Desregulación y ambientalismo
Suma y sigue. El cambio en la composición del Parlamento Europeo ha significado un giro antiambiental en la Comisión Europea que supone el desmantelamiento de las políticas ambientales y el descarte de una aplicación más ambiciosa del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Hay una creciente ofensiva desreguladora que amenaza algunas de las principales conquistas ambientales de la Unión Europea.
La revisión de la Directiva Aves, la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua, junto con los retrasos e incertidumbres en torno a la aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, forman parte de una tendencia que cuestiona el compromiso de las instituciones europeas con la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Detrás de la propaganda de la simplificación y competitividad, la Comisión Europea está impulsando una agenda de desregulación que amenaza con desmontar décadas de avances ambientales. Lo que se quiere difundir como una reducción de cargas administrativas se está convirtiendo en una auténtica trituradora ambiental.
Las evaluaciones realizadas por las propias instituciones europeas han concluido reiteradamente que la legislación ambiental vigente es adecuada para cumplir sus objetivos. Los problemas no se encuentran en las normas, sino en la insuficiente financiación, la falta de medios para su aplicación efectiva y su incumplimiento.
La Comisión Europea tiene que descartar cualquier debilitamiento de las Directivas de Naturaleza y de la Directiva Marco del Agua, garantizar la plena aplicación del Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación y reforzar los mecanismos de participación pública, transparencia y rendición de cuentas en todos los procesos relacionados con el medio ambiente.
Es preocupante el creciente cuestionamiento de la financiación ambiental europea en un momento en que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas exigen precisamente más inversión pública. Es necesario que el Marco Financiero Plurianual refuerce las políticas ambientales europeas y garantice la continuidad y fortalecimiento de instrumentos esenciales como el programa LIFE, elemento clave para la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica y la adaptación al cambio climático.
La elaboración del Plan Nacional de Restauración en España, impulsado hasta la fecha, no está garantizando niveles suficientes de participación pública, transparencia ni ambición para responder a la magnitud de la crisis ecológica. La generación que tendrá que convivir durante más tiempo con los impactos de la crisis climática y ecológica observa cómo se cuestionan leyes cuya necesidad es hoy más evidente que nunca. Mientras tanto, los ecosistemas se degradan, las sequías se intensifican y la biodiversidad continúa desapareciendo, No se necesita menos protección ambiental sino más protección, más financiación y más democracia. Desmantelar las herramientas que protegen la naturaleza no es simplificar, es renunciar a un futuro sostenible.
En nuestra región tenemos síntomas paradigmáticos de desregulación y anti ambientalismo. El Decreto-ley 1/2025, de Simplificación Administrativa ha acelerado, con el pretexto de la simplificación de los procedimientos, la aprobación de las autorizaciones ambientales de proyectos disminuyendo las garantías de protección ambiental.
La Asamblea Regional de Murcia ha impulsado una reforma de la protección del Mar Menor en el marco de los acuerdos presupuestarios del PP y Vox. Se pretende realizarla a través de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. Esta modificación busca flexibilizar algunas sanciones al sector agropecuario, disminuir la cuantía de las multas y permitir mayores subvenciones a empresas. Sin embargo, desde diversas instancias jurídicas, se denuncia que la iniciativa tramitada en la Asamblea Regional provocaría una regresión ambiental.
El PP defiende los cambios en los que se adaptará el régimen sancionador y se aclararán las restricciones agrícolas, asegurando que no se reducirá la protección del ecosistema. Vox va más allá, reclama una reforma más profunda de la normativa, para eliminar entidades de control (ECARM) y prohibir la instalación de macrofotovoltaicas en la cuenca. Ha reclamado la derogación de la ley, argumentando que criminaliza al sector agroexportador.
La respuesta social frente al antiambientalismo y desregulación del Mar Menor no ha tardado en producirse. Plataformas ecologistas y sociales, como Pacto por el Mar Menor, han manifestado su rechazo al proyecto, definiéndolo como una involución y denunciando que las modificaciones buscan relajar los controles medioambientales para beneficiar a la agroindustria. La sociedad civil murciana no debe permanecer pasiva ante este atentado ambiental y reclamar una mayor protección de nuestro patrimonio natural.