La razón por la que no se resuelve el problema de la vivienda
La razón por la que no hemos sabido resolver el problema de la vivienda no es que no haya suelo. La razón por la que seguimos embarrados con este tema no es que no funcione construir. Tampoco es que hayan venido más inmigrantes. Ni que haya mucha burocracia.
La razón por la que no hemos resuelto el problema de la vivienda es que no sabemos en qué consiste exactamente ese problema. O mejor, que no nos ponemos de acuerdo sobre ello.
¿El problema es que hay gente que no tiene donde vivir? ¿O es que es muy caro vivir de alquiler? ¿Si el alquiler fuera más barato estaría justificado que una parte de la población no tuviera una casa en propiedad? ¿Qué parte de la población? ¿Y si esa vivienda fuera pública, estaría justificado? ¿Es siquiera posible construir vivienda pública para toda esa gente? ¿En cuántos años? ¿Y privada? ¿Cuánto debería costar una vivienda? ¿Cuánto debería rentar venderla? ¿Cómo ahorrarían quienes no accedan a la propiedad?
En España hay 27 millones de viviendas. 18,5 millones son la residencia principal de un número similar de familias. El 70% de ellas tiene su casa en propiedad, pero solo el 25% está pagando todavía la hipoteca. De esas, el 17% percibe ingresos de arrendar una segunda vivienda (o tercera, o cuarta, o quinta) vivienda a otro 30% de familias que vive de alquiler.
De manera que la cosa es tan endiablada como esta: la sociedad española está partida por la mitad, entre quienes tienen la casa pagada y quienes siguen dedicando una parte de sus ingresos a pagar por algún tipo de tenencia de vivienda. De estos, más de la mitad vive de alquiler y esa cifra no deja de crecer. Mientras tanto, el 64% de lo que todos los españoles consideran su “patrimonio” son activos inmobiliarios y las familias que tienen casa en propiedad son, de media, cinco veces más ricas que las que viven de alquiler.
Como consecuencia, hay una parte de la sociedad que entiende que está bien que algunas familias sean arrendadoras y perciban unos ingresos por ello, otros, la inmensa mayoría, quiere que las viviendas se sigan revalorizando porque les va en ello sus propios “ahorros”, mientras que un último grupo, cada vez más numeroso, necesita un ticket de entrada a ese sistema para poder subirse al carro de la sociedad.
Pero esas tres cosas son incompatibles, irreductibles, imposibles de solucionar sin un acuerdo. Porque para que esos ahorros se materialicen en una venta, alguien tiene que comprar. Y el precio de esa compra depende de que los alquileres sigan subiendo y de que las generaciones sucesivas dediquen cada vez un porcentaje más alto de sus ingresos de toda la vida a pagar su vivienda principal.
La vivienda no es “un tema”. Es, junto con el trabajo y las pensiones, el tercer pilar del modelo económico y social en el que llevamos viviendo 50 años. Es el vehículo que permitía a los trabajadores ahorrar y construir un patrimonio que les ofrecía seguridad, pertenencia y arraigo. Y se está desmoronando.
Los partidos políticos actuales, en un gesto disfuncional terrible, en lugar de enfrentarse al que es el primer problema no solo de la sociedad española, sino de la occidental; en lugar de liderar al país hacia un nuevo consenso, meten la cabeza bajo tierra como un avestruz. Comienza entonces el baile de medidas que parecen querer hacer algo, pero que no alcanzan siquiera a apuntar cuál sería la solución al problema. Esta semana ha tocado el turno de un nuevo plan de vivienda del Gobierno.
El plan propone invertir en tres cosas contradictorias: La primera, construir vivienda pública, para lo cual prevé una dotación para los próximos cuatro años de 7.000 millones de euros entre la dotación del Estado y la que se les exigirá a las comunidades autónomas. Vamos a imaginar que se usan íntegramente para construir viviendas por debajo del precio del mercado de la construcción, a 1.000 €/m2. Resultan 82.000 viviendas en 4 años (que se entregarían, previsiblemente, en algunos más), esto es, el 0,4% del parque actual de vivienda. Mientras tanto, resulta que según los mismos datos del Banco de España, en dos años entre 2022 y 2024 los hogares que viven de alquiler aumentaron en 225.000. De manera que la vivienda pública en alquiler que promete hacer el gobierno con este plan no compensa ni la cuarta parte de las familias que cada año se ven abocadas a los alquileres abusivos que produce el sistema actual.
Y si el modelo de este gobierno es el del alquiler de vivienda pública, alguien podría decir que es un primer paso. Lo inexplicable es que en lugar de dedicar el total de la financiación a esa función, a renglón seguido, en el mismo programa, nos encontremos con dos medidas que, en lugar de avanzar en la línea de construir más vivienda pública, parecen reforzar la idea de que el alquiler privado es una buena opción: una que promete ayudas a “jóvenes” arrendatarios, otra para rehabilitación y hasta nuevas ayudas para arrendatarios que alquilen con un precio “asequible”. Y todo esto mientras no toca ni una coma de las escandalosas deducciones fiscales a los arrendadores que hace que la vivienda sea un producto de inversión más rentable que ninguna de las actividades que producen crecimiento y riqueza.
Y dice la ministra que este plan representa “el triple del anterior”. Mire, señora ministra, el triple de cero –resultados– sigue siendo cero.
Para pasmo general, el centroderecha, que prácticamente inventó la idea de la vivienda en propiedad como forma de parar las ambiciones comunitaristas de los partidos de la izquierda en los años 60 y 70, ha abandonado su propia columna vertebral ideológica para echarse en manos de los –aún pocos– arrendatarios.
La realidad es que los partidos políticos –con el PSOE a la cabeza, pero seguido muy de cerca por todos los demás– están atrapados en el mismo sitio: entre grupos distintos de votantes con intereses legítimos, pero contrapuestos.
Y la solución a este problema, mucho antes que construir, rehabilitar o limitar precios, pasa por algo mucho más incómodo: por ponerse delante de la ciudadanía y decir la verdad. Decir que no es posible, al mismo tiempo, que la vivienda siga revalorizándose como activo de ahorro, que los alquileres bajen de forma sostenida y que las nuevas generaciones accedan a la propiedad en condiciones similares a las que tuvieron sus padres. Y que tenemos que llegar a otro acuerdo. Y decir qué es lo que propone cada partido para ese consenso: ¿Que todos seamos propietarios, o que solo lo sean unos cuantos?
Hasta que no hagamos esa elección de forma explícita, el sistema seguirá exactamente donde está: aplazando forzosamente un conflicto que ya no admite más dilación.