La resistencia de los derechos de la infancia en Ceuta
La puesta en escena de Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, diciendo que todas las personas migrantes que permanecen en Ceuta -incluida la infancia en movimiento -deben ser retornadas a Marruecos, nos deja un regusto a crisis de las democracias europeas que da un poco de susto. Por eso deberíamos mantenernos alerta, porque en la batalla contra los derechos de las personas migrantes no está en riesgo solo sus derechos, sino también la efectividad del Estado de Derecho que protege a toda la ciudadanía europea y la credibilidad de nuestras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.
He estudiado el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y sé que es un mecanismo diseñado fundamentalmente para reducir al máximo la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras y para que el retorno sea lo más efectivo y rápido posible. No me engaño con esta Europa que busca un equilibrio imposible con las fuerzas de ultraderecha, que han hecho de las personas migrantes su señuelo para captar votos y su excusa para recortar derechos de sus nacionales y erosionar su democracia. Sin embargo, confiaba en que las instituciones europeas protegerían a la infancia y su posición reforzada, al menos, en la misma medida que lo hace la ley para garantizar y proteger sus derechos.
Es un hecho que en Europa convivimos con fuerzas políticas que amenazan las diversas democracias que la componen e incluso la propia composición de su unión política y económica. Por eso, debemos ser extraordinariamente responsables y firmes en la defensa de los valores que nos son propios y que robustecen nuestro sistema democrático. Ese rigor debe hacerse efectivo, también, en las formas de comunicación pública. Es imperativo evitar situaciones de desinformación como la vivida, en las que nuestros responsables institucionales y políticos presenta como posible, ante la ciudadanía, un espacio de no derechos para la infancia vulnerable, más propio de regímenes autoritarios que de democracias liberales.
Frente a la insistencia del ejecutivo comunitario europeo y de diversos representantes políticos de nuestro país de que todas las personas menores de edad tienen que ser retornadas, debemos enarbolar la ley: las repatriaciones de la infancia migrante no pueden ser ni masivas, ni colectivas, ni rápidas, ni automáticas, y han de estar supeditadas siempre al interés de la niña, niño o adolescente.
Así lo exige el artículo 35.5 de la Ley de Extranjería -interés del menor, audiencia, informes preceptivos y garantía de reagrupación familiar o puesta a disposición de servicios de protección-. En similares términos se expresa la Directiva Europea de Retorno. Y el nuevo Reglamento Europeo -aún pendiente de entrada en vigor- mucho más cruel y duro que la directiva que derogará también mantiene y exige la evaluación individual, las garantías procesales y, siempre, valoración del interés superior del menor.
Varias resoluciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo así lo corroboran. Entre ellas, la sentencia que declaró ilegales las devoluciones de menores de Ceuta a Marruecos en 2021 por la “absoluta inobservancia” del procedimiento establecido en la Ley de Extranjería, que exige actuación individualizada, audiencia del menor e intervención del Ministerio Fiscal.
No hay la más mínima señal jurídica a favor del retorno propuesto por algunos de nuestros representantes políticos que, con sus declaraciones, se sitúan en la órbita del negacionismo de los derechos de la infancia en movimiento. Hasta el punto de que sus irresponsables planteamientos pueden estar incitando a la repetición de acciones que ya han sido calificadas como delito, como acredita la condena de la Audiencia Provincial de Cádiz a la exdelegada del Gobierno en Ceuta y a la exvicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación administrativa en las repatriaciones de 2021, en las que el tribunal consideró probado que actuaron “a sabiendas de su injusticia”, sin seguir procedimiento legal alguno, ignorando las advertencias internas de la jefa del Área de Menores, que manifestó su “absoluta discrepancia” porque resultaba imposible la devolución sin sujeción a la Ley de Extranjería, a la legislación de menores y a la Convención de Derechos del Niño.
Parecía existir un consenso, que podría ser clasificado de universal, en torno a la idea de proteger de forma reforzada los derechos de la infancia. Sin embargo, hoy esta máxima está en riesgo. La facilidad con la que la ciudadanía valida la disminución de las garantías en la protección de las niñas, niños y adolescencia migrante bien puede ponerse en relación con un marco de creciente insensibilidad global, propiciado por el influjo de una Comunidad Internacional que, impasible ante los crímenes de guerra contra la infancia gazatí, permite que el genocidio siga su curso. Y así, recibimos el impacto de cientos de imágenes que miramos desde nuestros teléfonos móviles -bebés asesinados, niñas y niños amputados o disparados a bocajarro- que dispara nuestra tolerancia a la barbarie y, con ella, a la normalización de la reducción de los estándares de garantías de los derechos de una infancia abandonada.
La ciudadanía está en riesgo de no percibir -hasta que le toque cerca y ya sea demasiado tarde- que cuando la infancia deja de ser un concepto universal y se divide en categorías, caen los derechos de una infancia detrás de otra. Surge con ello la idea de infancias prescindibles o infancias parcialmente protegidas que rompen el consenso internacional de que todas las infancias se defienden siempre, frente a cualquiera y en toda circunstancia.
Quienes nos reconocemos en el humanismo jurídico llevamos meses advirtiendo que las democracias liberales desaparecerán al mismo tiempo que lo haga el último superviviente del genocidio palestino.
Pero aún no todo está perdido. Hoy, en Europa y en España, frente a la frivolidad de quienes señalan a la infancia migrante con el frío de una Europa que, de momento, no existe, resiste la civilizada ternura del Estado de Derecho Europeo, que no permite que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en movimiento se congelen a la intemperie de nuestras fronteras.