Ni quiebra ni privilegio: la realidad de las pensiones
Pocas cuestiones son tan relevantes para un país como su sistema de pensiones. No es de extrañar por ello que este asunto haya recibido tanta atención en la opinión pública en las últimas semanas, especialmente a partir de las declaraciones de destacados dirigentes de las fuerzas políticas más a la derecha ya en un contexto electoral. Bienvenido sea el debate y el posicionamiento claro de los distintos partidos. En aras de favorecer una conversación pública fructífera y que los ciudadanos tengan información clara y veraz, haré algunas consideraciones en torno a dos grandes cuestiones.
1. ¿Está nuestro sistema público de pensiones al borde de la quiebra? La respuesta es rotunda: No. Desde los años 80 algunos agoreros vienen anunciando la quiebra de la Seguridad Social, un pronóstico que nunca se ha cumplido y que, como ya sucedió en 2013, suele ser el pretexto para recortar las pensiones. Frente a las profecías, la realidad. A lo largo de los últimos años, la situación financiera de la Seguridad Social ha mejorado sustancialmente. Así lo pone de manifiesto la evolución de sus cuentas: en línea con la trayectoria positiva del conjunto de las Administraciones Públicas, el déficit se ha reducido drásticamente pasando del 1,4% de 2017 a apenas un 0,3% en 2025, y con perspectivas aún más favorables para el presente año que nos permitirá alcanzar el equilibrio en los próximos ejercicios.
Pero esta mejoría no se circunscribe al momento presente. La sostenibilidad del Sistema a largo plazo –2050– ha sido evaluada recientemente en dos ocasiones por la AIReF conforme a los exigentes parámetros pactados con la Comisión Europea. Y los resultados son muy positivos, alentadores, como doble consecuencia de la gran transformación de nuestro mercado laboral tras la reforma de 2021 en términos de creación y estabilidad del empleo, y de la efectividad de los cambios introducidos estos años en materia de Seguridad Social.
Frente a esta indiscutible mejoría se esgrimen diversos argumentos críticos en los que conviene detenerse. De un lado, se denuncia un supuesto ocultamiento de las verdaderas necesidades del sistema de pensiones a través de aportaciones del Estado que estarían maquillando las cuentas con un agujero creciente. No es así: las transferencias del Estado a la Seguridad Social no reflejan ningún déficit, sino que responden a la necesidad de atender políticas públicas y gastos del Sistema de naturaleza no contributiva, impropios. Algunos tienen una tradición más larga (complementos a mínimos, pensiones no contributivas), otros más recientes (bonificaciones, complemento de brecha de género). Pero todos están explícitamente identificados en la recomendación primera del Pacto de Toledo. En este sentido, a veces parece olvidarse que todos los sistemas de Seguridad Social de los países avanzados cuentan con una doble fuente de financiación: cotizaciones sociales y aportaciones del Estado. Y no puede ser de otra manera precisamente por el componente redistributivo inherente a la Seguridad Social.
De otro lado, se apunta al montante de la deuda derivada de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social. Lo cierto es que se trata de un apunte contable que simplemente refleja las necesidades que ha tenido el Sistema en el pasado, pero que en nada condiciona la evolución y perspectivas futuras. Por cierto, a menudo se olvida que durante muchos años las cotizaciones sociales financiaron otras políticas públicas, como la sanidad, que deberían haberse atendido con la imposición general, algo por lo que el sistema de Seguridad Social nunca fue compensado
Por último, hay quienes señalan que, más allá de la realidad presente, el sistema público de reparto está abocado al colapso como consecuencia del envejecimiento derivado de la jubilación del baby boom. Sin duda es este fenómeno demográfico el mayor reto al que nos enfrentamos en las próximas dos décadas: los boomers ya han empezado a jubilarse y eso va a provocar un crecimiento acelerado del número de pensionistas hasta mitad de siglo con el consiguiente incremento del gasto en pensiones. Pero es justamente este desafío demográfico al que tratamos de dar respuesta con las reformas impulsadas en los años de esta década, destacando las siguientes medidas:
- Un refuerzo de los ingresos del Sistema focalizado principalmente en las empresas y en los trabajadores con salarios más altos.
- La recuperación de la ‘hucha de las pensiones’, el Fondo de Reserva, con el fin de disponer de sus recursos -hoy casi 20.000 millones de euros- a partir de 2032 cuando se incremente la presión sobre las cuentas del Sistema por el aumento de pensionistas.
- El establecimiento de incentivos eficaces para prolongar las carreras profesionales, que amplían las posibilidades y fórmulas de acceso a la pensión de jubilación, siempre de forma voluntaria, como la demora o la compatibilidad de trabajo y pensión.
- Y una política migratoria segura y ordenada que debe permitir la llegada de un mayor número de trabajadores migrantes en situación regular, que rejuvenecen nuestra sociedad, dinamizan nuestra economía y contribuyen, con sus cotizaciones, al sostenimiento del sistema de pensiones.
2. ¿Son nuestras pensiones excesivamente generosas a costa del sacrificio de los más jóvenes? A ojos de las voces más críticas con la política de pensiones de este Gobierno, el exceso de generosidad del Sistema tendría dos manifestaciones principales. La primera de ellas es el criterio de revalorización de las pensiones. La regla de actualización conforme al IPC se presenta como una medida inasumible, casi una excentricidad, por el coste que implica cada año. Se olvida, sin embargo, que esta es una fórmula muy extendida en el entorno europeo. Y sobre todo parece ignorarse que estamos hablando de una pieza fundamental del derecho a la pensión: porque tan importante es el modo en el que se determina la cuantía como su evolución posterior, mucho más en un contexto de alargamiento de la esperanza de vida. Por eso, no garantizar el poder adquisitivo no solo genera una grave incertidumbre en personas que ya no tienen margen de reacción, sino que supone una condena de los pensionistas a la pobreza, desvirtuando una de las grandes conquistas de nuestro Estado Social.
En segundo lugar, se dice también que nuestras pensiones son excesivamente generosas por la alta tasa de sustitución teórica que refleja la relación de la pensión con el salario. Este indicador es un instrumento valioso y útil para valorar la articulación técnica del sistema, pero no debería hacer pasar por alto dos aspectos decisivos que socavan el fundamento de esta crítica. De un lado, la cuantía media de las pensiones asciende a 1.376 euros mensuales, con la particularidad de que el 67% se sitúa por debajo de los 1.500 euros. Y, de otro, el nivel de gasto en pensiones exige un esfuerzo presupuestario importante (13 por 100 de PIB); pero no debemos olvidar que un buen número de países (donde se incluye Francia, Italia, Austria, Bélgica, Finlandia) superan ya hoy holgadamente este umbral, lo que revela que es asumible incluso un gasto mayor por el impacto del baby boom.
Ante la debilidad de estas críticas, quienes se empeñan en cuestionar nuestro modelo público de pensiones han creído encontrar en los jóvenes y en un (artificioso) conflicto intergeneracional una novedosa y aparentemente efectiva línea argumental que ya no apunta tanto a la insostenibilidad económica, cuanto a un grave problema de inequidad: el coste de oportunidad que para los jóvenes supone la magnitud de la partida presupuestaria en pensiones. Aunque es un asunto que merecería una mayor atención, apunto al menos tres ideas para rebatirlo.
Uno, parece querer ocultarse cuál ha sido el principal objetivo perseguido por la política de pensiones del Gobierno estos últimos años: la preservación del Sistema que ahora conocemos no solo para los pensionistas actuales, sino sobre todo para los jóvenes que tendrán tal condición en el futuro. Dos, los recursos no son ilimitados, pero visto el nivel de ingresos fiscales del entorno europeo es evidente que España tiene capacidad suficiente para hacer un importante esfuerzo presupuestario en pensiones y al tiempo financiar otras políticas que también respondan a las preocupaciones e intereses de los jóvenes, como la vivienda, el empleo, la educación o la sanidad; lo que se necesita es voluntad política para hacerlo. Y tres, resulta (casi) sonrojante que quienes con más entusiasmo impulsaron un factor de sostenibilidad, que recortaba de forma drástica la cuantía de las pensiones de los más jóvenes, sean ahora los más firmes defensores de este colectivo.