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Un negocio redondo

Durante mi corta carrera como investigador, uno de mis principales dilemas éticos ha estado siempre relacionado con la publicación de mi trabajo. Cuando se empieza en este oficio, descubrir el modelo de negocio de las editoriales científicas le cae a uno como una jarra de agua fría: ¿pero cómo, que esto funciona así y nadie hace nada? Al principio pregunté y repregunté (investigué, de hecho, en paralelo a mi doctorado, por curiosidad), por si había algo que se me escapaba, algún hecho relevante que se me pasase desapercibido, algo que pudiera dar sentido a aquello. Pero no. Era así. Es así. Tan crudo y obsceno como la realidad misma. Si me permiten unos minutos se lo intento explicar, porque creo que este asunto tiene relevancia e interés público (ya que, entre otras cosas, sus cuartos van en ello).

Empecemos por el principio.

La evolución de la publicación científica 1

1En 2015 la publicación científica cumplió su 350 aniversario. En 1665 las revistas Journal des Sçavans francesa y la conocida Philosophical Transactions de la Royal Society londinense fueron las primeras publicaciones del género a las que, con el tiempo, seguirían muchas otras. Éstas fueron fundadas por sociedades científicas o por secciones de prensa de prestigiosas universidades con el propósito de facilitar la construcción del conocimiento científico. Cambiaron drásticamente la forma de comunicación académica (previamente por correspondencia postal, libretos y reuniones) y acelerando la diseminación de nuevos resultados. Gracias a ellas se estructuró y sistematizó notablemente la forma de producir y almacenar la ingente cantidad de conocimiento científico que se generó en la modernidad. Con el nacimiento de estas revistas también se estableció la regla básica, aún hoy vigente, que caracteriza a una publicación científica: la revisión del trabajo (métodos, datos y resultados) por otros colegas (anónimos e independientes) antes de su publicación final. Hoy en día se conoce como revisión por pares (o peer-review en inglés).

Las primeras editoriales comerciales aparecieron mucho más tarde, con el auge de la industrialización y el asentamiento de las reglas de mercado, las cuales ayudaron a introducir mejoras de productividad. Aún así, hasta la Segunda Guerra Mundial la mayoría de revistas especializadas eran aún publicadas por sociedades científicas2. Durante el siglo XX las editoriales comerciales se acabaron consolidando como el medio principal de difusión científico.

Así, la publicación de artículos científicos en revistas especializadas se ha ido concentrando progresivamente desde hace 50 años, sobre todo a partir de la década de 1990 que se inició la transición a la publicación digital online. Esta dinámica de concentración no es ajena a otros mercados; es de hecho, una característica esencial del capitalismo (y uno de sus grandes problemas: la tendencia a la creación de monopolios). A día de hoy, el negocio de la publicación científica está prácticamente controlado por cinco editoriales multinacionales: grupo Elsevier (RELX), Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis y Sage Publications. La concentración de este sector es tal que casi la mitad (47%) de todos los artículos publicados en 2013 se hicieron bajo las marcas de las tres primeras empresas mencionadas (véase gráfico).

El expolio

En sus orígenes, y hasta fechas muy recientes, la publicación de artículos científicos requería de una cantidad de trabajo de edición para nada desdeñable: precisaban maquetación, corrección y finalmente impresión y distribución de cada copia vendida o solicitada. Los costes asociados a la impresión y distribución de copias (de papel) eran también importantes. Con el advenimiento de la era digital, y gracias a internet y a las nuevas tecnologías de la información, estos trabajos se facilitan enormemente y los costes asociados se tornan insignificantes.

Uno de los cambios más significativos al respecto, sobre todo en lo que respecta al coste real de cada artículo, son los costes marginales; o sea, el coste de producción de una copia adicional. Resulta evidente que, en esta era digital, a efectos prácticos no exista coste marginal asociado a una copia digital adicional: es simplemente la transmisión de unos pocos bits de información. El valor añadido de las editoriales al proceso de publicación se ha vuelto por tanto ínfimo, quedando su rol a día de hoy muy en entredicho.

Las editoriales científicas son además una rara avis de su especie. Tienen la peculiaridad de ser las únicas compañías que no pagan a sus proveedores por la materia prima con la que comercian. Los autores diseñan, llevan a cabo los estudios y escriben íntegramente los artículos publicados. Sin embargo, los derechos intelectuales de propiedad de los mismos son, ¡tachán!, mágicamente cedidos a las editoriales y de forma gratuita. Por si fuera poco, tampoco gastan mucho en el control de calidad de su producto (el proceso de revisión por pares o peer-review), pues es realizado por otros colegas anónimos “por amor al arte” como ya hemos mencionado. Este proceso es así por el código ético estricto de la investigación, ya que de lo contrario se entraría fácilmente en conflictos de intereses. Dicho de otra forma, para asegurar la imparcialidad de los “jueces” que dirimen en la idoneidad de las publicaciones.

Déjenme que les muestre unos datos esclarecedores, y para que se hagan una idea de los márgenes de beneficio que manejan estas empresas. Se estima que los costes fijos derivados de los salarios de personal, mantenimiento de servidores, etc. sean en torno a los 20-40$ por página 34. Dense cuenta que este sería el coste total, independientemente de la cantidad de veces o personas que lean el artículo (recuerden: costes marginales nulos). Esto deja en evidencia las tarifas desorbitadas que estas mismas multinacionales exigen sin vergüenza ni pudor a los investigadores que desean publicar en formato abierto (Open Access) y cuya cifra suele rondar los 3000$ por artículo (aunque puede ir desde los 1000$ hasta los 5200$).

Las populares revistas Nature y Science, frecuentemente citadas tanto por científicos como por periodistas en todo el mundo, no son una excepción; para publicar en Nature Communications, por ejemplo, los autores Europeos deben reembolsar 3850 € en concepto de “cargo por procesamiento de artículo”. Claro está que, cuanto más leída y conocida sea la revista en cuestión, más cara la suscripción o acceso y más caro también publicar en Open Access. Uno de los factores que hacen que la publicación sea más cara es la relación entre artículos recibidos y artículos finalmente publicados. Sin embargo, en el caso de las editoriales con ánimo de lucro, la diferencia entre coste real del artículo publicado en formato abierto y precio final va obviamente destinado a compensar “pérdidas” o, mejor dicho, engrosar sus pingües beneficios. Esto demuestra cuán cínico es el autobombo de estas editoriales, cuando alardean de su compromiso con la divulgación científica y sus “amables políticas Open Access”. Lo que ocurre en realidad es que casi nadie se puede permitir el lujo de publicar en formato abierto. O sea, que la mayoría de investigadores no pueden publicar los resultados de su trabajo públicamente financiado en un formato de acceso público y universal. Un trabajo realizado con dinero público para beneficio privado (¿les suena?). Resulta cuanto menos paradójico. Déjenme que insista: un trabajo que se financia con el dinero de todos para que el progreso científico redunde en un mayor bienestar público; un trabajo cuyos derechos intelectuales (de propiedad, publicación y reproducción) se ceden de forma gratuita y exclusiva a estas editoriales para su lucro y explotación privados. ¡No me negarán que no es el negocio del siglo! Es, sin duda, un negocio redondo.

Ante un escenario tan propicio, no sorprende que la tecnología obsoleta más rentable del mundo obtenga unos márgenes de beneficio neto entre el 18 y el 23%, parecidos a los de la farmacéutica GlaxoSmithKline o el holding bancario HSBC. Hablamos de cantidades nada despreciables: la editorial Elsevier (grupo RELX) obtuvo unos beneficios netos de casi 2000 millones US$ en el año 2017. Esto la coloca a la altura de gigantes mundiales como Monsanto, Repsol o Amazon. Pongámonos ahora de la otra parte de la ecuación. Las bibliotecas universitarias (públicas en su mayoría) contribuyen hasta un 75% de las subscripciones, o sea de los ingresos de las susodichas editoriales. Se podría afirmar por tanto que sus beneficios son pérdidas netas de dinero público que podría dedicarse, por ejemplo, a la investigación: a dar más y mejores sueldos, más becas, a equipar más y mejor laboratorios y oficinas, etc. A mejorar, en general, las condiciones de alumnos, becarios, investigadores y profesores de las universidades y centros de investigación que, no se nos olvide, son un sector clave para el desarrollo y bienestar de toda la sociedad.

El gobierno de los EEUU y la Comisión Europea ya se percataron de este problemilla y hace no mucho cambiaron la regulación relativa a la financiación para investigación: ahora toda investigación financiada públicamente tiene que ser de acceso abierto. Aunque muy bienvenida, esta y la iniciativa de European Open Science Cloud no acaba de resolver el problema ya que la mayoría de las universidades y centros de investigación seguirán publicando a través de las mencionadas editoriales y pagando, por tanto, doblemente por ello. Primero, en concepto de suscripciones (necesarias para acceder a las publicaciones) y segundo, para publicar en acceso abierto en esas mismas editoriales.

El otro problema

Pero no se confundan: no es sólo una cuestión económica ni moral. El segundo gran problema es que este modelo de negocio atenta directamente contra los intereses de la ciencia en sí y de su progreso (si lo recuerdan, el objetivo fundacional de las revistas científicas). Y si atenta contra la ciencia, atenta contra el interés público – de nuevo. Me explico.

Atenta contra la ciencia porque, lejos de facilitar la diseminación de nuevos resultados y estudios, la dificultan: son de hecho, su principal obstáculo. No cabe duda que, vistas las tarifas exigidas y los contratos abusivos de suscripciones5 hay cada día más bibliotecas sin posibilidad de acceso a una gran cantidad publicaciones, dadas sus limitaciones presupuestarias (en muchos casos agravados por la crisis). O si un investigador se queda temporalmente en paro (o si quisiera trabajar sin estar asociado directamente a una universidad, por los motivos que fueran), perdería el acceso a las nuevas publicaciones, haciendo casi imposible el desarrollo de su labor – problema este sufrido en primera persona. Tengan en cuenta que esto ya es una preocupación presupuestaria en las universidades de Europa y Estados Unidos… ¡de los pobres investigadores de países con menos recursos ya ni les cuento!

Nuevamente, y para que no se me acuse de criticar sin mostrar los datos, les doy unos números al respecto. Se han consultado los presupuestos de 2017/2018 de algunas universidades públicas españolas para estimar la partida anual dedicada al pago de suscripciones y el acceso general a publicaciones científicas. En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, este monto asciende a 3,8 millones de euros; en la Universitat Autònoma de Barcelona la cantidad es de 2,8 millones de euros y en la Universidad del País Vasco (EHU), de 4 millones de euros. En el caso de Dinamarca, el consorcio de bibliotecas de las 8 universidades públicas que existen se gastó el año pasado más de 20 millones de euros.

Legalidad vs. legitimidad, o cómo salir del bucle

Los ingentes beneficios que obtienen de la explotación de derechos de propiedad intelectual serán perfectamente legales, pero son también de una muy dudosa legitimidad: saquean las arcas públicas añadiendo un ínfimo valor y atentan contra el interés público y universal que persigue el desarrollo de la ciencia. La raíz del problema está en que estas editoriales tienen la sartén por el mango. Todos los investigadores somos víctimas del dichoso “impact factor”: sólo las publicaciones en las revistas con mayor impacto cuentan. Y, adivine qué, estas pertenecen en su mayoría a las 5 empresas mentadas. La solución pasaría por convertir este sector en un tipo de economía social: toda editorial científica debería ser sin ánimo de lucro. Ya existen algunas con un cierto éxito (PLOS one) y otras muchas pequeñas iniciativas Open Access, pero por desgracia nadie que se quiera dedicar a la investigación puede permitirse boicotear a las grandes editoriales.

Ninguna entidad o institución cedió jamás en la historia su posición de privilegio motu proprio. Por desgracia, la presión social para que esto cambie es prácticamente inexistente, pues es un problema que apenas se conoce (¡Incluso en el mundo de la investigación es un problema que es minoritariamente percibido como tal!). Además, vista la que está cayendo, difícilmente ocupará una posición de prioridad en ninguna agenda política. Se podría empezar por modificar el deficiente sistema de evaluación de investigadores actual basado en métricas simplistas. Quizá así, un día no muy lejano, un trabajo hecho con dinero público deje de publicarse de forma privada... Ojalá un día, “publicar” en ciencia deje de ser un oxímoron en sí mismo.