¿Por qué la empujó?

El acto de violencia policial en las protestas del profesorado valenciano que hemos visto todos es horroroso, pero también sintomático. Un golpe seco por detrás a una mujer que protestaba tan tranquila que jamás habría esperado que un miembro de la policía —cuya función es precisamente velar por la defensa de los derechos fundamentales— la agrediera hasta derribarla al suelo y romperle de ese modo la nariz. 

Las reacciones no se hicieron esperar. De un lado, la delegada del Gobierno anunció la apertura de una investigación sobre el asunto. De otro, dos sindicatos policiales salieron a defender al agresor y a cuestionar la investigación. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, criticó la intervención del agente, pero al mismo tiempo cuestionó también a los profesores que, según él, buscan la confrontación. Como no pudo acreditar ningún acto violento por parte del profesorado, debemos entender aquello como un torpe intento de justificar en parte al agente. Así las cosas, nadie se ha parado a pensar en el agresor en cuestión.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? ¿Qué lleva a un ser humano, que además ha prometido proteger a sus conciudadanos, a ver a una mujer en una manifestación y decidir que la opción correcta es darle un fuerte y claramente innecesario empujón por la espalda? Se trata de una pregunta más incómoda de lo que parece. Pero en tanto no es probable que el agente se pronuncie públicamente al respecto, y mucho menos diciendo la verdad, solo podemos especular.

Por un lado, bien podría ser que el agente estuviera acostumbrado a este tipo de acciones. Tras recibir la orden de intervención para desalojar una calle, sale del furgón y se desata un fuego interno que le ciega de tal modo que lo mismo da que enfrente tenga a un talibán armado hasta los dientes que a un anciano en silla de ruedas; el protocolo es el protocolo. Esta posibilidad no exige ningún compromiso ideológico previo, pero de ser correcta diría mucho de unas formas de intervenir que asumen la violencia como respuesta ante cualquier evento. Una violencia claramente desmedida y gratuita, en todo caso.

Por otro lado, también podría ser que el agente considerara que los manifestantes suponían realmente un peligro público tan grande que quedara justificada una intervención de ese tipo. Sin embargo, esto sí implicaría un fuerte sesgo ideológico. De hecho, habría que suponer que el agente tenía unas gafas ideológicas muy particulares por las que una mujer de 68 años que protesta por mejores condiciones laborales para los profesores se convierte en un instrumento de terror. Como en aquel episodio de Black Mirror donde los militares creen estar exterminando criaturas monstruosas porque sus dispositivos cambian la forma en la que perciben a simples humanos marcados como indeseables por el sistema.

Ahora bien, quizás la respuesta correcta sea una combinación de las dos anteriores, lo que explicaría la empatía con la que esos dos sindicatos policiales han recibido el caso. ¿Por qué iban a defender al agente si no es porque consideran que lo sucedido es normal y, en consecuencia, está justificado? Los perfiles de esos sindicatos aclaran dudas sobre su orientación ideológica: no son nada amigos de los partidos de izquierdas y, por lo tanto, probablemente tampoco de quienes protestan contra las políticas de los partidos de derechas. Es muy probable que para estos sindicatos —y para sus representados— lo sucedido sea parte de un modus operandi, de modo que la injusticia ocurre porque este agente finalmente pagará no por su acción sino porque fue grabada, a diferencia de muchos otros de sus compañeros que han hecho incluso cosas peores y han salido de rositas. Y, en cierta medida, tendrán razón. Porque ese es justamente el problema: estos excesos son demasiado habituales y la inmensa mayoría no deja ningún registro probatorio.

Hay aquí dos problemas entrelazados. En primer lugar, los discursos de la extrema derecha han ido penetrando en el organismo que vela por proteger la democracia. Año tras año se han ido normalizando ideas que criminalizan la protesta legítima, convirtiendo de ese modo a los protestantes en meros enemigos del Estado o, en su peor versión, de la identidad española. Nada nuevo en la historia, pero significativo del poder real de una extrema derecha capaz de reconfigurar el sentido común en ciertos segmentos de la población, especialmente dentro del Estado. El otro problema es que, indefensos como están los ciudadanos ante los excesos policiales, resulta especialmente doloroso que la izquierda no haya conseguido en tantos años gobernando acabar con la llamada ley mordaza, que otorgó aún más poder —de descontrol— a los agentes.

Quizás nunca sepamos qué pasó exactamente por la cabeza del agente en el instante previo al empujón. Pero esa es, en realidad, la cuestión menos importante. Lo relevante es que demasiadas personas fueron capaces de encontrar argumentos para justificarlo, relativizarlo o repartir responsabilidades con la víctima. Cuando una agresión tan evidente deja de percibirse como una excepción y empieza a considerarse una respuesta comprensible, el problema pasa del agente en concreto a la cultura política e institucional que ha hecho posible esa mirada. Desgraciadamente, eso nos dice mucho de los cambios en nuestra sociedad y de cómo las garantías democráticas están siendo erosionadas a una velocidad alarmante. Pero también nos interpela sobre cómo la izquierda institucional está dejando pasar todo esto bajo el radar, ocupada como está en otras cuestiones —en perspectiva, generalmente mucho más prosaicas—. El riesgo de que todo esto nos acabe costando mucho más caro es altísimo.