Comisión para la Reconstrucción y ciudadanía
Si no surgen imprevistos, a mediados de semana podría celebrar su primera reunión la Comisión no permanente para la Reconstrucción Social y Económica solicitada a la Mesa del Parlamento por los dos grupos parlamentarios que conforman el Gobierno.
Conocemos ya los cuatro aspectos fundamentales sobre los que el Gobierno plantea acordar: 1. “el reforzamiento de la sanidad pública; 2. la reactivación de la economía y la modernización del modelo productivo; 3. el fortalecimiento de los sistemas de protección social, de los cuidados y la mejora del sistema fiscal; y 4. la posición de España ante la Unión Europea.”
Según la Solicitud presentada a la Mesa del Parlamento y si no se modifica en la propia Comisión, el trabajo consistirá en “la recepción de propuestas, la celebración de debates y la elaboración de conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción económica y social”. Dichas “conclusiones sobre las medidas” se recogerán en un “dictamen” “que contendrá resoluciones y propuestas” y “se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación”.
De todo ello se deduce que el “dictamen” acordado no será un documento genérico o declarativo, sino concreto, con “medidas”, “resoluciones y propuestas” de actuación concretas para la Reconstrucción.
Por otra parte, la Solicitud de Comisión manifiesta una clara voluntad de que ésta sea operativa y eficaz para lograr acuerdos, por lo que establece la votación como método para garantizarlos: “La Comisión adoptará todos sus acuerdos por el criterio de voto ponderado en función del número de miembros con que cuente cada grupo parlamentario en el Pleno de la Cámara.” La unanimidad, por tanto, no es condición sine qua non para que se produzcan los acuerdos. No habrá posibilidad de veto.
Si a todo lo anterior añadimos el plazo solicitado para realizar el trabajo (2 meses), que solo podrá ser prorrogado por la Mesa del Congreso oída la Junta de Portavoces, podemos concluir que, en principio, por parte del Gobierno existe una voluntad decidida de plantear cuanto antes al Pleno del Congreso, para su aprobación, el plan concreto de acción (dictamen) que, por otra parte, deberá reflejarse en unos nuevos y realistas Presupuestos Generales del Estado.
En esta fase y circunstancias políticas, ¿qué papel puede jugar la ciudadanía? Según las encuestas, parece ser que una inmensa mayoría de la ciudadanía desea el acuerdo de todos los grupos, al tiempo que domina claramente la impresión de que no vaya a ser así, por aquello de que, parafraseando, 'dos no pactan si uno no quiere' y hay una minoría de grupos parlamentarios que están demostrando no solo su nula voluntad de acuerdo sino que, además, están tratando por todos los medios de sabotearlo.
En estas circunstancias, pienso que la ciudadanía –al igual que la mayoría parlamentaria– debería seguir manteniendo una actitud positiva, proactiva y manifestar su apoyo a esta necesaria iniciativa de diálogo y negociación, de manera que ésta se lleve a cabo y pueda lograrse un acuerdo, si no unánime, sí suficientemente amplio entre los grupos parlamentarios y los agentes sociales. La pasividad, el silencio de la ciudadanía en este momento tan grave, beneficiarían a los partidarios del boicot.
Aunque en las actuales circunstancias las posibilidades de manifestación y movilización están claramente limitadas –no solo por el hecho del confinamiento, sino también por las tremendas situaciones personales y familiares provocadas por la pandemia, así como sus consecuencias de todo tipo en amplios sectores sociales–, a pesar de todo, las actuales tecnologías proporcionan medios suficientes para la coordinación de todo tipo de organizaciones profesionales, sociales y ciudadanas, así como de muchas personas relevantes en sus ámbitos profesionales que están de acuerdo y en condiciones de apoyar la iniciativa del gobierno y la mayoría parlamentaria y serían capaces de atraer la pública adhesión, manifestada de diversas maneras, de muchos miles de ciudadanos.
Bastaría, tal vez, con que un primer núcleo se coordinase de urgencia e iniciase rápidamente el desarrollo de un movimiento para aglutinar organizaciones, movimientos y personas en torno a un breve manifiesto de simple apoyo a la iniciativa de la Comisión para la Reconstrucción.
¿Es una utopía pensar en conseguir, en pocas fechas, la adhesión de centenares de movimientos y organizaciones sociales, de asociaciones de profesionales de todos los sectores, así como la de muchas personalidades relevantes de distintos ámbitos y la de cientos de miles de ciudadanos? Sería un mensaje y una presión sumamente positivos para impulsar el trabajo y resultados de la Comisión.
Por su parte, la Comisión debería actuar con transparencia ante la ciudadanía, informándole tanto de las propuestas concretas de medidas a adoptar (sin explicaciones ni argumentaciones) que se presenten y sus correspondientes promotores como de los textos de cada uno de los acuerdos que se vayan votando y el del dictamen final, así como de lo que en todos los casos vote cada formación política. De esta manera la ciudadanía podrá asistir al proceso desde las propuestas a los acuerdos. Los debates, se quedan en el interior de la Comisión. Los del Pleno del Congreso sobre el dictamen ya se podrán seguir por la televisión.
Es decir, “luz y taquígrafos” para que la ciudadanía pueda conocer la realidad de cada grupo político ante la Reconstrucción, no altavoz para el ruido y el sabotaje, como algunos quisieran