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La lucha de Beatriz por saber si fue un bebé robado en 1984
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Un nombre falso y 400.000 pesetas para la Iglesia: la lucha de Beatriz por saber si fue un bebé robado en 1984

Rodrigo Saiz

Pamplona —
22 de noviembre de 2026 21:39 h

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Beatriz supo que había sido adoptada cuando tenía siete años, después de que unos compañeros de clase se lo gritasen en el patio del colegio. Ese día, sus padres le contaron la que pensaban que era su historia: su madre, una mujer sin recursos que no podía hacerse cargo de un bebé, se la entregó a una orden religiosa y, ellos, que no podían tener hijos, tramitaron su adopción a través de las monjas. La infancia que muchos niños adoptados viven con angustia y sin respuestas, fue para Beatriz un tiempo de certezas. Pero súbitamente esas seguridades se transformaron en una angustiosa sospecha: ¿Y si era una bebé robada? 

Las dudas comenzaron cuando cumplió los 20 años. Sus padres adoptivos le entregaron entonces la documentación que firmaron para los trámites para su adopción. Ese fue el disparador de muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué el nombre de su madre aparecía tachado? ¿Por qué la habían tenido interna en una residencia a 17 kilómetros de Pamplona durante casi dos meses antes de dar a luz?

Los papeles dicen que Beatriz nació en la Clínica San Miguel de Pamplona el 14 de marzo de 1984. Y que dos días después, el 16, fue dada en adopción por su madre, que “ordenó que fuera entregada al Instituto Residencia Santa Teresa de Guerindáin” tras ocultar “voluntariamente su identidad”, según se desprende del acta de adopción que firmaron sus padres adoptivos y la hermana superiora de esa residencia, dependiente de las Misioneras de Jesús, María y José. Pero Beatriz tiene serias dudas de que su madre biológica quisiera entregarla en adopción, y ve en su caso numerosas similitudes con los de víctimas de la sustracción de menores.

Entre ellas, el hecho de que a su madre le suministraran una cantidad inusual de fármacos durante el parto, que figurara con un nombre inventado en las actas médicas, los diversos desembolsos de dinero que realizaron sus padres adoptivos para tramitar la adopción o que la congregación religiosa que tramitó su adopción formó parte del Patronato de Protección a la Mujer.

Un nombre inventado

María Isabel Trujillo Guerindiáin no existe. Es solo un nombre falso que oculta la identidad de la joven de 22 años que dio a luz a Beatriz, su segunda hija, según consta en el informe clínico. Natural de la provincia de Cáceres, presumiblemente de Trujillo o algún pueblo de alrededor, no se sabe cómo, llegó a manos de las Misioneras de Jesús, María y José. En el último trimestre del embarazo las monjas la trasladaron a una residencia que la congregación tenía en Guerindiáin, municipio navarro situado en la merindad de Estella, a pocos kilómetros de Pamplona.

Allí estuvo alojada un total de 57 días, desde el 30 de enero de 1984 hasta el 26 de marzo. Durante ese periodo realizó además un total de nueve viajes a Pamplona para pasar consulta con el ginecólogo. Dio a luz el 14 de marzo en la Clínica San Miguel y el 16, supuestamente de forma voluntaria, la dio en adopción a través de la congregación religiosa a los padres de Beatriz, residentes en Logroño.

Tras una investigación que se ha prolongado durante años, Beatriz todavía no ha conseguido localizar a su familia biológica, pero sí que ha ido recopilando documentación y pistas que la llevan a pensar que en realidad su madre no quiso entregarla.  

A través de una orden judicial, pudo acceder al informe clínico de su nacimiento en Pamplona, el primer documento que tuvo en sus manos en el que el nombre de su madre biológica no aparecía tachado. “Lamentablemente”, poco después comprobó que Isabel Trujillo Guerindiáin no se correspondía con el nombre de ninguna persona. De hecho, averiguó que Trujillo es el nombre del pueblo de Cáceres del que cree que procedía su madre. Guerindiáin es el pueblo donde estaba la residencia de la orden religiosa en la que vivió los tres meses previos a dar a luz en Pamplona.

“Les ponían el lugar de origen y el de destino de apellidos para tenerlas localizadas”, cuenta Beatriz, que señala que ha encontrado más casos como el de su madre en otras víctimas de la sustracción de menores. “Para esconder los embarazos a las madres que eran del sur de España las mandaban al norte y viceversa, e incluso fuera de España”, añade. 

Beatriz pudo comprobar mediante un test genético que sus padres biológicos son originarios de la provincia de Cáceres. Allí, a través de una prueba de ADN, pudo dar con un pariente lejano, lo que refuerza su teoría de que a su madre la trasladaron de Extremadura a Navarra con el embarazo avanzado, para ocultar su nacimiento.

En el informe clínico de su nacimiento también aparecen los fármacos que le suministraron a su madre durante el parto. Un médico al que consultó le confirmó que se trata de dosis muy elevada para un parto y que concuerda con casos de mujeres a las que les sustrajeron a sus hijos durmiéndolas durante o después del parto.

10.000 euros por los gastos médicos y la “pensión completa” 

Entre la documentación que le facilitaron sus padres adoptivos figura también una serie de pagos que realizaron durante todo el trámite para la adopción. En total suman unas 400.000 pesetas, unos 10.000 euros al cambio de hoy teniendo en cuenta la inflación. A ellos habría que añadir otras 75.000 pesetas que sus padres le aseguran que dieron después a la orden en concepto de donativo. Según les dijeron, era dinero para la madre biológica de Beatriz.

El pago de las 400.000 pesetas se corresponde a todos los gastos de su madre biológica durante su estancia en la residencia de la orden religiosa en Guerindiáin, además de los correspondientes a la asistencia médica durante el parto. Así, en la documentación referida figuran pagos como 62.700 pesetas por la “pensión completa” de su madre durante los 57 días que pasó en el pueblo de Navarra, a los que se añaden otras 28.739 pesetas por gastos “extraordinarios” como los viajes en taxi a Pamplona para las consultas con el ginecólogo, ropa, productos de aseo o el “uso del teléfono”. También 51.428 pesetas por su estancia en la Clínica San Miguel de Pamplona, donde nació Beatriz, o 50.000 pesetas de minuta de honorarios al despacho de abogados que gestionó el trámite de la adopción. Pagos que recuerdan a los que en la actualidad realizan las personas que recurren al vientre de alquiler.

Todos estos pagos no se realizaron de golpe, comenzaron un mes antes de que ella naciera. Una religiosa de otra congregación conocida de sus padres adoptivos los puso en contacto con las misioneras de Jesús, María y José “unos meses antes” del nacimiento de Beatriz.

A preguntas de este periódico, desde las Misioneras de Jesús, María y José aseguran que no guardan documentación sobre adopciones porque “no se registraban”, si bien reconocen que la hermana que firmó la adopción de Beatriz formó parte de la congregación (ya ha fallecido). Desde la Clínica San Miguel no han querido hacer valoraciones, aunque una trabajadora del centro asegura que era habitual que se atendiesen partos procedentes de órdenes religiosas.

Hoy Beatriz tiene 42 años, forma parte de la Asociación de Bebés Robados de Navarra 'Amalur' y, tras años de investigación en silencio, ha decidido dar a conocer su historia con la esperanza de que aparezca algún hilo nuevo del que tirar. Asegura que es feliz, quiere mucho a sus padres adoptivos, tiene trabajo, pareja y hasta ha sido madre. Pero al mismo tiempo siente que le falta algo. “Merezco conocer la verdad y saber quién soy”, añade para reclamar un banco público nacional de ADN. 

Han sido muchos los intentos por lograr encontrar a su madre: visitas a abogados, a registros, a la clínica en la que nació, y hasta a la sede que la congregación religiosa tiene en Madrid. Allí pudo tener un encuentro con la hermana que firmó su adopción, quien le dijo que no sabía quién era ella ni tampoco su madre. Beatriz cuenta que la conversación se alargó durante más de una hora y que, en un intento por zanjar el encuentro, la hermana le llegó a decir: “Tu madre no ha venido a buscarte”. “¿Si no sabía quién era mi madre, cómo podía saber que no había ido a buscarme?”. 

Esa negativa a dar respuestas por parte de las monjas la habían sufrido unos años atrás sus padres biológicos, cuando ella todavía era pequeña. Acudieron a la congregación para preguntar por los orígenes de Beatriz y de su madre, y se les dijo que no podían facilitarles esa información.

Esa búsqueda la llevó también a organizar un viaje a Cáceres. Allí preguntó en varios pueblos si conocían a una mujer que hubiese desaparecido del municipio durante casi tres meses a comienzos de 1984 y pudiese tener sus mismos rasgos: delgada, pelo negro, piel clara, ojos oscuros y mirada firme. No hubo suerte. Acabó visitando el cementerio de un pueblo de la provincia, Arroyo de la Luz, donde, tras consultar el registro de inhumaciones se quedó sorprendida con la cantidad de “fetos” enterrados durante los años de la dictadura e inmediatamente posteriores. “El porcentaje era altísimo, dudo que pudieran morir tantos bebés. Solo conoceremos la verdad si deciden abrir la caja de Pandora”, señala.

“Crearon una trama de adopciones supuestamente legales pero que en realidad eran irregulares tan bien tejida y con tanta gente implicada, que en 2026 miles de adoptados seguimos buscando a nuestras madres y viceversa”, lamenta Beatriz.

Un modus operandi de la dictadura

Por todo ello Beatriz cree que el suyo es uno de los miles de casos de bebés robados que se registraron durante el franquismo y que se extendieron incluso durante los primeros años de democracia. El historiador Mikel Lizarraga, doctor por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), señala que este fenómeno, a diferencia de cómo se desarrolló en otros países como Argentina, donde tuvo un “carácter ideológico claro” y se enmarcó en un periodo corto de tiempo (1976-1983), en España se prolongó durante muchos más años y tuvo varias tipologías.

Lizarraga sitúa una primera etapa al final de la Guerra Civil, cuando la dictadura arrebató sus bebés a mujeres consideradas enemigas del régimen por ser parejas de combatientes o presos republicanos para entregárselos a familias afines al franquismo. Es aquí donde emerge la figura de Antonio Vallejo-Nájera y su teoría sobre la existencia de un supuesto 'gen rojo' que predisponía a algunas personas a ser “contagiadas” por el “virus marxista”. 

Así aplicó lo que denominó la “eugenesia positiva”, separar a los hijos de los padres republicanos, socialistas o comunistas “para evitar que se críen en ambientes disidentes de la dictadura y que sus padres les puedan transmitir esos principios”, apunta el doctor por la UPNA. “Se aprobó una ley por la cual únicamente podían tener la tutela de estos menores aquellas personas irreprochables desde un punto de vista religioso, moral y nacional, es decir aquellas personas que comulgasen con el nacionalcatolicismo de la dictadura, que además podían cambiarle el nombre y la filiación biológica de los menores por otra falsa, merced a otra ley”, añade el historiador. “Así se imposibilitaba su búsqueda y localización”, apostilla.

En una etapa posterior, pasados los años más represivos de la dictadura y tras la entrada de España en la ONU, la sustracción de menores “se reconvierte en otras fórmulas”, como la que afectaba a mujeres que no casaban con el principio de “rectitud” que defendía el franquismo. A través de las órdenes religiosas o de instituciones como el Patronato de Protección a la Mujer se ocultaban estos embarazos de madres jóvenes y solteras y los bebés posteriormente se daban en adopción mediante su sustracción o haciendo firmar a sus madres un documento por el cual lo daban en adopción de manera “voluntaria”.

Mikel Lizarraga sitúa una tercera tipología en los primeros años de la democracia y es el robo de bebés en las maternidades para dárselos a familias adineradas que no podían tener hijos y que, en muchas ocasiones, los inscribían como hijos biológicos para que no figurasen como adoptados.

Hace dos semanas el historiador de la UPNA organizó en el Parlamento de Navarra unas jornadas sobre la sustracción de menores en España y Argentina. En ella, junto con otras víctimas, participó Beatriz. Allí contó su historia con la esperanza de que haciéndola pública pueda llegar a oídos de su familia biológica que les está buscando. También para reclamar a las instituciones públicas y religiosas que se desclasifiquen archivos que permitan a más víctimas dar con sus orígenes y para que no todo sean puertas cerradas y nombres falsos tachados en documentos.

Dos décadas después del comienzo de su investigación, Beatriz sigue buscando a su familia biológica. Hace siete años, fue ella la que tuvo un hijo. “La primera persona que conozco que tiene mi sangre”, cuenta emocionada.