Nos sobran los motivos
Mientras en el País Valencià miles de docentes mantienen una huelga indefinida desde hace cuatro semanas y llenan las calles para defender la educación pública, en nuestra región seguimos observando con resignación cómo se acumulan los problemas sin que exista una respuesta política a la altura.
Quizá uno de nuestros mayores lastres sea precisamente la dificultad para dar el paso. Somos una región que históricamente se moviliza poco. En los últimos años, a pesar de que las quejas en los claustros, salas de profesores y pasillos no han dejado de aumentar, rara vez hemos conseguido transformar ese malestar en una reivindicación sostenida. Sin embargo, la experiencia demuestra que los avances laborales y educativos nunca han llegado por generación espontánea. Han sido fruto de la presión social, del diálogo respaldado por la movilización y de la capacidad de una comunidad para defender aquello que considera esencial.
Llevamos más de quince años esperando la reversión de unos recortes que la Consejería considera ya permanentes. Quince años durante los cuales se han sucedido gobiernos, anuncios y promesas, que no se han transformado en una planificación educativa seria a medio y largo plazo y que no han dotado ni de recursos ni de estabilidad a la educación de todas y todos. Se gobierna a golpe de improvisación y se atiende la urgencia del día a día, mientras se elude seguir una hoja de ruta que permita afrontar los retos del sistema educativo.
Nuestras reivindicaciones afectan a todos los ámbitos de la enseñanza, y, aunque son de sobra conocidas, no dejan de ser urgentes. Desde la reducción de ratios hasta el aumento de recursos para la atención a la diversidad; desde la necesidad de climatizar unas aulas que cada año soportan temperaturas más extremas hasta la urgencia de acometer un verdadero plan de infraestructuras que acabe con el hacinamiento, el amianto, los barracones y el envejecimiento de los centros. A ello se suman problemas enquistados como la creciente conflictividad escolar, el exceso de burocracia o la insuficiente dotación económica que reciben los centros educativos para su funcionamiento, cuya financiación todavía es inferior a la de hace quince años.
Tampoco pueden ignorarse cuestiones laborales que afectan directamente a la profesión docente: la pérdida continuada de poder adquisitivo, la falta de protección para el profesorado mayor de 55 años, la incertidumbre en procesos de oposiciones o el incremento constante de responsabilidades que recaen sobre el personal docente y equipos educativos, sin que se dote del tiempo y de los recursos necesarios para llevarlas a cabo. Cada curso se exige más al profesorado, pero esa exigencia no se ve acompañada con una mejora de las condiciones de trabajo.
A todo esto se suma un progresivo deterioro de la consideración social de la profesión docente. Durante años se ha ido construyendo un relato que cuestiona permanentemente nuestro trabajo y minimiza nuestra aportación al conjunto de la sociedad. Como consecuencia, muchas de nuestras reivindicaciones son recibidas con indiferencia, cuando no directamente con desconfianza o menosprecio. Se olvida que defender unas condiciones laborales dignas para el personal docente no es un privilegio para unos pocos, sino una condición indispensable para garantizar una educación pública de calidad.
Estamos viviendo en directo cómo se privatiza la Formación Profesional, después de años de avance imparable de la universidad privada ultracatólica, cómo se apuntala la educación concertada al tiempo que se cierran líneas en la pública, cómo se llevan las ratios al límite y cómo se eliminan programas específicos para ahorrar presupuesto. La educación pública es la herramienta más potente de cohesión social y la única que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado. No podemos achacar todo esto a una falta de incapacidad o de incompetencia, al menos no en su totalidad, sino también a un plan premeditado del Gobierno regional para definir un modelo social segregador marcado por los orígenes y por la situación socioeconómica que tenía nuestra familia cuando llegamos al mundo.
Muchos de estos problemas no son nuevos, sino que han sido señalados durante años por docentes, equipos directivos, sindicatos y por toda la comunidad educativa. Lo que falta no es información, sino voluntad política para abordar soluciones estructurales. Falta una estrategia clara, consensuada y dotada presupuestariamente. Falta que, ante el posicionamiento del Gobierno regional sobre su modelo educación pública, la ciudadanía responda y muestre su desacuerdo.
Por eso resulta inevitable mirar hacia el País Valencià y preguntarnos qué nos impide hacer lo mismo. Allí la comunidad educativa ha entendido que la movilización es una herramienta democrática para defender derechos, reclamar mejoras y situar la educación pública en el centro del debate social. Docentes, estudiantes y familias han demostrado que cuando existe una preocupación compartida es posible organizarse colectivamente para hacerse escuchar. En ese proceso también ha sido importante la capacidad de las organizaciones sindicales progresistas para construir espacios de unidad en torno a objetivos comunes. En un contexto de fragmentación y desgaste, esa voluntad de colaboración constituye una experiencia de la que merece la pena aprender.
Ha llegado el momento de reconstruir la fuerza demostrada por la marea verde y de hacerlo desde la base. De organizarse desde los claustros, desde los centros educativos, con las asociaciones de estudiantes y de familias, con todas las personas que sostienen cada día la escuela pública. Somos nosotras quienes conocemos los problemas reales y quienes sufrimos las consecuencias del desmantelamiento de los servicios públicos, pero también quienes tenemos la capacidad de impulsar el cambio.
La realidad es que nos sobran los motivos para salir a la calle. Porque la educación pública no puede seguir siendo desmantelada. Porque después de quince años de recortes y promesas incumplidas, la paciencia tiene límites. Y porque, aunque nos cueste movilizarnos, la resignación nunca ha mejorado la escuela, recuperado ningún derecho ni construido un futuro mejor para nuestras hijas e hijos.
“La maestra luchando también está enseñando”