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La España indignada

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Entre los muchos privilegios que he tenido en el transcurso de mi larga vida, uno de los que más me han impactado ha sido el de mantener una larga relación con uno de los personajes más relevantes de la Europa que surge de las cenizas de la II Guerra Mundial. Me estoy refiriendo al francés Stéphane Hessel, que luchó en la resistencia, fue torturado por la Gestapo y ocupó cargos relevantes en Naciones Unidas, llegando a ser uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Compartí, bajo su presidencia, las sesiones del Tribunal Russell sobre el apartheid que sufrían los palestinos, aún antes del genocidio. Siempre permanecerán en mis recuerdos.

Nunca dejó de estar comprometido con los derechos humanos y la denuncia de los que pretenden eliminarlos. En el año 2010 se le ocurrió escribir un breve fascículo con el sugestivo título '¡Indignaos!'. Algunos comentaristas franceses, por su impacto en la sociedad, llegaron a compararlo con el '¡Yo acuso...!' de Émile Zola. Su contenido está de plena actualidad. Exhorta a los jóvenes a indignarse, porque se juegan la libertad y los valores más importantes de la humanidad. Añade que el mundo va mal, debido a que los poderes financieros lo acaparan todo. Como se ha podido comprobar en las numerosas declaraciones de los acampados en la Puerta del Sol, jóvenes y no tan jóvenes, el detonante principal ha sido el problema de la vivienda, pero se asocia a los bajos salarios, las jornadas laborales y las pensiones. Como es lógico, nadie ha relacionado la cuestión con la inmigración y el gran bulo de la ocupación que solo puede anidar en mentes desguarnecidas y fácilmente manipulables. 

Por supuesto, en una democracia no todo ha de achacarse al potencial insaciable de los sectores financiero, que solo pueden actuar a sus anchas si el poder político, bien por adhesión o por faltar a sus compromisos, no les hace frente activando los mecanismos correctores y las políticas solidarias que pueden frenar la especulación con un bien que no puede ser objeto de los avatares del libre mercado. Muchas Constituciones han situado el derecho a una vivienda digna en el catálogo de los derechos fundamentales porque los seres humanos no pueden desarrollar un proyecto de vida ni el libre desarrollo de su personalidad sin una estabilidad habitacional garantizada por las leyes que desarrollan la regulación de los hogares. Existen posibilidades de movilizar las voluntades políticas de los ciudadanos para revertir las tendencias reaccionarias, como lo han demostrado Mamdani en Nueva York o Die Linke en Berlín.

Está en juego la propia subsistencia del sistema democrático, que no puede hacer grandes proclamaciones de derechos sin hacerlos reales y efectivos. Tarea que no se puede desarrollar de la noche a la mañana. La conmoción producida por el desahucio de Maricarmen ha despertado las conciencias de algunos políticos y sectores de la opinión pública, pero los desalojos de las viviendas vienen de largo y han provocado numerosas tragedias. Por eso he escrito que los Reales Decretos que decayeron al no ser aprobados solo eran una especie de torniquete para contener la hemorragia.

La indignación que se respira en las acampadas no puede quedarse en un natural desahogo y protesta. Con profundo respeto a lo que decidan los protagonistas y partícipes en las movilizaciones, creo que la fuerza motriz de la indignación no puede quedarse en un perenne y justificado estado de ánimo que a la larga resultaría estéril. En una democracia, los movimientos que han tenido la fortaleza suficiente para provocar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de nuevas elecciones no pueden desperdiciar ese caudal político sin ponerlo al servicio de aquellos partidos políticos o nuevos grupos que asuman un compromiso de llevar adelante iniciativas legislativas que puedan obligar a cambiar de rumbo.   

Nuestros vecinos franceses han puesto en marcha, con notable éxito, un frente común bajo la denominación La Francia Insumisa. Aquí la convocatoria de las elecciones ha acelerado el movimiento de los numerosos partidos políticos que se sitúan, según los politólogos, a la izquierda del PSOE, para integrarse en un bloque único bajo la denominación de Frente Amplio, que ha tenido éxito en Uruguay y que nos ha proporcionado una figura política de la talla de José Mujica, capaz de enseñarnos que la política solo vale la pena si se es capaz de tener la dimensión humana que nos trasmitió generosamente durante su vida.

En estos momentos podemos afirmar que las expectativas que se abren ante unas futuras elecciones nacen de la España indignada. Participo totalmente de sus reivindicaciones. No me parece impertinente recordar que la indignación no es incompatible con la participación. Vivimos en tiempos convulsos que se escapan de nuestras posibilidades de control. El entorno internacional va a estar presente en el debate electoral. El resultado de la segunda vuelta en las elecciones brasileñas será una referencia que inclinará el voto de algunos. El triunfo o el fracaso de Trump en las votaciones del 2 de noviembre pueden marcar un cambio de rumbo en la política internacional y la economía mundial. Como puede comprobarse el resultado afectará directamente a nuestra vida diaria, pero existen factores que, como he dicho, no podemos controlar. 

En todo caso y mientras llega el día de la votación no podemos tener abierta la sangría de los desahucios o las angustiosas incertidumbres sobre las posibilidades de seguir en la vivienda. Es urgente que el debate electoral no se vea enturbiado por trágicos acontecimientos. Cabe esperar que la Diputación Permanente aprobará un Real Decreto con propuestas semejantes a las que increíblemente fueron rechazadas en el Pleno del ya disuelto Congreso. Que nadie se altere ni proclame extrañas teorías sobre la legalidad de estas previsiones, el día 29 de noviembre podrán ratificar o rechazar estas medidas. Pedir una campaña limpia por parte de la derecha política, mediática y económica me parece una utopía. Ya han enfangado el terreno de juego, poniendo en cuestión la reconocida limpieza de nuestro sistema electoral.