¿Para cuándo objetores de conciencia ante los desahucios?

Esta semana se cierra con el desahucio de una familia (gitana) y sus tres hijos, el más pequeño con síndrome de Down. “¡No tenéis conciencia ni corazón!” gritó el padre a los ocho agentes de policía que hacían un cordón policial para tratar de contener a vecinas, vecinos y activistas que querían frenar el desahucio. Y es cierto, quienes solicitan, autorizan y ejecutan estos desahucios no tienen corazón ni conciencia, e incluso yo daría un paso más, diría que no tienen alma y, por tanto, que son unos desalmados.

Si tuvieran corazón, conciencia y alma deberían negarse a formar parte de estas comitivas y declararse objetores de conciencia como hacen esos sanitarios que dicen defender la vida cuando se niegan a interrumpir un embarazo contraviniendo las leyes vigentes y legítimamente aprobadas. Para cuándo la objeción de conciencia en las comitivas de desahucios cuando las vidas de personas altamente vulnerables, con Dulce y Herminia y sus hijos, están siendo expulsadas de sus hogares como si fueran enseres viejos que estorban. También son vidas que salvar. También se merecen profesionales con conciencia que se nieguen a participar en esta banalidad de la deshumanización…

¿Por qué no objetan las y los profesionales que intervienen en estos lanzamientos? ¿Acaso las cinco vidas de esta familia no son vidas humanas? ¿No se merecen ser tratadas con dignidad? Los derechos de esta familia son exactamente los mismos que los de cualquier otra familia, es más, los derechos de las tres personas menores de edad –y muy especialmente del peque con síndrome de Down–, merecen una consideración especial, una protección reforzada. Precisamente, esto es lo que vino a decir el Comité de los Derechos del Niño (de la infancia) el pasado martes, un día antes de ejecutarse el desahucio, al instar a las autoridades españolas (autonómicas y municipales) a que paralizaran el desahucio hasta que no hubiera una alternativa habitacional.

Lejos de atender a la petición del organismo internacional, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid no esperó ni a que venciese el aplazamiento del desahucio que se había hecho a principios de mes y cuya fecha tope era el próximo domingo 19 (el de la final de España y Argentina). El miércoles 15 expulsó a la familia de su casa desafiando al sistema sobre el que se sostiene el marco normativo de los derechos humanos ratificado hace décadas por España.

Pudiera parecer por la premura y contundencia del desalojo de esta humilde familia que la empresa pública de la vivienda de Madrid estuviera molesta ante la evidencia de que su actuación estaba vulnerando derechos si se llevaba a cabo sin ofrecer una alternativa habitacional a esta familia. Pudiera parecer que suspender este desahucio fuera más un tema personal de quien esté detrás de esa decisión que un ejercicio de la debida diligencia que debe seguirse en casos como este. De ahí que parezca un insulto a la inteligencia de quienes están luchando y defendiendo los los derechos de estas cinco personas, y especialmente los derechos de las tres personas menores, que los servicios sociales dependientes del alcalde Almeida afirmen que sí había una alternativa habitacional: una habitación para los cinco en un piso compartido o en un albergue.

Esta oferta de alternativa habitacional, que según la clasificación ETHOS constituiría una situación de sinhogarismo –lo que ya dice mucho de la indignidad de la respuesta institucional–, puede traducirse también en términos de derechos fundamentales. No se trata solo de una solución inadecuada, sino de una actuación que, por dirigirse a una familia pobre y gitana, plantea además un problema de igualdad y no discriminación. Obligar a una familia a vivir en un único espacio, sin condiciones mínimas de privacidad, habitabilidad o intimidad, compromete derechos tan básicos como la intimidad personal y familiar, la integridad moral, la salud y el derecho a una vivienda adecuada. En el caso de las niñas y niños, el impacto es aún mayor, se resienten su derecho a la educación, al descanso, al juego, al desarrollo integral… y, en definitiva, su derecho a que su interés superior sea una consideración primordial en todas las decisiones que les afectan.

No son tiempos para el optimismo, por eso son tiempos para la lucha de nuestros derechos humanos frente a quienes buscan desmontarlos con la antipolítica para dar rienda suelta a su codicia desenfrenada, para cuestionar, despreciar y querer desmontar los marcos normativos que nos protegen frente a los desalmados, a esos aduladores y aprendices de Trump. Por eso, es tan importante subrayar que esta familia no ha estado sola, y que un equipo jurídico, varias asociaciones del barrio (Sindicato de Vivienda de Moratalaz Asociación Apoyo -Fermad, la asociación Caminar, Coordinadora de Barrios,..) y muchas de sus vecinas y vecinos han estado y están a su lado. Implicarse ante la violencia e injusticia que supone que una institución –financiada con dinero público y cuya finalidad debe ser proporcionar un hogar a quienes más dificultades– use su potestad para infligir dolor contra estas familias, abandonando su función social para servir a los intereses de la especulación inmobiliaria, es comprender –tal y como nos mostraba la película de Orlando de Paul Preciado– que cada vida individual es parte de nuestra historia colectiva.