Expolio en Miraconcha: exigimos explicaciones por Gure Baitha
La demolición de la Villa Gure Baitha en el Paseo de la Fe, una joya de la arquitectura pintoresca proyectada por el arquitecto Manuel Domínguez Barros en 1913, ha supuesto una pérdida crítica e irreversible para San Sebastián. Ante la gravedad de este patrimonicidio en pleno corazón de Miraconcha, resulta inadmisible el absoluto mutismo del Gobierno municipal. Los ciudadanos tenemos el derecho democrático a la información y a exigir responsabilidades políticas inmediatas ante lo que la asociación Áncora califica con razón de flagrante negligencia institucional.
Es necesario desmontar el falso relato que pretende amparar este derribo bajo la inevitabilidad judicial. Se oculta deliberadamente que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió una sentencia que validaba la catalogación protectora de la villa dentro del PEPPUC. Al momento de su demolición, la casa estaba protegida por el ordenamiento legal vigente. Por lo tanto, la concesión de la licencia de derribo firmada por la concejala Nekane Arzallus el 26 de mayo padecía de una manifiesta “disconformidad sobrevenida”. No se puede emitir una resolución particular que liquide una norma de protección general.
El Ayuntamiento no puede lavarse las manos alegando que dictó una orden de suspensión cautelar de urgencia. Esa orden llegó tarde aposta, forzada únicamente por los recursos de Áncora. El área de Urbanismo repite el modus operandi del escándalo del Hotel Nobu, donde emitieron informes jurídicos deficientes para camuflar una inacción deliberada tras permitir obras ilegales. Que en Gure Baitha la promotora ejecutara el derribo por la “via de los hechos” y que la Policía Municipal acudiera al lugar meramente como un cuerpo forense —cuando el edificio ya era escombro— evidencia una complicidad pasiva intolerable. Resulta escandaloso que el Gobierno municipal ignore de este modo las advertencias de su propio Consejo Asesor de Patrimonio Local, órgano donde la propia asociación Áncora cuenta con representación oficial.
Llueve sobre mojado. Esta destrucción sigue fielmente el patrón de anteriores atentados patrimoniales perpetrados bajo el mandato del PNV, donde se liquidan tanto los edificios como sus frondosos jardines históricos para beneficio privado. Sucedió en marzo de 2016 con Villa Dorotea (Paseo de la Fe, 22), una joya ecléctica de Francisco Urcola, cuyos árboles centenarios fueron arrasados para levantar tres bloques cúbicos escalonados. Continuó en marzo de 2017 con Casa Argi-Alde (Aldapeta, 5), pieza racionalista sustituida por un hotel de corte cebra. En 2022 el ensañamiento fue doble: se ejecutó la demolición de Villa Nuestra Señora de Itziar (Paseo de la Fe, 23), obra de Ramón Cortázar, sacrificada por una licencia hotelera, y la joya racionalista Villa Ikustoki (Duque de Baena), de Luis Jesús de Arizmendi, para levantar bloques cúbicos residenciales. Finalmente, se repitió en mayo de 2023 con Villa Belén (Aldapeta, 14), un palacete de 1868 cuya masa forestal y muro señorial desaparecieron para dar paso a bloques cúbicos de hormigón blanco, completando un proceso de destrucción en la cuesta que ya abrió en 2006 el derribo de la obra de Luis Elizalde, Villa Alta (Aldapeta, 28), bajo el mandato de Odón Elorza (PSE).
Han banalizado y despersonalizado la ciudad, sustituyendo nuestras joyas arquitectónicas identitarias por anodinos e impersonales “edificios cebra”. Han convertido Donostia en un tablero del Monopoly para la especulación inmobiliaria.
Exigimos de manera formal que el Alcalde y la concejala Nekane Arzallus rompan su silencio y comparezcan públicamente. Asimismo, apelamos a los partidos de la oposición municipal: es su deber fiscalizar esta nefasta gestión, cuando menos presuntamente delictiva, exigir la reconstrucción fidedigna de la villa a costa del infractor y no permitir que este expolio impune se salde sin dimisiones ni consecuencias legales.