Iveco pacta el convenio en Valladolid y afronta huelgas en Madrid a la espera de la venta a Tata
La negociación laboral de Iveco en España avanza a dos velocidades. El fabricante italiano de vehículos industriales ha alcanzado un principio de acuerdo con los representantes de los trabajadores de su planta de Valladolid para renovar el convenio colectivo hasta 2028, mientras que la fábrica de Madrid se prepara para un calendario de huelgas tras el bloqueo de las conversaciones. Todo ello coincide con la incertidumbre que rodea la compra de la compañía por parte de Tata Motors, una operación de 3.800 millones de euros cuyo cierre continúa pendiente de las autorizaciones regulatorias.
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El preacuerdo alcanzado en Valladolid pone fin, al menos de forma provisional, a varios meses de tensión sindical y aleja el riesgo de una huelga que el comité de empresa ya había empezado a preparar tras once reuniones sin avances significativos. La negociación dio un giro decisivo después de que los máximos responsables de Recursos Humanos de Iveco desplazados desde Italia participaran en la mesa negociadora y presentaran una nueva propuesta económica que fue valorada positivamente por unanimidad por toda la representación sindical.
El convenio contempla una subida salarial acumulada del 9,5% entre 2026 y 2028. Los salarios aumentarán un 3,5% este año —repartido entre un 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero y un 1% adicional a partir del 1 de agosto—, otro 3,5% en 2027 y un 2,5% desde el inicio de 2028.
Iveco destaca la estabilidad de Valladolid
Además, incorpora una cláusula de garantía para proteger el poder adquisitivo de la plantilla. Si el IPC acumulado durante la vigencia del convenio supera el 9,5% pactado, los trabajadores recibirán una revisión adicional de hasta el 2% con efectos desde enero de 2029.
El acuerdo también incluye la revalorización de todos los pluses y ayudas sociales, la sustitución del plus de presencia por un complemento por fichaje, medidas de flexibilidad, mejoras en la polivalencia y nuevos mecanismos para gestionar el absentismo. En el ámbito social se amplía a cinco días el permiso retribuido por fallecimiento de familiares de primer grado, se abrirá una negociación específica sobre teletrabajo y el denominado Índice de Bradford quedará limitado exclusivamente a fines estadísticos.
La dirección de Iveco considera que el principio de acuerdo refuerza la competitividad de la planta vallisoletana y proporciona un marco de estabilidad para afrontar los retos industriales de los próximos años. El texto definitivo deberá ser ahora validado por la plantilla antes de su firma.
Madrid eleva la presión con huelgas
La situación es muy distinta en la fábrica madrileña, donde la negociación del convenio colectivo continúa completamente bloqueada tras nueve reuniones entre la dirección y el comité de empresa. Ante la falta de avances, los sindicatos UGT, CCOO y CGT han convocado un calendario de movilizaciones que arrancará el 10 de julio con paros parciales de dos horas por turno. Las protestas continuarán el 14 de julio, mientras que el día 16 se celebrará una huelga de ocho horas acompañada de una manifestación por Madrid que prevé pasar frente a las embajadas de Italia e India, en alusión tanto al actual propietario como al futuro comprador del fabricante. El calendario se completará con nuevos paros el 20 y el 23 de julio.
Los representantes de los trabajadores reclaman un convenio para el periodo 2026-2028 con incrementos salariales equivalentes al IPC más un punto adicional cada año, además de mejoras en reducción de jornada, categorías profesionales y condiciones laborales. Sin embargo, denuncian que la empresa no ha presentado una propuesta que permita acercar posiciones.
La estrategia sindical sigue el camino que había iniciado la planta de Valladolid, donde las movilizaciones celebradas durante junio terminaron forzando una mejora de la oferta económica por parte de la dirección.
La venta a Tata añade incertidumbre
El conflicto laboral coincide con un momento especialmente delicado para Iveco. La venta de su negocio de vehículos industriales al grupo indio Tata Motors, anunciada hace casi un año por la familia Agnelli, sigue pendiente de completarse después de que las autorizaciones regulatorias retrasaran el calendario inicialmente previsto.
Aunque la Comisión Europea ya autorizó la operación, el visto bueno definitivo continúa pendiente de organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España y de las autoridades francesas. Tata Motors ha comunicado a sus inversores que espera cerrar finalmente la adquisición entre julio y septiembre de este año.
La operación, valorada en 3.800 millones de euros y la mayor realizada por Tata Motors desde la compra de Jaguar Land Rover en 2008, mantiene en vilo a las más de 4.000 personas que trabajan en las plantas españolas de Madrid y Valladolid.
Los sindicatos sostienen que la dirección está utilizando tanto la incertidumbre derivada del cambio de propietario como el deterioro de los resultados financieros para justificar una mayor contención salarial durante las negociaciones. La compañía, por su parte, insiste en que mantiene sus planes de inversión industrial y que la operación no alterará la actividad prevista en España.
De este modo, Iveco afronta dos escenarios muy diferentes en sus principales centros productivos españoles: mientras Valladolid encara una etapa de estabilidad tras sellar un acuerdo con los sindicatos, Madrid se prepara para un verano de movilizaciones en pleno proceso de cambio de propietario.