El disputado voto de los trabajadores
Hace algunos meses, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria y el PP salió a responder con la torpeza a la que nos tienen acostumbrados algunos de sus portavoces. La izquierda, engorilada, viendo trastabillear a la derecha y creyendo estar en posesión de la verdad, salió en tromba a defender las bondades de la medida: los inmigrantes son riqueza para un país, especialmente para el nuestro, que necesita importar trabajadores para pagar las pensiones. Todo lo que ha crecido el PIB en los últimos años ha sido gracias al aumento de población y España, además, es un país solidario, acogedor, que se da cuenta de la fortuna que tenemos y recuerda los tiempos en los que también a los españoles les tocó emigrar.
Todo verdad. Todo cierto. Todo justo y moralmente intachable. Y sin embargo, pocas semanas después, la primera encuesta sobre el tema traía señales de alarma: a pesar de que el tema migratorio había sido en los años anteriores un terreno propicio para la izquierda, en esta ocasión “la derecha estaba ganando el debate”. El 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que hay demasiados inmigrantes en el país y solo el 37,6% aprueba la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno.
La verdad no siempre gana la partida en política. Al contrario, cuando los datos y los hechos no son la sustancia real del debate, sino un símbolo; un espectáculo de sombras en la pared de una caverna donde se está contando una historia que no se quiere nombrar, la verdad te puede costar un tema.
Y es que el debate sobre la inmigración no va en realidad sobre los inmigrantes, sino que expresa una ansiedad cultural y económica mucho más profunda. Lo que recogen una detrás de otra todas las encuestas es que hasta dos tercios de la población mundial piensa que las élites de su país ya no gobiernan para la mayoría: que se han dado la vuelta y solo velan por sus intereses. Y este debate sobre la inmigración se plantea como si existiera un trato de favor hacia esas personas que vienen de fuera. Así que cuando la gente habla de los inmigrantes, está hablando de sí misma. El debate sobre la inmigración es la forma en la que una parte de la sociedad verbaliza esa preocupación por estar siendo desplazada del centro de la vida. La regularización es el pretexto que tiene a mano para decirlo.
Cuando un gobierno anuncia a bombo y platillo que se va a regularizar a medio millón de inmigrantes, cuando algunos partidos y algunos medios, con muy buena intención, defienden la medida enumerando las virtudes de la inmigración, lejos de disipar las dudas que pudieran tener esas personas, las confirman. Perdón por la broma con un tema tan serio, pero es como si tu pareja te reprocha que ya no le haces caso, que siempre estás con otra persona, y tú le contestas intentando convencerle/a de lo estupenda que es ese otro señor o señora.
Por eso el proceso de regularización está torciendo un debate que parecía ganado, pero solo mientras no se hubiera abierto. Al contrario, cuanto más avance este tema en el espacio público, si no se atienden esos miedos de una parte muy relevante de la población, mayor será su impacto sobre la ciudadanía.
Ayer Feijóo abrió otro melón exactamente igual a este en torno al absentismo laboral. Y los partidos de la izquierda volvieron a caer en la misma trampa. La única diferencia es que esta vez no es un charco menor, sino que esta es la gran trampa para osos de nuestro tiempo político; la caja de los truenos de la democracia: la guerra cultural global por el trabajo.
Resulta que la izquierda, desde hace al menos un siglo, había tenido a su favor que era la representante de los trabajadores. Y como ese grupo reunía a la inmensa mayoría de los votantes bajo una identidad compartida, esta era una ventaja competitiva inmejorable. Los partidos de la izquierda, que a lo largo de toda la geografía occidental se llamaban “Partido Laborista”, “Partido Socialista Obrero” o “Partido de los Trabajadores”, salían a la carrera electoral con varios cuerpos de ventaja.
Pero hoy esa identidad está atravesada por una gran fractura entre quienes siguen creyendo que el trabajo es la fuente de la dignidad, de la identidad y de la ciudadanía y quienes ya viven como si el empleo fuera solo una parte de la vida —ni la más importante ni la que define a nadie— y piden que las instituciones dejen de tratarlo como el centro de la vida social.
Esa fractura parte hoy a la izquierda por la mitad. Porque las clases culturales, creativas y urbanas que conforman buena parte de la militancia de los partidos, junto con las generaciones más jóvenes, han empezado a desarrollar una sensibilidad poslaboralista. Mientras tanto, otra porción muy significativa de sus votantes sigue sin encontrar una fuente de dignidad, de identidad y de participación social más allá del trabajo. Ni los partidos ni los sindicatos han sabido todavía construir un horizonte común en el que unos y otros puedan reconocerse.
Para navegar esa contradicción, buena parte de la izquierda occidental ha ido desplazando el centro de gravedad de su proyecto político desde el trabajo hacia la ciudadanía, ampliando derechos y prestaciones cada vez menos vinculados al empleo: el ingreso mínimo vital, las ayudas por hijo a cargo, la extensión de los permisos parentales o las rentas garantizadas son ejemplos de estas políticas.
Aunque en España llegamos a esto con cierto retraso, en Europa hace varias décadas que se produjo este debate. En Reino Unido, por ejemplo, los gobiernos laboristas impulsaron hace décadas este tipo de medidas con la convicción de que protegían a la clase trabajadora. Con el tiempo, apareció en el imaginario colectivo la imagen del “perceptor de ayudas”: alguien presentado como dependiente del Estado, ajeno a la cultura del esfuerzo y sostenido por los impuestos de quienes sí trabajaban, y el debate dejó de enfrentar a trabajadores y propietarios para enfrentar a trabajadores y esos perceptores.
Desde entonces, la derecha pudo empezar a presentarse como la auténtica defensora de quienes madrugan, pagan impuestos y sostienen el país; como adalid del esfuerzo, mientras retrataba a la izquierda como la representante de quienes viven de las transferencias públicas. Da igual hasta qué punto esa caricatura fuera cierta. Igual que ocurría con la inmigración, la batalla nunca fue sobre los datos. Iba sobre quién representaba moralmente al trabajador.
Este es el debate que está intentando abrir la derecha en España y en el resto de Europa. Uno para el que una izquierda poslaborista no tiene respuesta aún. Por más que las palabras de ayer de Feijóo no fueran las más adecuadas, es innegable que arrojaron muy buenos resultados, a juzgar por el volumen de respuesta que ha generado.
La izquierda haría bien en no poner el piñón fijo y pararse a pensar una respuesta más meditada a esta cuestión. Haría bien en darse cuenta de que aquí puede perder algo mucho más importante que unas elecciones: puede perder el monopolio simbólico de la representación del trabajo.