuando comenzaron a utilizarse a diario sin las medidas de seguridad necesarias.

La función principal de los opacímetros es analizar los gases que emiten los vehículos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono o los hidrocarburos, directamente desde el tubo de escape. Para ello, los agentes de Movilidad tienen que introducir manualmente el aparato en el tubo de escape, mientras inhalan de forma directa los gases que el coche desprende.

Los opacímetros emiten de manera automática un tique en el que se muestra si dichos valores se superan. De ser así, los agentes levantan acta y derivan a los conductores a que obligatoriamente pasen, en el plazo de un mes, una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en centros autorizados.

Un mes después de comenzar a usarlos, en junio de 2022, Madrid Salud emitió un informe en el que advertía de los diferentes riesgos a los que se exponían los agentes al llevar a cabo esta actividad. En el informe, al que ha tenido acceso Somos Madrid, analizan los riesgos del uso de analizadores de gases y opacímetros en plena vía pública para controlar las emisiones de los vehículos en circulación.

El documento identifica dos peligros críticos para los agentes. El primero es el riesgo de atropello, dado que deben detener vehículos y trabajar cerca del flujo de tráfico para manipular los equipos. Para mitigarlo, se ordena priorizar el estacionamiento en arcenes o zonas apartadas y señalizar siempre el área de trabajo siguiendo protocolos estrictos de visibilidad que alerten a otros conductores con suficiente antelación.

El segundo peligro, y quizás el más preocupante, es la inhalación de gases y agentes cancerígenos. Al hacer las pruebas con los motores encendidos, especialmente en vehículos diésel, los agentes quedan expuestos a sustancias tóxicas. Como medida preventiva fundamental, el documento establece un límite de exposición: ningún agente debe llevar a cabo esta tarea más de dos horas al día, obligando a la rotación del personal si la jornada de mediciones debe continuar.

Además de los riesgos químicos y viales, se contemplan medidas ergonómicas y de seguridad física inmediata. Por ejemplo, se menciona el riesgo moderado de quemaduras al trabajar con motocicletas, cuyos tubos de escape están muy expuestos. También se recomienda el uso de alfombrillas acolchadas para proteger las rodillas de los agentes al colocar las sondas de medición en el suelo, clasificando este riesgo como “tolerable” pero digno de atención.

Los agentes de Movilidad aseguran que ese informe nunca llegó a sus manos. El Ayuntamiento no trasladó en ningún momento los riesgos a los que se exponían los trabajadores, ni se implementaron las medidas recomendadas.

En el apartado de medidas correctoras y preventivas propuestas, el informe establece la obligación de dotar a los trabajadores de equipos de protección adecuados durante la medición de gases de combustión, incluyendo mascarillas de protección respiratoria FFP2 válidas frente a partículas PM10 y PM2.5. Asimismo, recoge otras medidas esenciales, como la prohibición de permanecer cerca del tubo de escape durante las mediciones o situarse a favor del viento, la obligación de proporcionar formación específica sobre riesgos químicos y agentes cancerígenos, y el uso de guantes resistentes al calor para manipular las sondas.

Según explica uno de los agentes, el informe fue remitido por correo electrónico a la subdirectora general, Virginia Torres Lirola, y a su consejera técnica, María Dolores Molera González, por lo que ambas eran conocedoras de los riesgos derivados de esta exposición. Por este motivo, desde el cuerpo las responsabilizan de haber ocultado durante casi cuatro años tanto el documento como las medidas de prevención que contenía.

Los agentes no tuvieron conocimiento de su existencia hasta octubre de 2025, cuando solicitaron acceso al mismo. “Lo tenían en un cajón y nunca se aplicó”, denuncian. Fue entonces cuando pidieron explicaciones a la directora general de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Marta Alonso, así como al delegado del área, Borja Carabante. Sin embargo, según sostienen, “todos se han puesto de perfil”. “Ahora quieren reparar los daños, pero la negligencia y la dejación de funciones ya están”, lamentan.

Medidas de protección insuficientes y un alto riesgo para la salud

“Los equipos de protección individual no existen”, asevera uno de los agentes. En octubre de 2025, cuando obtuvieron acceso al informe por primera vez, consultaron al Ministerio de Trabajo sobre las mascarillas FFP2. Aunque Madrid Salud señalaba que eran necesarias, técnicamente se concluye que son insuficientes para las partículas de los diésel, que son más pequeñas. “Habría que usar filtros más específicos”, explican.

“Todo esto lo sabía la cúpula del Ayuntamiento desde octubre de 2025, pero nadie actuó. Ahora quieren parchear, pero llegan tarde”, denuncia uno de los agentes. Además, explican que “hay compañeros que han estado años usando opacímetros y ahora ya son policías porque han aprobado la oposición”. Por esta razón, solicitaron también una evaluación sobre las consecuencias de inhalar estos gases, pero aseguran que nadie se ha puesto en contacto con ellos.

“Madrid Salud ha dicho que hará revisiones, pero otra vez, llegan tarde. La exposición era diaria”, añade uno de los afectados. El secretario general de Progresa, Chema Sánchez, considera que estos hechos podrían suponer una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde el sindicato explican que podría tener consecuencias “penales” para los cargos implicados basándose en el artículo 316 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años de prisión a los empleadores que no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad de forma segura. “Esto está tipificado. Otra cosa es cómo se articule la denuncia penal”, remarca.

Los agentes piden el cese de los responsables

El cuerpo de agentes de Movilidad ha solicitado explicaciones a toda la cúpula del área y reclama el cese de los responsables. “Nosotros lo que hicimos fue pedir explicaciones en octubre de 2025 y no hicieron nada. Aquí hay una acumulación de negligencias. Y luego salen diciendo que hablarán con Madrid Salud, pero no se aplicaron las medidas”, denuncian. Principalmente, piden el cese de la subdirectora y la consejera. “También habría que mirar al delegado del área, porque hay más antecedentes”, señalan.

Cuando el diario El Mundo se hizo eco de esta situación a principios de abril, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, adelantó que su equipo se reunirá con sindicatos de agentes de Movilidad “para valorar si es posible mejorar las condiciones aún más”, tras asegurar que se les dota de los materiales necesarios para su seguridad.

Carabante explicó entonces que fue en 2021 cuando el Ayuntamiento compró tres opacímetros para valorar las condiciones de sostenibilidad y las emisiones de los vehículos, en el marco de sus competencias. Según afirmó, junto con Madrid Salud se elaboró el correspondiente “protocolo para garantizar las condiciones de seguridad y salud y así se ha seguido”. “Hemos dado las mascarillas necesarias para que lo pudieran hacer con las mejores condiciones y lo estamos haciendo según establece Madrid Salud”, aseguró.

“Aún así seguimos mejorando las condiciones laborales, también los recursos no solo humanos sino materiales”, añadió, anunciando reuniones con los sindicatos. Sin embargo, el secretario sindical asegura que ese encuentro “fue casualidad” y “estaba pactado de antes”. Este periódico ha intentando concretar con el área de Movilidad si se ha producido alguna reunión posteriormente entre el delegado y los afectados sin obtener respuesta.

Los agentes han encontrado mayor apoyo en la oposición. El grupo municipal Más Madrid llevó el pasado 16 de marzo una pregunta sobre los opacímetros a la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

El delegado defendió que se trata de “algo muy positivo”, mientras que la concejala Esther Gómez respondió que los dispositivos llevaban seis meses sin funcionar en la unidad norte por la falta de medidas de protección. Gómez también cuestionó la ausencia de reconocimientos médicos, ante lo que el responsable municipal aseguró que “se garantizan plenamente sus condiciones”.

Los agentes rechazan estas afirmaciones y denuncian además irregularidades en el control técnico de los dispositivos, ya que desde su adquisición no se han sometido a la verificación metrológica anual obligatoria. Desde el sindicato califican la situación de “totalmente negligente” y exigen que se depuren responsabilidades.