El PP valenciano se estrella con una marea verde al salir del Ventorro

Es domingo y un policía, servidor público, está intentando que los profesores, servidores públicos, no corten una vía importante de València con su protesta. Da un empujón desproporcionado por la espalda a una maestra de 68 años, que cae a plomo. Ese día, un president de la Generalitat, servidor público, decide que los docentes –con sus exigencias y métodos de protesta que incluyen un breve encierro en la Conselleria– están siendo deshonestos, achacándoles mala fe en la negociación, según lo que le ha contado su consellera. La misma que los ha convocado a reuniones breves unas, eternas otras, en las que a veces no está y alargando los días de encuentro sin explicación o convocando con prisas, a ver si se cansan o se acaba el curso escolar. El PP valenciano enciende el ventilador y empieza la criminalización de la protesta. Pérez Llorca nunca se ha sentado en esa mesa.

El día en el que el policía da un mamporrazo a una ciudadana pacífica, Pérez Llorca deja por unos días de buscar la empatía de docentes y medios de comunicación en corrillos extraoficiales en los que hace de poli bueno durante la semana. Ese domingo, el hombre que quería borrar la huella de El Ventorro y a su chulesco morador contraponiéndose él como alcalde humilde de Finestrat decide su destino: él se solidarizará con las familias de los alumnos que hacen Selectividad sugiriendo que está en peligro, en lugar de llegar a acuerdos con su cuerpo docente, al que acusará sutilmente de boicot o malas artes (la selectividad se ha desarrollado con un 100% de servicios mínimos y sin incidencias). Pero no solo tiene ese flanco. Este miércoles también han empezado sus paros los docentes de la concertada.

En su Consell están convencidos de que los profesores se cansarán o los acabarán cansando. Se nota que no han salido de tapadillo a las calles ni a ninguna de las multitudinarias manifestaciones donde otros ciudadanos les aplauden desde los balcones y muchos conductores de autobuses municipales o bomberos pitan a su paso en señal de solidaridad. Las manifestaciones están también llenas de padres y madres.

Los maestros han perdido 2.000 euros en los primeros diez días de huelga, hay claustros enfrentados. En el gobierno valenciano auguran mella también en el inexorable paso del tiempo para las familias, que se rebelarán con que sus hijos reciban clase a medias. Pero ese Consell parece tener atrofiado el sentido del olfato. No solo no se cansan, sino que la protesta aumenta, se unen los músicos y bailarines y se reproduce por todos los barrios, acampan. Empieza el barro desde la institucionalidad, la ayusización del conflicto: son rojos, son de Podemos, son cuatro, son violentos, son vagos. Siempre hay medios dispuestos a dar esa versión. Pero la burbuja no se pincha ¿Cómo es posible? Porque no es una burbuja.

El conflicto en las aulas empezó hace muchos meses, con días de huelga aislados. La herencia para Llorca estaba envenenada y no se ha distanciado de ella. No solo por Carlos Mazón, sino por el conseller de Educación durante la dana, José Antonio Rovira. El día de la riada no dio ninguna indicación a los ayuntamientos para que cerraran los colegios (mientras la Universitat de València cancelaba toda su actividad y salvaba vidas). En lugar de hacer eso, se tomó la tarde libre y se fue pasarla a su Alicante natal (era martes y laborable).

Cuando el barro dejó inservibles los colegios y huérfanos de vida normal a los niños valencianos, no dio alternativas para los alumnos, muchos de los cuales estuvieron meses sin docencia y cuyos profesores limpiaron los centros a mano. Las direcciones tuvieron que apañarse sin liderazgo, con espacios cedidos o centros rotos. Al año de la riada, su Conselleria había gastado 1 millón de los 57 que tenía disponibles para infraestructuras. Esta falta de proactividad agravó la sensación de abandono de un colectivo al que le habían congelado el plus autonómico, la parte que depende de su comunidad, durante años.

Pero Rovira aún tendría que cometer otro grave error que está en el origen de las actuales protestas. Convenció al expresident Mazón de cambiar el modelo lingüístico, contra la opinión de la mayoría de la comunidad educativa, para acabar con una supuesta discriminación a los castellanohablantes que la consulta a padres demostró que no existía (ganó el valenciano). Más burocracia para los colegios.

A eso hay que sumarle dos detonadores: en enero se subió entre 100 y 300 euros el salario a los inspectores de Educación, el cuerpo técnico al que pertenece la consellera de Educación. En marzo se supo que la pareja de Pérez Llorca había sido trasladada a 300 metros del despacho de su marido en un concurso exprés por el que cobraría más de 53.000 euros anuales. Los profesores seguían esperando y ninguneados.

Todos esos ingredientes fueron enervando a unos funcionarios que han ido parcheando y que esta semana han pasado a ser tratados como el enemigo y acusados de cometer “actos vandálicos”, como dijo el president. Sus peticiones, maximalistas como punto de partida de negociación, incluyen ganar hasta 500 euros más al mes para compensar el salario congelado (les han ofrecido 200 de manera escalonada hasta 2028), ayudar a los colegios de la dana, climatizar las aulas, unas infraestructuras dignas, menos alumnos por profesor y más atención a niños con discapacidad. ¿Quién puede estar en desacuerdo con una escuela buena y gratis? Dicen en la Generalitat que no hay dinero para todo eso. El controller de la caja de caudales (el conseller de Hacienda) es ahora, casualmente, José Antonio Rovira.

El domingo, el día que se torció todo, hubo sentadas, encierros, indignación por el ninguneo y la agresión policial. El president ató su destino a ganar una batalla que, si se da un paseo por los colegios y las calles, no puede ganar y por la que va a pagar irremediablemente un precio. El de ser un gobernante que no toma la responsabilidad y no lidera con la excusa de que hay alguien ya al mando, aunque ese alguien no sea capaz.

El profesorado valenciano ha dado también con una tecla social y está inspirando a otras comunidades autónomas y otros sectores a organizar protestas para defender lo que suponíamos ingenuamente que se defendía desde los gobiernos de todos los colores per se: el estado del bienestar y las condiciones necesarias para que los servidores públicos nos atiendan y nos hagan la vida más fácil con nuestros impuestos. Es decir, el ecosistema más favorable para la mayoría, sean conservadores o progresistas.

Visto que no es así necesariamente, buena parte de la población se empieza a mover y a preguntar por qué tiene que habituarse a servicios parcheados, a que sus hijos pasen calor, a que no haya traumatólogo esta semana, que le vendan su VPO, a pagarse el seguro privado, a aguantar los ruidos del Bernabéu para que gane Florentino, a que el incendio avance porque un año más no ha habido suficientes bomberos forestales. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana ha autorizado a los colegios a suspender clases o reducirlas si hace demasiado calor. En vez de asegurar que en un plazo razonable los alumnos y los profesores tengan el mismo derecho de climatización que los diputados, los ediles, los médicos o trabajadores de museo.

Empieza una primavera de defensores de lo público, que es transversal, frente a quienes prefieren adaptarse a las estrecheces que han planteado algunos gobernantes que anteponen la pereza, la incapacidad o el clasismo a la honradez de favorecer con mejoras y dignidad la vida de sus ciudadanos.